El antecedente del agregado de prensa de embajada de Venezuela

Carlos Manuel Pino fue procesado hace 10 años por la Fiscalía luego de que el Ejército lo hallara en Vichada, en el campamento de un comandante de las Farc.

En tiempos en que las relaciones entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez reciclan enfrentamientos o se cruzan denuncias, cuando las cancillerías lejos están de distensionar los conflictos, y Uribe y el director del DAS, Felipe Muñoz, alertan sobre el intervencionismo de un gobierno extranjero en las próximas elecciones —léase Venezuela, según algunos entendidos—, un antecedente ocurrido el 26 de mayo de 1999 promete atizar la hoguera de la disputa y, en la trasescena del polvorín diplomático, le abre el camino a más interrogantes.

El protagonista de esta historia es el ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino García, quien desde septiembre del año pasado funge como agregado de prensa de la embajada de ese país en Colombia y mano derecha del actual embajador, Gustavo Adolfo Márquez Marín. El DAS le sigue la pista a sus antecedentes, que no son de poca monta. El director del organismo de inteligencia le reveló a El Espectador que reposa en la entidad información que vincula a Pino García como uno de los acompañantes de tres funcionarios de la embajada que estaban en Bogotá en la marcha de “No más Chávez”, realizada el pasado 4 de septiembre, tomando fotografías y grabando imágenes con fines presumiblemente de inteligencia.

Ese día, los coroneles de la Fuerza Aérea venezolana Pedro José Carreño, Alejandro Díaz Mujica y Luis José Honores Marín prácticamente fueron rescatados por la Fuerza Pública, pues algunos de los protestantes notaron su presencia, su nacionalidad, y trataron de herirlos. El caso pasó desapercibido y el protagonismo se concentró de nuevo en los jefes de Estado. Sin embargo, que el agregado de prensa de la embajada de Venezuela resultara involucrado en este episodio lo puso en el radar de las autoridades. Y escarbando, se encontraron una perla: el 26 de mayo de 1999, Pino García fue capturado por el Ejército en el campamento de un comandante de las Farc en el departamento de Vichada.

Como culminación de una labor de inteligencia, el Ejército conformó un grupo élite de oficiales, integrado por Edison Eduardo Tovar, el mayor Javier Benavides, dos tenientes y 40 soldados que se internaron en las selvas del Vichada, en la línea fronteriza con Venezuela, hasta ubicar una casa en zona rural entre Totumo y Garcitas. A las 6 y 30 de la mañana de ese 26 de mayo se iniciaron los enfrentamientos y fue dado de baja el jefe guerrillero Josué Eliseo Prieto, alias Esteban González, el comandante que consolidó al frente 16 de las Farc como la columna vertebral de sus finanzas y quien trabajaba de la mano con Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio. También fue abatida su compañera, conocida como La Grilla.

Cinco venezolanos que se encontraban allí buscaron huir por el río Orinoco, pero el Ejército logró la detención de cuatro de ellos y en enfrentamientos se reportó que William Manuel Villamizar —de quien se encontraron en la casa del jefe guerrillero documentos personales— apareció muerto. Los arrestados fueron Miguel Salazar Hernández, Carlos Félix Zambrano, Pedro Guzmán y el pluricitado Carlos Manuel Pino García. En el operativo se hallaron papeles con propaganda de las Farc, munición, granadas, dos pistolas y dos fusiles que portaban los guerrilleros muertos en el operativo.

Las explicaciones que entregaron los venezolanos no convencieron a la justicia en principio. El diario El Tiempo publicó que Félix Zambrano era un albañil que se encontraba en esa casa porque había sido contratado para pegar varias puertas; Pedro Guzmán añadió que estaba haciéndole una entrevista a Esteban sobre la incidencia de la guerrilla colombiana en Venezuela; Miguel Salazar, que realizaba un trabajo sobre el proceso de paz en Colombia y Carlos Pino se defendió asegurando que había ido a ese lugar porque estaba interesado en averiguar si las selvas del Vichada podían ser utilizadas como una zona turística. Todos, al unísono, negaron conocerse entre sí.

No obstante, los registros de los boletos de transporte de los venezolanos demostraron lo contrario. La Fiscalía, en una providencia del 6 de abril de 2000 conocida por El Espectador, documentó que dos de los extranjeros detenidos con Pino García salieron a la misma hora y el mismo día, 24 de mayo de 1999, del vecino país con destino a Colombia. Pero además, fueron compañeros de silla en el mismo bus. “De ahí que sea completamente inverosímil la versión que da el señor Carlos Pino cuando expresa que vino solo a nuestro país y que no tenía idea de quiénes lo acompañaban en el bus, pese a que su destino era uno y el mismo, es decir, el campamento del grupo alzado en armas”, concluyó entonces la fiscal Sonia Silva Zuluaga.

