En los últimos 30 años, las áreas protegidas en todo el mundo han aumentado un 500%. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y hoy cuenta con más de 9 millones de hectáreas dedicadas a la conservación. Sin embargo, el esfuerzo que hacen los gobiernos podría resultar contraproducente como lo sugieren investigadores de la Universidad de Berkeley, en California, de no tomarse las medidas necesarias.
Luego de analizar 306 áreas protegidas en 45 países de América Latina y África, Justin Brashares y George Wittemyer descubrieron que la tasa de crecimiento de la población, en los bordes de los parques, duplicaba la de otras áreas rurales. En otras palabras, las áreas protegidas atraen poblaciones como la miel a las abejas.
Para los científicos, que publicaron sus resultados en la revista Science, una de las razones de este fenómeno es que las áreas protegidas por lo general cuentan con el respaldo de recursos internacionales. Estos dineros se dirigen a la construcción de carreteras, servicios de agua potable y alcantarillado, y otro tipo de comodidades, frecuentemente ausentes en áreas rurales.
Los riesgos que provocan los cada vez más grandes asentamientos alrededor de zonas de conservación son evidentes y también fueron corroborados por los investigadores: aumento de caza ilegal, mayor frecuencia de quemas, extracción ilegal de madera, extinción de especies.
¿Tarde o temprano serán invadidas estas zonas protegidas? “Para que las áreas protegidas sean sostenibles y efectivas, se debe lograr un balance entre beneficios locales para las comunidades y los objetivos de conservación”, apuntó Brashares, “en vez de construir carreteras y escuelas cerca al parque, esas infraestructuras deberían aportarse a las comunidades donde vive la gente”.
Una de las respuestas a este dilema entre conservación y desarrollo podría ser el ecoturismo comunitario. En Colombia, la Unidad de Parques Nacionales Naturales tomó la decisión de apostarle a esta modalidad.
Este mes, el gobierno firmó con la Organización Empresarial Comunitaria Naturar – Iguaque , un contrato para la prestación de los servicios y actividades del turismo ecológico en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Se trata de una asociación comunitaria conformada por jóvenes campesinos estudiantes, que trabajan con mujeres artesanas.
El contrato exige que un porcentaje de las utilidades obtenidas por la actividad ecoturística se destinen a financiar, a través de un fondo, proyectos de salud y educación que beneficien a la comunidad. Iguaque es la segunda experiencia en este sentido. El primer acuerdo se firmó con la organización comunitaria Nativos Activos de la Comunidad de Orika, en Isla Grande, en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo.
Carlo Mario Tamayo, coordinador del área de sostenibilidad y servicios ambientales de Parque Nacionales cree que “al entregar la administración a comunidades locales se estimula la educación ecológica de quienes quedan a cargo para que se conviertan en aliados de la preservación. La simple entrega de los parques a las comunidades es una especie de blindaje contra las invasiones y los deterioros que sugieren los investigadores de Berkeley”.