Desde hace cuatro meses, la subdirectora de Estupefacientes, Amparo Lucía Vega, es blanco de una artillería jurídica sin antecedentes en este organismo oficial. Fue denunciada ante la Fiscalía por prevaricato, revelación de secreto y abuso de autoridad. Y fue demandada vía tutela por presunto desconocimiento de los derechos a la honra, el buen nombre, el debido proceso, la libertad de empresa y la dignidad humana. Su pecado: hacer cumplir la ley sobre las pretensiones de un controvertido empresario aeronáutico antioqueño: Luis Guillermo Ángel Restrepo.
Sus problemas comenzaron el lunes 14 de enero de 2008 cuando, advertida por diversas publicaciones periodísticas sobre los antecedentes del personaje, reportes de la Fiscalía que referenciaban su pasado vinculado al capo Pablo Escobar Gaviria y la avalancha de trámites ante el organismo para registrar aeronaves, la subdirectora de Estupefacientes unilateralmente anuló el certificado que le permitía a Luis Guillermo Ángel oficiar como piloto y ampliar las operaciones de la empresa Helicargo S.A., domiciliada en Medellín y relacionada con su círculo familiar.
En concreto, lo que legalmente hizo Amparo Lucía Vega fue anular el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes del que inexplicablemente gozaba Luis Guillermo Ángel desde el 19 de septiembre de 2005. Este documento fue creado desde la Ley 30 de 1986 y constituye un mecanismo de control administrativo de ciertas actividades que pueden ser indispensables para el tráfico y producción de drogas. Y señala la ley que basta un informe judicial debidamente fundamentado para negarlo. Esa fue la situación que motivó a la funcionaria.
De inmediato, a través de la abogada Lydia Elisa Nieto Méndez, el empresario Ángel Restrepo se fue lanza en ristre contra la subdirectora de Estupefacientes. De manera complementaria presentó recurso de reposición para revertir la decisión. No obstante, a través de siete extensas resoluciones, la mayoría de ellas fechadas el pasado 25 de abril, la abogada Amparo Lucía Vega negó los recursos. Desde entonces, ante las tutelas de Ángel y su abogada, la funcionaria se defiende y de paso preserva los derechos de una entidad que nunca debió concederle el certificado al empresario aeronáutico.
Los antecedentes
Las razones por las cuales la Subdirección de Estupefacientes anuló los certificados al Luis Guillermo Ángel o se abstuvo de concederlos a otros miembros de su círculo familiar fueron varios informes de la Dirección de Fiscalías y algunos reportes periodísticos que dejaron ver cómo era un hecho notorio que Luis Guillermo Ángel Restrepo presentaba un historial non sancto. En resumen, el empresario aeronáutico fue beneficiario de una especie de indulto que fue concedido en 1993, durante el gobierno de César Gaviria, en desarrollo de la confrontación contra Pablo Escobar Gaviria.
En esencia, se trató del Decreto 1833 del 13 de noviembre de 1992, expedido bajo el amparo de la Conmoción Interior y codificado como una concesión de beneficios por colaboración con la justicia. Un decreto con sólo dos artículos y un objetivo: que los testigos que ayudaran a concretar la responsabilidad penal de autores de graves delitos, no pudieran ser objeto de investigaciones por los hechos respecto de los cuales rindieran declaración. Además del Presidente, firmaron todos sus ministros, entre ellos Humberto de la Calle, Noemí Sanín, Andrés González, Rafael Pardo, Luis Alberto Moreno, Guido Nule y Juan Manuel Santos.
Con base en este decreto, el 26 de julio de 1993, en calidad de encargado, el fiscal Francisco José Sintura amparó a doce colaboradores claves en la lucha contra Pablo Escobar. La lista la encabezó Luis Enrique Ramírez Murillo, más conocido como Micky Ramírez, y la complementaron Armando Muñoz Azcárate, Gustavo Tapias Ospina, Eugenio García Jaramillo, Benito Maineiri Medina, Guillermo de Jesús Blandón Cardona, Frank Cárdenas Palacio, Giovanny Caicedo Tascón, Pablo Enrique Agredo Moncada, Gabriel Puerta Parra, Hernán Emilio Sepúlveda y Luis Guillermo Ángel Restrepo.
