"Hay que relanzar el Sistema Nacional Ambiental"

Cuando Sam Bowles, profesor de la Universidad de Massachusetts, le dijo a Juan Camilo Cárdenas que había programado un almuerzo para que conociera a Elinor Ostrom, quien ganaría el Premio Nobel de Economía años más tarde, los destinos de ambos ya se habían tocado de muchas maneras. Corría el año 1999 y hasta entonces ella había sido una tutora invisible de todas sus investigaciones en Colombia.

Siendo una estudiante universitaria, Ostrom invirtió horas y días enteros a bordo de patrullas de policía intentando entender cómo funcionaba esa institución y preguntándose si la mejor forma de organización era en grandes departamentos o en pequeñas unidades.

Su obsesión intelectual, desde aquellas primeras exploraciones hasta ganar el Nobel en 2009, era la misma: cómo organizar el poder en los grupos humanos para lograr la mejor armonía posible.

Preguntas similares habían llevado a Juan Camilo Cárdenas en 1998 a tocar la puerta de decenas de familias campesinas, indígenas y afrocolombianas en Encino, Nuquí, Circasia y Filandia, la isla de Providencia y Gaira, el parque Sanquianga, Mulatos, Amarales, El Charco y Salahonda y en nuevas comunidades de la Zona Andina, como Barichara, La Vega, Neusa, Tabio y Chaina.

Quería descifrar qué lleva a los individuos a que cooperen o entren en conflicto a la hora de administrar un territorio colectivo. Siete años atrás, la Constitución había declarado el 40% del territorio colombiano como propiedad colectiva y nadie tenía, ni tiene aún, muy claro cuál es el mejor modelo para administrar los recursos naturales bajo ese sistema.

En los análisis de Ostrom, Juan Camilo empezó a encontrar algunas de las respuestas que perseguía. La receta fácil de muchos analistas ante los desafíos que plantean las libertades y ambiciones individuales frente a los intereses colectivos siempre fue la misma: un Estado fuerte. Pero Ostrom tenía otra: sistemas policéntricos de gobierno. En este modelo cooperan diferentes escalas de poder desde el Estado central, el regional y el local. Ninguno se guarda el monopolio total.

Después de terminar una maestría en economía ambiental en la Universidad de Massachusetts y un doctorado en la Universidad de Indiana bajo la tutela de Ostrom, y de regresar al país para continuar su trabajo desde la Universidad de los Andes, Cárdenas cree que es hora de ajustar las tuercas del Sistema Nacional Ambiental, creado con la Ley 99 de 1993.

“Deberíamos relanzar en 2013 el SINA como un sistema realmente policéntrico”, dice, antes de explicar una de sus preocupaciones frente a lo sucedido durante los últimos 20 años: “La coerción es lo que el Estado usa normalmente, pero las relaciones en estos territorios colectivos dependen de mecanismos adicionales, como la confianza, la reciprocidad, el altruismo o la solidaridad, y para ello hay que aprender a construirlos y mantenerlos”.

Cárdenas recuerda que los resguardos y los consejos comunitarios llevan muchos años aprendiendo de sus propios errores y compartiendo experiencias exitosas que deberían guiar el rediseño del sistema ambiental.

Pero otros ingredientes son necesarios: “Hay que desatanizar a las corporaciones autónomas regionales (CAR). No deberían tener ni todo el poder ni nada de poder; deberían tener un poder parcial en monitoreo y sanción, así como lo deberían tener el Ministerio de Ambiente y otros entes”.

Como lo aprendió de su tutora, los traslapos de funciones entre entidades no son tan malos como muchos creen. El mejor ejemplo es el de los aviones que tienen varios sistemas de alarmas para garantizar la seguridad. “Nadie aceptaría que se eliminaran esas redundancias para ahorrarse unos pesos”, apunta Cárdenas.

Otro punto crítico por mejorar es el monitoreo y control de lo que pasa en los territorios colectivos. “Debe acercarse más a las manos de los miembros de esas comunidades”, recomienda Cárdenas. “Ostrom demostró a lo largo de sus trabajos que, sin importar si se trata de bosques privados, estatales o comunitarios, cuando los habitantes locales se involucran en diseñar, monitorear y sancionar las reglas vigentes, aumenta la probabilidad de que el bosque mantenga su capital natural”.

No será una tarea nada sencilla. La historia del país está repleta de ejemplos desafortunados en los que las redes de informantes degeneraron en sistemas paramilitares y donde la estrategia más común de los ciudadanos ante los problemas era el silencio y la indiferencia.

“Sin embargo, el cambio cultural se puede dar, para que la construcción de normas sociales sea parte de un proceso de abajo hacia arriba en el que la misma comunidad comience a apropiarse de las reglas como suyas, como propias y como legítimas”, dice con optimismo Cárdenas.