Misterios en robo a carros de valores

Como no había sucedido nunca, en julio los asaltantes de vehículos de transporte de valores hicieron su agosto. Durante el mes pasado cada cinco días en Bogotá y Cartagena fueron asaltados seis vehículos que llevaban en total más de $13 mil millones en efectivo para alimentar los cajeros automáticos de ambas ciudades. Lo misterioso del asunto es que en ninguno de los casos, en donde se investiga la supuesta complicidad de algunos empleados, miembros de la Fuerza Pública, presos y criminales a domicilio, no hay capturas y los nuevos ricos se pasean como Pedro por su casa por las calles, disfrutando del botín.

Lo evidente del asunto es que los propietarios de las empresas, originarios de Reino Unido, Estados Unidos, España y Francia, le apuntan a retirar sus inversiones porque dicen que con la inseguridad rampante no hay bolsillo que aguante tamaños hurtos. Entre tanto, sus representantes legales en Colombia no saben qué más hacer, excepto reunirse el miércoles con el fiscal Néstor Humberto Martínez para denunciar lo que ya tiene visos de una conducta sistemática.

Eran las tres de la tarde del pasado sábado 1° de julio. En el aeropuerto El Dorado, un avión de Latam procedente de Medellín descargó $4.000 millones de Bancolombia. De inmediato, personal de la aerolínea se los entregó a tres empleados de la compañía de seguridad privada. Diemer Chacón, Gustavo Rodríguez y Édgar Chillón recogieron el dinero en cuatro bolsas de $1.000 millones.

Según el registro de video y otros documentos conocidos por El Espectador, Chacón guardó la plata. Luego el vehículo de valores permaneció cargado en la plataforma y los tres fueron a tomar una gaseosa. Entre tanto, el conductor David Delgado, al notar que no ajustaron la cerradura electrónica del carro, extrajo el dinero de la bóveda del vehículo y la depositó detrás de la silla de la cabina.

Minutos después regresaron los custodios de hidratarse y emprendieron la ruta asignada para nutrir cajeros. Salieron del aeropuerto y a pocas cuadras el vehículo se desvió de su ruta hacia la carrera 99 con calle 24F, en Fontibón. Allí en una calle, bajo la sombra de un frondoso árbol, el vehículo con placas BNA 369 fue abandonado y los guardias se llevaron los $4.000 millones. El hecho fue denunciado ante la Policía y hoy está en investigación sin decisiones de fondo.

No habían pasado 24 horas del incidente cuando de nuevo otro vehículo de valores, esta vez de la compañía Prosegur, corrió la misma suerte. Hacia las 9 y 30 de la mañana de ese domingo, el carro transportador del dinero salió de las instalaciones de la compañía ubicadas en la zona industrial, por la avenida de las Américas de Bogotá, también con el propósito de alimentar varios cajeros.

Todo marchaba con normalidad hasta que en el sector de Lisboa, al norte de Bogotá, el vehículo fue interceptado por un taxi. La tripulación fue sometida con armas y el carro de valores apareció minutos después abandonado en una calle en mal estado del barrio Villa Cindy, en la localidad de Suba. Esta vez el hurto fue mayor: $5.650 millones en efectivo.

La indagación sobre el caso mostró que pese a las circunstancias el vehículo habría cambiado de la ruta asignada por la compañía. Ese día, el coronel Álex Hernández, comandante de la Policía de Suba, manifestó a los medios de comunicación que: “Estamos recopilando elementos y material de prueba con videos de las cámaras de seguridad para establecer la línea investigativa y resolver prontamente este evento”. Lo cierto es que un abogado conocedor del caso manifestó que casi dos meses después del incidente el caso está en indagación y no hay capturas.

Con dos historias como referente, El Espectador revisó episodios de robos de vehículos de transporte en el último cuatrienio con cifras inquietantes. Son 16 casos que afectan al menos a cinco compañías internacionales del sector, con hurtos de dinero en efectivo superiores a los $32 mil millones. Y una tendencia creciente en 2017 frente a los años anteriores. En este sentido la cifra llega a $13.500 millones.

Al respecto, este diario consultó a Natalia Gutiérrez, presidenta de Fedeseguridad, el gremio que reúne a 11 compañías del sector de la vigilancia y seguridad privada. “La situación es preocupante, tenemos reunión con el fiscal general la próxima semana. La Policía no ha contribuido mucho para controlar esta situación, por el contrario, todos los días nos retiran más los acompañamientos”.