Estas inconsistencias, sumadas a que Pino “no tenía los medios económicos” para explorar canales de hotelería ni socios en Colombia que lo apoyaran económicamente en esta empresa —nada más y nada menos que hacer turismo en una zona infestada de guerrilleros—, y el hecho de que todos huyeran del lugar cuando llegó la Fuerza Pública, hicieron sospechar a la Fiscalía que estos sujetos “estaban seriamente involucrados” con las Farc. De hecho, William Javier Villamizar, en vez de presentarse ante las autoridades, se dio a la fuga y por ello resultó muerto.

Y como si ya no fuera tanto, el Ejército le sustentó a la Fiscalía que una de las razones para llegar a ese campamento fue información recibida según la cual ciudadanos venezolanos “se encontraban comerciando con armas con la guerrilla colombiana”. En el caso particular de Carlos Pino, la Fiscalía sostuvo: “Es absurdo pretender que un hombre extranjero y perteneciente al hermano país de Venezuela pudiera venir a Colombia a un territorio selvático, conocido internacionalmente como de serios conflictos políticos y en estado constante de guerra, con el objetivo de investigar posibilidades turísticas”. Además, su captura no se produjo  en un campamento cualquiera: Esteban, según reportes del Ejército, le aportó a las Farc en venta de armas y narcóticos entre 1996 y 1998 más de US$15 millones.


El asunto rápidamente ganó relevancia en Venezuela. El 3 de junio de 1999 el canciller de ese país, José Vicente Rangel, exigió la deportación inmediata de Pino y los demás venezolanos detenidos por el Ejército y procesados por rebelión. Poco tiempo después fueron remitidos de Villavicencio a Bogotá mientras los canales diplomáticos del gobierno Chávez sostenían que estas capturas “enturbiaron” las relaciones binacionales. A principios del año 2000, la Fiscalía los dejó en libertad provisional al tiempo que avanzaba en el expediente, por eso fueron enviados al consulado venezolano en Colombia, por solicitud del entonces embajador Fernando Gerbasi, quien le expresó al Gobierno colombiano que temía por la vida de sus conciudadanos.

Los familiares de los detenidos manifestaron que su único pecado había sido estar en el momento y el lugar equivocados, pero el Ejército, a través del entonces comandante de la IV División, Carlos Alberto Ospina, reivindicó el operativo y sostuvo que había documentos que comprometían a los detenidos “con cuestiones políticas”. Varios medios de comunicación informaron que en la vivienda de Esteban se hallaron un libro de contabilidad en el que figuraba el control de ingresos y egresos relacionados con la guerrilla, otro documento de un registro de compra de armas y material explosivo y facturas de compras de 128 granadas y 30 fusiles. No obstante, desde Venezuela, la protesta diplomática se hizo sentir y el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para enero de 2000, ante la demora del gobierno venezolano en la entrega de unas pruebas requeridas por la Fiscalía para seguir adelante con el caso, por formalismos procesales se les otorgó la libertad. El 9 de mayo de ese año, el canciller José Vicente Rangel informó que todos los venezolanos detenidos regresarían a Venezuela “porque quedó claro que eran inocentes de los cargos”. El expediente fue perdiendo impulso y pronto pasó al olvido. Pero hoy es material de estudio de la Cancillería, el DAS y la propia Fiscalía, tras constatar que uno de los protagonistas de este episodio es nada más y nada menos que el actual agregado de prensa de la embajada de Venezuela en Colombia.

El Espectador trató de comunicarse desde el viernes pasado con Pino García, pero no fue posible hablar con él. Ese mismo día, en diálogo con este diario, el embajador venezolano Gustavo Adolfo Márquez fue enterado de la investigación, pero no quiso aportar algún teléfono para ubicar a su subalterno. Ayer, un periodista fue hasta la sede de la embajada y pidió entrevistar a Carlos Pino. La respuesta fue como sigue: “Para hablar con él hay que hacer un requerimiento por escrito al embajador Márquez”. Así las cosas, mientras el DAS pone en su radar al agregado de prensa del vecino país, éste se niega a hablar con los medios del pasaje incómodo por el que fue procesado en Colombia.

Presión de gobiernos extranjeros

Este lunes el presidente Álvaro Uribe expresó, en diálogo con la emisora Radio Rumbo, su intranquilidad por la presión de gobiernos extranjeros para elegir el nuevo presidente colombiano. “No podemos dejar que gobiernos extranjeros nos presionen”, subrayó el Jefe de Estado.

Y explicó que tiene un documento que al parecer probaría la injerencia de países vecinos que buscan influir en las próximas elecciones presidenciales. “Con este candidato habría condiciones para una distensión, para cursos de acción novedosos y con visión de mediano plazo pensados para influir en el cambio de Colombia”.

El director del DAS, Felipe Muñoz, reiteró las denuncias. Por su parte, candidatos presidenciales como Rafael Pardo o Antanas Mockus  le exigieron a Uribe que revele las pruebas que tiene y calificaron como grave su denuncia.