Universidades vs. instituciones técnicas y tecnológicas

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La discusión sobre la reforma a la educación tiene enfrentados hoy a dos actores: en un bando están las instituciones técnicas y tecnológicas, y en el otro las universidades. ¿El motivo? Mientras las primeras celebran que el proyecto de ley las cobije con el calificativo de “autonomía universitaria”, lo que les daría libertad administrativa y presupuestal, las segundas sostienen que este mandato sólo puede referirse a las instituciones con carácter universitario.

Los reparos continúan con el tema de la financiación y la posibilidad de que los establecimientos técnicos y tecnológicos puedan ofrecer programas en cualquiera de los niveles de pregrado y posgrado —hoy no es posible—. Carlos Prasca, vocero de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas y rector del Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico (ITSA), explica por qué, a su juicio, la reforma es “conveniente y necesaria” para el país, y expone algunos de los argumentos que llevarán a la reunión con el Ministerio de Educación el próximo jueves (ya las universidades tuvieron este encuentro oficial el pasado martes).

¿Cuál es el mayor beneficio de esta ley para ustedes?

La gran ganancia es que todas las instituciones de educación superior pública pasan a ser entes autónomos universitarios, es decir, como trabajan hoy las universidades que tienen toda la autonomía académica, administrativa y financiera. Las técnicas y tecnológicas, por ley, no tenemos autonomía y eso permite la injerencia de otros órganos públicos en la administración. Nosotros, por ejemplo (en el Instituto Tecnológico de Soledad), tenemos que consultar a la Asamblea Departamental del Atlántico para un aumento de salarios o para un cambio en la estructura de personal.

También les dan libertad para ofrecer programas de posgrados, que hasta hoy era imposible para ustedes.

Sí. A estas instituciones sólo se les permitía formar técnicos y tecnólogos, no podían ofrecer posgrados, maestrías o doctorados, aun teniendo los mayores referentes de calidad. Un ejemplo: la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla es la única institución tecnológica del país que tiene acreditación de alta calidad, y para ofrecer una especialización tiene que aliarse con una universidad que quizá no tiene sus mismas condiciones de calidad.

¿Por qué el desacuerdo de las universidades con la aprobación de estos puntos que a ustedes los benefician?

Mucha gente de las poblaciones pequeñas no tiene los recursos para pagar una matrícula en una universidad pública y sostenerse en una ciudad, entonces tiene que estudiar en nuestras instituciones. Si tenemos estos establecimientos desarrollando procesos de educación superior con calidad, puede ser el temor de las universidades que vayamos a satisfacer la capacidad y calidad que sólo ellos ofrecían.

¿Se sienten amenazadas?

Totalmente. Y hay un aspecto más: como nuestras instituciones sólo pueden formar técnicos y tecnólogos, para graduar a un profesional tendríamos que hacer un convenio con las universidades (especialmente las privadas). Eso es un negocio inmenso que se va a acabar en el momento en que tengamos la capacidad de ofertar programas en otros niveles. Hasta hoy el 40% del aporte de los estudiantes que quieren el título profesional es para la universidad privada y en ese proceso éstas sólo aportan el sello, el registro calificado, porque nosotros seguimos poniendo las aulas y los profesores.

También ganan ustedes en el tema de financiamiento.

Sí. La Ley 30 de 1992 (que es la que será reformada) fue pensada por las universidades para las universidades y quienes se beneficiaron fueron ellas, sobre todo las públicas, que son las que reciben financiamiento de la Nación. La reforma elimina el término “universidad” y lo sustituye por instituciones de educación superior pública; ya no serán sólo 32 las beneficiarias de los recursos del Estado, sino 64, incluyéndonos a nosotros.

¿Cuál es su posición sobre el Sena?

Nosotros celebramos el ingreso del Sena a la educación superior, pero hay algunas cosas que se deben discutir, como la necesidad de que parte de su presupuesto también lo comparta con otras instituciones que vienen cumpliendo similares misiones. Estamos planteando que nos eximan de pagarles al Sena y a las cajas de compensación los aportes obligatorios para fortalecernos, ya que estamos cumpliendo el mismo papel.

¿Cuál es la cobertura de la educación técnica y tecnológica?

En este momento la proporción de cobertura a nivel país es de 65% en programas profesionales y universitarios, y 35% en técnicos y tecnológicos. El Estado tiene una meta para 2019 y es aumentar la cobertura de nuestras instituciones al 60%. Frente a esas metas es necesaria esta reforma. Las compañías están requiriendo personas con este tipo de formación y nos estamos quedando cortos.