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La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exsecretario de Desarrollo Económico de La Guajira, Alberto Carlos Ariza Cujia, debido a presuntas irregularidades que se habrían presentado en un contrato que se financió con regalías, el cual tuvo un valor de $9.100 millones. El funcionario estuvo en el cargo entre 2019 y 2021.
Según informó el ente de control, con el proyecto se esperaba poder beneficiar a al menos 3.000 personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. El contrato tenía como objetivo contribuir en la superación de la pobreza y la inclusión productiva. Sin embargo, el funcionario habría autorizado el último de los pagos sin que el contratista elegido hubiera cumplido con todas las actividades planeadas, explicó el Ministerio Público.
La entidad también encontró que hubo posibles retrasos en el desarrollo del proyecto e irregularidades relacionadas con las pólizas de cumplimiento. Por este motivo, los cargos por los que deberá responder están relacionados con haber omitido el cumplimiento del contrato, en cuanto a su plazo, calidad, cantidad y adecuado uso de los recursos. Su falta fue calificada como gravísima.
El ente de control también se encuentra investigando al exgobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, por presuntos sobrecostos en un proyecto que, al igual que este, fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías. En ese caso, el proyecto tenía como objetivo desarrollar brigadas de salud y nutrición a rancherías wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. El proyecto esperaba llevar las brigadas a zonas rurales del departamento, sin embargo, debido a presuntas fallas, solo se ha desarrollado un 35,6% de avance físico y un 48% en cuanto al avance financiero.
Así mismo, la entidad también le puso la lupa a la compra de 40 carrotanques para distribuir agua en dicho departamento. En concreto, el Ministerio Público abrió una investigación en contra del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez, la cual busca determinar si se presentaron irregularidades en la firma del contrato. Esta investigación daría cuenta de un posible direccionamiento en la selección del contratista, falta de capacidad e idoneidad de la empresa encargada de suministrar los vehículos y un posible detrimento patrimonial.
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