En el caso particular de Luis Guillermo Ángel Restrepo, el documento reservado de hace 15 años dejó constancia de que él declaró ante la Fiscalía que había sido informado de la venta de semovientes de propiedad de los hermanos Moncada después de su secuestro y asesinato, que durante los años 1986 y 1987 estuvo trabajando con Pablo Escobar, con alias
Cocodrilo Avendaño y con César Cura y que aportó información sobre los secuestros de Alonso Cárdenas, Andrés Pastrana Arango y Hugo Valencia, todos hechos atribuidos al capo de capos Pablo Escobar Gaviria.
Aunque este decreto, sin recursos de apelación, tenía que ser reservado, el periodismo lo hizo público. Primero fue el libro Los nuevos jinetes de la cocaína de Fabio Castillo, que calificó el hecho como “una forma de indulto simulado”. Después fue la revista Semana, en 1995, en un informe que tituló Los doce del patíbulo, resaltando que los beneficios fueron avalados por el procurador (e) Mauricio Echeverry. Más adelante lo hizo el periodista Daniel Coronell en una columna que denominó Helicoportados . Cerró el periodista Gerardo Reyes en su libro Nuestro hombre en la DEA, que volvió a relacionarlo.
Con base en tales evidencias, y jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual los medios de comunicación cumplen sus deberes y constituyen un hecho notorio los antecedentes de Luis Guillermo Ángel Restrepo, la subdirectora de Estupefacientes le negó la posibilidad de renovar su licencia de piloto y de registrar la adquisición de derecho de dominio sobre varias aeronaves de propiedad de su empresa Helicargo, una firma aeronáutica con múltiples transformaciones y cambios en su junta directiva, que hoy principalmente detentan los hijos del controvertido empresario antioqueño.
Helicargo S.A.
Según Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Medellín, expedido el 16 de mayo de 2008, la empresa Helicargo, dedicada al transporte de pasajeros, carga o correo dentro y fuera del país, no se llamó inicialmente así. El 10 de noviembre de 1972 nació como Aerocaquetá Ltda. y en 1976 pasó a llamarse Aerolíneas Especiales de Colombia Ltda. En 1985 cambió su razón social por Aeroalas S.A. y en 1989 pasó a llamarse Aero Atlas S.A. Sólo en 1998 adquiere el nombre de Helicargo, con el cual hoy se le reconoce, ya sin la presencia del Luis Guillermo Ángel.
Según información de la Dirección Nacional de Estupefacientes, ratificada por la Cámara de Comercio de Medellín, hace apenas siete meses el miembro principal de la junta directiva de Helicargo era Luis Guillermo Ángel Restrepo. Hoy no aparece entre los integrantes esenciales, pero la sociedad no está liquidada y sólo se aspira a disolver hasta el año 2075. Durante su desarrollo en los últimos años ha logrado una importante alianza con el sector público, al punto de que en su trayectoria acredita servicios prestados a entidades oficiales como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa Nacional.
Uno de los contratos en referencia, que figura en internet, correspondiente al año 2005, tuvo que ver con la prestación del servicio de transporte aéreo para movilizar personal militar, evacuaciones, patrullajes y apoyo logístico en zonas de orden público para la Fuerza Naval de Caribe en Corozal (Sucre). Según el contrato, las aeronaves de la empresa Helicargo suministraron 50 horas de vuelo mensuales y tuvieron disponibilidad de 24 horas al día. El valor del contrato se tasó en $404 millones y como contratista figuró el empresario Luis Guillermo Ángel Restrepo.
Otros indultos
Pero los argumentos de la subdirectora de Estupefacientes, Amparo Lucía Vega, no se limitaron a Luis Guillermo Ángel. También cuestionó a otro de los beneficiarios del indulto del 26 de julio de 1993: Hernán Emilio Sepúlveda Rodríguez, con cédula de ciudadanía de Cali y asociado a la empresa Helioran. El cuestionamiento tuvo lugar en razón de su propiedad sobre un helicóptero de matrícula HK 3081, del que se comprobó era dueño el capo Pablo Escobar Gaviria. Al menos esa fue la conclusión que permitió al Estado extinguir el derecho de dominio, en providencia adoptado en noviembre del año 2002.
Según la investigación judicial de este caso, hacia noviembre de 1987 este helicóptero fue visto en la hacienda Nápoles, pero sus ocupantes huyeron. Posteriormente, en abril de 1993, durante una inspección de la Policía Judicial en el aeropuerto de Guaymaral, la aeronave fue ubicada en un hangar y de inmediato fue inmovilizada. Posteriormente se estableció que estaba asignada a Hernán Sepúlveda. Sin embargo, este último, en declaración juramentada para acceder a beneficios legales, aceptó que era un bien de Pablo Escobar Gaviria y que él actuaba como testaferro.