Según la dirigente gremial, los ataques a los vehículos transportadores de valores cada vez son más sofisticados y se usan armas de uso privativo del Ejército. En cuanto a la administración de justicia, Gutiérrez indicó que cuando se logra capturar a personas implicadas en los hurtos, algunos administradores de justicia los dejan en libertad, por eso se tienen problemas con los jueces. “En algunas ciudades el comandante de Policía respectivo facilita acompañamientos para operaciones más riesgosas, pero percibimos que no hay una directiva de la Policía a nivel nacional”.

En cuanto a la administración de justicia, El Espectador tuvo conocimiento del caso de la fiscal Annik Tatiana Parada, de la Unidad de Estructura de Apoyo de la Fiscalía, quien desde hace varios años estaba dedicada a liderar las investigaciones de este tipo de casos y su relación con bandas. Lo curioso es que en febrero pasado fue trasladada sorpresivamente y varios procesos quedaron prácticamente en el limbo.

Pero quizá la mayor preocupación está también en el interior de las mismas compañías, porque pese a que los procesos de selección son rigurosos, para muchos de ellos, al final están comprendiendo que resulta más rentable ser infiel con su empresa. Al respecto, un abogado penalista consultado señaló que como la justicia está fallando, en algunos casos, que las penas resultan bajas en ocasiones se tiene la impresión que es mejor dar un “golpe” que trabajar años en las empresas. Sin embargo, no duda en argumentar que: “Robar no paga, aunque la justicia no está siendo eficaz las penas por estos delitos pueden llegar hasta los 20 años”.

Una advertencia que surge del caso de algunos miembros de la familia Ladino Puertas, quienes se habrían dedicado a infiltrarse en empresas transportadoras de valores. Según un fallo en su contra, el 4 de abril de 2009, el jefe de seguridad de la compañía transportadora de valores Prosegur de Colombia S. A., recibió llamada del supervisor de la empresa.

El directivo le informó la desaparición de varias tulas con dinero, el cual era transportado en el vehículo N° 602 de placa IBB 042 a cargo de los empleados Rodrigo Barriga Clavijo, Ánderson Chamucero Garzón y William Giovanni Ladino Puertas. Los recursos destinados a los cajeros automáticos del centro comercial Imperial de Suba. Según la investigación penal, se estableció que dicho dinero en cuantía de $921’000.000 había sido entregado por el conductor Ladino Puertas a dos personas. Al final un juez lo condenó a 55 meses de prisión.

Su hermano Jhon Miller Ladino Puertas corrió similar suerte. Se trata de un exuniformado de la Policía quien habría salido de la institución por tener antecedentes penales, según la Fiscalía se habría cambiado la identidad para ingresar a una empresa de valores, convencer de ilícitos a compañeros de trabajo y cometer el asalto superior a los $2 mil millones. Ladino aceptó cargos, fue condenado a 15 años de prisión que cumple actualmente en la cárcel La Picota de Bogotá.

A estos casos se suma la denominada banda de Los Fantásticos. Según las investigaciones judiciales, se trata de una organización dedicada a reclutar e infiltrar trabajadores en las empresas de seguridad con el propósito de obtener claves y rutas para asaltar vehículos con dinero. Actualmente, siete de sus integrantes afrontan un juicio detenidos y acusados por hurto a empresas transportadoras de valores y cajeros automáticos. Además por homicidio y concierto para delinquir.

El hurto a compañías de transporte de valores sigue creciendo. La inversión extranjera en el sector para Colombia está siendo reevaluada. La justicia deja serios reparos. Se perciben alianzas entre algunos empleados con criminales, por eso será clave la reunión al respecto con la cúpula de la Fiscalía.

Los empleados que terminaron en una banda

El 4 de mayo de 2015 se presentó a las instalaciones de la Policía un testigo bajo reserva, quien evidenció que existía una organización dedicada a cometer hurtos de cajeros electrónicos, residencias con cajas fuertes que tengan altas sumas de dinero y caletas de narcotraficantes. Destacó el testigo que en algunos casos suplantaban a las autoridades. Contó, además, que dicha organización cuenta con integrantes activos y retirados de instituciones como la Policía, el CTI, el Ejército o el Inpec, y que éstos se encargan de la logística para que “los hurtos salgan a la perfección y no sean capturados”. Indicó el testigo que se movilizan en varios vehículos particulares y de servicio público, especialmente camionetas de platón blanco semejantes a las de la Policía.

El protegido denunció que, entre otros, la banda está integrada por José Pastor Arenas, quien trabaja en la transportadora Brinks. También alias Papas, quien al parecer trabaja para la Sijín. Con ellos alias Morera, de quien dice también trabaja en Brinks.