Vivir |16 Jun 2008 - 10:13 pm

Seguridad en el Putumayo enfrenta a etnias con Fuerzas Militares

Kofanes no quieren batallón

Por: Pablo Correa

Indígenas reclaman por la construcción de instalaciones militares en un territorio que consideran sagrado. El Ejército asegura que la finca fue legalmente adquirida y que se trata de un lugar estratégico en la lucha contra la guerrilla.

Reclamo de indígenas Kofanes
Foto: Federico Ríos
Indígenas kofanes reclamaron al Gobierno por la construcción de un batallón muy cerca de su resguardo.   

La semana pasada, un grupo de indígenas kofanes llegaron hasta las puertas del Museo Nacional en Bogotá, después de una larga travesía desde su resguardo en las selvas del Putumayo, para celebrar que el Ministerio del Medio Ambiente y la Unidad de Parques Nacionales Naturales declararían más de 10.000 hectáreas como un área protegida por la importancia de las especies vegetales que crecen allí para la medicina tradicional de sus pueblos.

Cuando las cámaras de televisión y los micrófonos se encendieron para escuchar sus opiniones sobre esta nueva área protegida, los representantes de las autoridades indígenas aprovecharon la atención de los medios para leer un comunicado en el que reclamaban al Gobierno por la construcción de un batallón en sus territorios. 

Según las autoridades kofanes, la Brigada Móvil 13 del Ejército Nacional se ha ubicado en un sitio denominado “Finca Maravales” a unos tres kilómetros de la ciudad La Hormiga, Valle del Guamués, en el departamento del Putumayo. “Esa finca es territorio ancestral kofán, y colinda con el Resguardo Santa Rosa del Guamués”, reclaman los indígenas, “esto fue invadido en los años 60”.

Desde hace más de dos años, cuando se enteraron que el Ejército planeaba instalarse definitivamente en este lugar, comenzaron sus preocupaciones. Varias ONG, entre ellas, la Corporación Visión Renacer, se han sumado a los reclamos de los kofanes y han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del gobernado del cabildo Hernando Criollo. 

Para los kofanes, la construcción de un batallón en inmediaciones de su territorio es sinónimo de daños ambientales y perturbación de su paz. Aseguran que en la quebrada La Raya, una de sus fuentes de agua, ya no se puede pescar y que el


agua baja llena de barro resultado de las construcciones del Ejército. Reclaman que los constantes sobrevuelos de helicópteros producen un ruido que altera su tranquilidad y costumbres.

Seguridad democrática

El Valle del Guamués, según el coronel Nelson Camacho Rojas, Comandante Brigada Móvil 13, es un territorio estratégico en la lucha contra el frente 48 de las Farc, pues constituye un corredor de armas y narcotráfico que alimenta al bloque oriental de esta guerrilla. Por otra parte, desde allí se mantiene el control de una buena porción de la frontera con Ecuador. “Por aquí atacaron Patascoy y se replegaron por  el río Guamués, hasta Rancherías, en límite con Ecuador”, explica el coronel.

Ante la necesidad de mantener el control y la seguridad en la zona, el Ministerio de Defensa decidió construir en la Finca Maravales la infraestructura necesaria para respaldar la brigada: un depósito, alojamiento, plantas de tratamiento de agua, pozo profundo para extracción de agua y un comando. Más de 200 hombres del Ejército vivirán en las instalaciones.

La finca, de 193 hectáreas, asegura el coronel Camacho, fue comprada por el Ministerio de Defensa (escritura pública N° 4765098) el 29 de septiembre de 2006: “Ellos están reclamando por ocho hectáreas. Dicen que es territorio sagrado. Pero en ese punto el Ejército no planea construir nada”.

Los kofanes insisten en su reclamo. El pasado 28 de mayo escribieron una carta al canciller Fernando Araújo en la que solicitan una reunión. Exigen una explicación detallada del proyecto, un estudio de impacto ambiental, especialmente sobre las aguas.

El coronel Camacho, a cargo de la Brigada, defiende la legalidad de la construcción y su importancia estratégica: “Hemos recuperado la gobernabilidad y la autonomía de la ley. En lo que va corrido del año hemos erradicado 2.042 hectáreas de cultivos ilícitos. Además, nuestra presencia evita el reclutamiento de jóvenes de las comunidades indígenas por parte de los grupos armados”.

  • Pablo Correa | Elespectador.com

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