Tanto árbol no deja ver el bosque

Cierre por un segundo los ojos y piense en un bosque. Mire con cuidado los árboles, y en cada uno de ellos deténgase en sus hojas, su corteza, los animales que suben y bajan por su tronco o brincan por sus ramas. Incluso recuerde los colores, el olor, las texturas. Seguro que ha estado en medio de un bosque.

Ahora tálelo. Necesitaba combustible, sembrar papa o construir una cama. Pero ya no hay bosque. Se acabó. Finito. ¿Qué ve en ese terreno? Incluso si pensó en un bosque de manglar, ¿qué pasó? ¿Qué hay ahora? O mejor, ¿qué no hay?

Las Naciones Unidas han declarado el 2011 como el Año Internacional de Bosques, para promover la conservación y el adecuado manejo de estos ecosistemas que contienen el 80% de la biodiversidad mundial, son refugio de 300 millones de personas, y una cuarta parte de la población mundial depende de ellos para su subsistencia. Se sabe además que cada año se deforestan 13 millones de hectáreas en el mundo, más o menos el equivalente al área que ocupan en Colombia los parques naturales nacionales.

¿Por qué desaparecen? Por la sobreexplotación y la tala ilegal, para cultivar o meter ganado, para recolectar madera o construir asentamientos humanos, carreteras, puentes, represas, por la gestión inadecuada de la tierra, para la minería y la explotación de petróleo, por los incendios forestales y la contaminación atmosférica.

Y ahora que el mundo está preocupado por el cambio climático, el papel que desempeñan los bosques al absorber el dióxido de carbono, CO2, cobra más importancia. El proceso de deforestación causa hasta el 20% de las emisiones mundiales de CO2. Desde cuatro orillas diferentes, El Espectador inicia el año planteando la discusión sobre los bosques.

Desde la cooperación internacional

Desde hace poco más de un par de años se habla con insistencia de un plan para la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal en países en desarrollo que se ha denominado REDD. Se trata de un esfuerzo para crear valor económico al carbono almacenado en los bosques y ofrecer incentivos a los países que los albergan. REDD+ va más allá: incluye la conservación de la biodiversidad y el manejo forestal sostenible.

Tres organizaciones de Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo (PNUD), el del Medio Ambiente (PNUMA), y la FAO, con el apoyo de Noruega, Dinamarca y España, países que han donado cerca de US$100 millones, han constituido una alianza internacional para promover la iniciativa.

Un colombiano, Santiago Carrizosa, asesor técnico regional del PNUD para este programa, explicó: “El objetivo de esos programas piloto durante los próximos tres años es adelantar esfuerzos de construcción de capacidad nacional y local para que en un futuro cercano los países puedan beneficiarse del incentivo económico proporcionado por REDD+”.

Colombia, al igual que otras 16 naciones, participa como país socio, lo que significa que tiene acceso a todos los avances y estudios que se realizan, así como a programas de trabajo donde los países piloto REDD almacenan información con respecto a criterios, metodologías y desarrollos.

“REDD+ es un incentivo económico para modificar el comportamiento. Probablemente será fijado a través del mercado internacional, según las reglas del mercado, y de acuerdo con las predicciones, podrá variar entre US$3 y US$10 por tonelada de carbono, por hectárea”, explica el colombiano.

Para Carrizosa, Colombia encontrará grandes oportunidades para conservar sus bosques si este esquema se materializa.

Desde la historia ambiental del país

Al economista ambiental Alberto Galán, actual director ejecutivo de Patrimonio Natural-Fondo para la Biodiversidad y las Áreas Protegidas, le preocupa que con la nueva mirada de estos programas se desconozca la historia de definición de políticas ambientales y manejo de territorios colectivos en el país. “Buena parte de la discusión que ha habido sobre bosques últimamente en Colombia y en el mundo tiene relación con la economía de los bosques. Ahí se tiene que discutir quién valora, cómo lo hace, quién paga por mantener esos bosques o por la oportunidad de no aprovecharlos, quién se beneficia, quién es propietario y qué institucionalidad existe”.

Para Galán, en Colombia hemos avanzado muchísimo en varios aspectos, comparativamente con otros países latinoamericanos. Las áreas de territorios colectivos, por ejemplo, son un referente obligado cuando se habla de bosques en el mundo. Pero le preocupa que los valores ecológicos no se estén empaquetando en una visión económica sólida: “Creo que desde el lado del sector ambiental estamos rezagados en hacer planteamientos económicos más elaborados y más claros al respecto”.

Estas decisiones, continúa Galán, deben estar incluidas en otras políticas, como la de paz o la de fronteras. “Bienvenida la cooperación. Pero es necesario entender qué interacción podemos tener con esas tendencias que dicen que le van a dar la debida valoración a los bosques o hacer el monitoreo que corresponde. Eso nos tiene que llevar a una posición de negociación fuerte”.