En otras palabras, Pablo Escobar Gaviria era el verdadero dueño del helicóptero HK 3081 de color rojo y blanco. Esta circunstancia también se anexó a la argumentación de la Subdirección de Estupefacientes para negarle a Luis Guillermo Ángel Restrepo el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes.
De la misma manera como el organismo se abstuvo de concedérsela a Martha Celina Ángel Cano, en calidad de gerente de Helicargo S.A.; a Juliana Ángel Posada, como integrante de la empresa, y a Mauricio Salazar Lucio, como otro de los clientes de la abogada Lydia Nieto.
El caso no es de poca monta, pues Luis Guillermo Ángel Restrepo ha sido protagonista de incontables polémicas en los últimos tiempos. Pocos conocen su rostro, ya que permanece alejado de los medios de comunicación. Sin embargo, el periodista Daniel Coronell lo acusó de ser una de las personas que estuvieron detrás de las amenazas que lo obligaron a salir del país hace tres años. Además, en octubre de 2007, a raíz de los rumores de que en helicópteros de Helicargo se había transportado el jefe paramilitar Vicente Castaño, se generó otra polémica alrededor de su nombre.
En ese momento, en declaraciones al periódico El Tiempo, Ángel manifestó que si bien Castaño había utilizado helicópteros de su firma, siempre iba con escoltas del DAS y sus movimientos quedaban en registros de la Policía. “Unas veces pagaba la oficina del Comisionado de Paz y otras veces pagaba él (...) si era en ese momento prófugo, el haberle permitido salir del aeropuerto Olaya Herrera y en compañía de personal del DAS, no es de nuestro resorte”, comentó Luis Guillermo Ángel. Un nuevo episodio asociado a quien uno de los protagonistas del libro Nuestro hombre en la DEA calificó como “el capitán Guillo Ángel, el más teso de los pilotos de los Ochoa.
En síntesis, la Subdirección de Estupefacientes tenía argumentos suficientes para anular el Certificado de Carencia de Antecedentes por Tráfico de Estupefacientes, que la misma entidad, entonces bajo la dirección de Juan Carlos Vives Menotti, le había concedido en septiembre de 2005, con vigencia hasta septiembre de 2010. Según el organismo, en ese momento Luis Guillermo Ángel Restrepo figuró nuevamente en la empresa Helicargo S.A. y tramitó su licencia de piloto. Sólo en enero de 2008 volvió a quedar afectado por la suspensión del documento legal del certificado.
La inmunidad
Hoy, en medio de la polémica de por qué gozaba del certificado y cuáles fueron las razones para emprenderla contra la subdirectora de Estupefacientes, pesan dos oficios de la Fiscalía General de la Nación, según los cuales, los señores Hernán Emilio Sepúlveda Rodríguez y Luis Guillermo Ángel Restrepo no pueden ser sometidos a investigaciones respecto de las cuales rindieron declaración entre 1992 y 1993. Sepúlveda quedó cobijado por el delito de testaferrato y Ángel únicamente por los delitos confesados en ese momento.
Es decir, como lo argumentó Amparo Lucía Vega el pasado 14 de enero, una cosa es borrar los antecedentes de carácter penal y otra muy distinta hacer extensivo este beneficio a cuestiones administrativas o de cualquier otra índole. Además, como lo señaló la Fiscalía, el beneficio operó exclusivamente por las conductas confesadas y con un preciso límite temporal. La Dirección Nacional de Estupefacientes no entiende por qué Luis Guillermo Ángel fue beneficiario del Certificado de Carencia de Antecedentes por Tráfico de Estupefacientes, que incluso también tuvo a finales de los años 90.
La abogada Amparo Lucía Vega anda preocupada, pero segura de sí misma. No ha sido llamada por la Fiscalía y se ha ganado dos de las tres tutelas interpuestas contra su actuación. Dice que está cumpliendo la ley y no piensa declararse impedida para enfrentar las acciones de la empresa Helicargo, como lo han pretendido sus abogados. Según ella, el certificado se hizo para neutralizar a quienes hubiesen tenido intervenciones en el narcotráfico y la norma debe cumplirse. Si fue adjudicado en el pasado, debe investigarse. Y no fue ella quien develó el pasado de Luis Guillermo Ángel. Fueron los periodistas y los medios de comunicación.