La firma del alcalde de Bogotá Samuel Moreno fue el trazo definitivo con el que este viernes se formalizó el llamado Acuerdo de Voluntades, una alianza que busca frenar la aparición de bares y discotecas cercanas a los centros educativos y culturales.
La constante afluencia de gente a estas zonas, a las universidades principalmente, las ha convertido en un punto estratégico para los comerciantes de establecimientos que tienen en el alcohol su mejor fuente de ingreso. La situación viene observándose con preocupación desde hace aproximadamente un año, cuando se lanzó la campaña No alcohol en los entornos educativos y culturales, de la que el Acuerdo de Voluntades hace parte.
La iniciativa está soportada en algunos estudios preocupantes. Investigaciones adelantadas por Colciencias y el Ministerio de Protección Social, revelan que el 8,4% de la población entre los 18 y 29 años tiene dependencia del alcohol y que la población comprendida entre los 10 y 19 años es la más vulnerable al consumo.
Además de estos índices, existen otras razones que impulsan la toma de medidas. Según el acuerdo, la cercanía de este tipo de negocios a los centros educativos perturba el desarrollo de las responsabilidades de los estudiantes, hacen más factible el consumo de sustancias ilegales, aumentan la contaminación visual, auditiva y pueden servir se escenario de peleas y actividades ilegales que perjudican a todo el sector donde se encuentran. Así que además de las instituciones educativas, participaron en la firma del acuerdo padres de familia, estudiantes y personas que habitan en estas zonas.
Por las mismas razones, la próxima semana será presentado ante el Congreso de la República el proyecto de ley para regular el expendio, distribución y consumo de alcohol en las vecindades de centros educativos y bibliotecas públicas.
Será una propuesta con la que se pretende reglamentar la prohibición de la venta y el consumo de alcohol en establecimientos abiertos al público a menos de 200 metros de distancia de cualquier centro educativo.
Saúl Zambrano, estudiante de la Universidad Javeriana, se muestra en desacuerdo con la iniciativa. “Cuando un estudiante quiere tomar trago, lo hace ya sea cerca o lejos de la universidad, es su responsabilidad y además es libre para hacerlo, ese no es el problema. Aunque reconozco que en zonas como éstas sí se puede afectar a las personas que habitan las viviendas cercanas”.
Para expertos como Augusto Pérez, ex director del programa ‘Rumbos’, de la Presidencia de la República, y ex consultor de la OEA en temas de drogas, el hecho de que se haya firmado el Acuerdo de Voluntades es un valioso paso para reducir el alto consumo de licor en los estudiantes, pero la misión de las universidades no debe parar con la firma del acuerdo o la aprobación del proyecto de ley.
“Es una parte de la solución. Sin embargo, las universidades deben preocuparse por fortalecer la prevención del consumo a nivel interno y ofrecer más espacios para la recreación de sus estudiantes”, puntualiza Pérez.