Lo dice porque le preocupa que el país tomó decisiones frente a las 47 millones de hectáreas, de las 60 que contienen bosques, para destinarlas a propiedad colectiva, negritudes y parques nacionales, pero lo hizo sin un planteamiento económico integral.

Desde la biodiversidad

Desde el terreno del Instituto Alexander Von Humboldt, su directora, Brigitte Baptiste, hace énfasis en que política de bosques y política de biodiversidad deben estar en perfecta armonía: “No es posible la una sin la otra”.

“Lo que quisiéramos ver nosotros es la conexión entre biodiversidad y bosques. Hemos tenido políticas que piensan las cosas separadamente”, dice Baptiste.

El documento final de la reunión de Cancún, sobre cambio climático, el pasado diciembre, reconoció que la gestión de los bosques debe hacerse en contextos socioecológicos con consideraciones explícitas de biodiversidad, y es allí “donde Colombia tendría una oportunidad adicional para acceder a muchos recursos internacionales”, continúa.

Los bosques, o la falta de ellos, han cobrado su cuota en estos últimos meses, pues son ellos los que contienen la erosión y permiten la regulación hidroclimática. Quizá sin deforestación el país no se hubiera inundado, ni los ríos se hubiesen desbordado, ni las represas colmado por el exceso de sedimentación. “Hay muchos servicios que son exclusivamente prestados por los bosques”.

Las alertas sobre la Amazonia, “como símbolo y como una expresión de diversidad biológica y cultural, no nos ha dejado ver otro tipo de bosques y otro tipo de manejo forestal que son probablemente más críticos, como los bosques andinos, los que están en zonas de ladera, los bosques secos del Caribe, los bosques de galería de los Llanos Orientales y los manglares, ecosistemas que tienen sus particularidades y sus potencialidades”.

“Definitivamente si no se conectan las políticas de bosques con las de tierras, agua, minería e infraestructura, seguiremos en la trampa de no poder incidir en las acciones que se necesitan en el largo plazo para poder reducir, por ejemplo, los impactos de las inundaciones”, dice Juan Camilo Cárdenas, profesor de la Facultad de Economía e investigador del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) en la Universidad de los Andes.

El mejor ejemplo pasa en la Bahía de Cispatá, en el departamento de Córdoba. “La Corporación Autónoma del Valle del Sinú, que es una autoridad ambiental, tiene injerencia en el monitoreo de bosques. Es la que recibe y autoriza las solicitudes de mangleros para el corte del bosque de manglar. Mientras hace el monitoreo encuentra unos pescadores realizando su actividad de manera ilegal por las artes y el lugar de pesca. La Corporación decomisa las redes a los pescadores”, cuenta Cárdenas y continúa: “El INPA, que pasó posteriormente al Incoder, y que tiene injerencia en el tema de pesca, se molesta y demanda a la Corporación por ‘usurpación de funciones’. El pleito aún está en curso por una interpretación legal: si la pesca es ‘recurso natural’, es función de la Corporación; si es ‘recurso pesquero’, la jurisdicción le corresponde al Incoder”. Y concluye: “Es absurdo: es un ecosistema donde no se puede separar la pesca del bosque de manglar, ni de las comunidades que viven de la explotación y del trabajo del manglar, así como de la pesca”.

Cárdenas hace énfasis en que es fundamental entender mejor las reglas locales que inciden en los derechos de propiedad de esos bosques. “Si sumamos las 12 millones de hectáreas de parques, cinco millones de comunidades negras en títulos colectivos y 30 millones de resguardos indígenas, estamos hablando de más del 40% de este país con unas reglas de juego de derechos de propiedad que son distintas a la propiedad privada y a lo que la mayoría de las políticas públicas están acostumbradas a hacer”.

En su investigación, Cárdenas combina técnicas económicas experimentales a través de talleres y juegos económicos con las diferentes comunidades locales. “Es necesario trabajar el tema de bosques desde las lógicas locales de las comunidades”, dice. Con base en estudios realizados por Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía en 2009 y quien fue su profesora, así como los de su grupo de investigación, Cárdenas cree que se tendrán mejores resultados de conservación si las comunidades participan en la construcción de las reglas de manejo y en el monitoreo de su cumplimiento, sean o no sus propietarios”.

Cárdenas plantea una interesante hipótesis de trabajo: “Creo que en Colombia no hay una cultura de la autorregulación y del monitoreo local por parte de las comunidades mismas, porque se cree que eso es responsabilidad del Estado y que quienes se involucren en esa actividad son vistos como sapos”.