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La jueza 26 de control de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía General y cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario al empresario Enrique Ghisays Manzúr, procesado por su participación en el pago de 6.5 millones de dólares de sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht en el año 2009.
En la diligencia judicial, que se extendió hasta la madrugada de este martes, se consideró que Ghisays podría afectar el proceso penal y la investigación mediante la presión a testigos o la manipulación de elementos materiales probatorios, hecho por el cual se tomó la determinación que el empresario deberá ser enviado a la cárcel Picota.
“Odebrecht continúa funcionando y el empresario Enrique Ghisays puede influenciar en testigos, manipular pruebas o contactar nuevamente a la compañía extranjera para obstaculizar a la justicia”, precisó la funcionaria judicial al manifestar que es menester salvaguardar la administración de justicia en este complejo proceso penal.
Consideró que debido a la gravedad de las conductas expuestas por la Fiscalía en contra del empresario de origen cartagenero y el hecho que hasta el día de hoy se desconoce qué pasó con 2.3 millones de dólares que salieron de la cuenta que crearon en la banca privada de Andorra para mover los sobornos de Odebrecht.
Finalmente, no aceptó la petición del abogado del procesado quien manifestó que su cliente debería ser cobijado con una detención domiciliaria debido a su interés de colaborar con las autoridades judiciales en esta investigación y a la información que había entregado en los interrogatorios rendidos.
“No se puede dar valor a la argumentación emitida por el defensor en relación a la colaboración con de la justicia del señor Enrique Manzúr, pues sólo a través de las investigaciones de la Fiscalía de los EE.UU., este ciudadano se acercó a la Fiscalía General en Bogotá para entregar información en relación con el proceso a funcionarios públicos y privados cercanos a Odebrecht en Colombia”, precisó.
El empresario aceptó su participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares imputados por la Fiscalía. El ente investigador sostiene que su participación fue clave en el ingreso y movimiento de 6.5 millones de dólares de la empresa de Odebrecht para el pago de sobornos con el fin de ser beneficiada con el contrato de la Ruta del Sol Tramo 2.