¿A qué viene la CPI a Colombia? Estas son las razones de su aterrizaje en el país

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a su llegada a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para una reunión el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal.

Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La llegada de la Corte Penal Internacional (CPI) a Colombia es un hecho histórico para un país inmerso en una guerra plagada de crímenes de lesa humanidad. Y tampoco es un hecho menor que su aterrizaje sea para respaldar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la tarde de este martes, el fiscal de esa entidad internacional y el presidente del sistema de justicia transicional hicieron oficial un plan de trabajo que formaliza la inauguración de una oficina de la CPI en Colombia.

“Hemos avanzado en la suscripción de este plan de trabajo que incluye el intercambio de experiencias, la colaboración técnica, el soporte de los equipos de la Corte a los equipos de la JEP, la posibilidad de visitas de nuestro equipos a La Haya para el intercambio de experiencias internacionales, pero también el establecimiento de un enlace permanente de la CPI en Bogotá, en la JEP”, dijo el magistrado Vidal en una rueda de prensa acompañado de Khan.

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El magistrado agregó que “es muy satisfactorio la posibilidad de suscribir este convenio. La JEP es una manifestación concreta del Estado colombiano de justicia transicional, que ejercemos de manera conjunta y que constituye la respuesta a los crímenes más atroces”, dijo el presidente de la JEP, Roberto Vidal. En este sentido, el fiscal, Karim Khan, aprovechó su intervención para darle un espaldarazo a la labor de la JEP en el país y su importancia para la justicia y la reconciliación.

“Después de cinco años hay mucho de lo que estar orgulloso. Ya están en marcha los 11 macrocasos. Las decisiones relativas en ellas se harán públicas en los próximos meses. La tensión está puesta sobre víctimas que previamente eran invisibles”. Dijo además que la JEP no está sola porque el Gobierno ha prometido que continuará apoyándola. “Si ustedes todos pueden trabajar juntos por la justicia y la paz, no hay nada que Colombia no puede lograr”, concluyó el fiscal Khan.

¿Qué significa que la CPI abra una oficina en Colombia?

Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa que la CPI tenga oficina en Colombia? Para arrancar, esta situación no significa que automáticamente tendrá la jurisdicción para conocer casos de graves violaciones de derechos humanos, como crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. El plan de trabajo de la Corte en Colombia es muy claro en sus objetivos, que además son similares a lo que ya hace la CPI en otras partes del mundo. Para entenderlo, se pueden tener en cuenta siete objetivos claros.

El primero: tener presencia en el extranjero sirve para mejorar el alcance, la cooperación y las capacidades de investigación de la corte dentro de esa región. Segundo: promueve una colaboración y coordinación más estrechas entre la Corte y las autoridades nacionales de ese país (precisamente lo que buscan entidades como la JEP), y también facilita el intercambio de información, pruebas y conocimientos, lo que permite a la CPI llevar a cabo sus investigaciones y procedimientos de manera más eficaz.

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Tercero: puede ser útil para llevar a cabo diversas actividades operativas y de investigación dentro del país, según el mandato de la corte y los casos en curso que existan en el país. Esto puede implicar la recopilación de pruebas, entrevistas a testigos, la realización de exámenes forenses y la coordinación con las autoridades judiciales y policiales del país en donde instala su oficina. Cuarto: la presencia de una oficina de la CPI en un país ayuda a crear conciencia sobre la misión, la jurisdicción y los casos en curso de la Corte entre la población local, las organizaciones de la sociedad civil y las partes interesadas relevantes.

Quinto: facilita el relacionamiento con las comunidades afectadas, víctimas y testigos, asegurando su participación en los procesos judiciales. Sexto: la oficina de la CPI suele participa en iniciativas de creación de recursos para fortalecer la capacidad del sistema de justicia local para investigar y enjuiciar crímenes internacionales. Esto puede implicar brindar capacitación, asistencia técnica y compartir las mejores prácticas en el campo del derecho penal internacional.

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Y el séptimo: el establecimiento de una oficina de la CPI en un país puede fomentar la cooperación regional para abordar los crímenes internacionales. Puede alentar a los países vecinos a colaborar, compartir información y brindar apoyo mutuo para investigar y enjuiciar a las personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Un objetivo clave, no solo para Colombia, sino también para Venezuela.

Los antecedentes de la CPI en Colombia

Desde casi 20 años, la CPI le puso la lupa a Colombia. Todo arrancó en 2004, cuando la Corte internacional le abrió un examen preliminar al país para evaluar la situación de los casos y el avance judicial en expedientes sobre graves de violaciones de derechos humanos. Un año después, en marzo de 2005, la Fiscalía del organismo internacional avisó al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que tenía en su poder información sobre crímenes cometidos en Colombia que podrían ser competencia de la Corte.

Entre 2007 y 2008, el entonces fiscal jefe Luis Moreno-Ocampo realizó visitas al país para supervisar los casos y, para 2010, el exfiscal Guillermo Mendoza y representantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia viajaron a la sede de la Fiscalía de la CPI en La Haya (Países Bajos), lo cual desembocó en una nueva visita del exfiscal Moreno-Ocampo a Colombia en septiembre de 2011.

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En diciembre de 2011, la Fiscalía de la CPI publicó un primer informe relacionado con su examen preliminar. Durante los años que precedieron el informe, la CPI recibió información de organizaciones de derechos humanos y víctimas de la guerrilla, el paramilitarismo y agentes estatales. “La Oficina da la bienvenida a los actuales esfuerzos del gobierno colombiano de buscar mayor apoyo internacional para las actuaciones judiciales nacionales y de promover la cooperación, tal y como ha explicado el actual presidente de Colombia D. Juan Manuel Santos”, quedó escrito en el informe.

En noviembre, la Fiscalía presentó un segundo informe, el cual fue confirmado en 2013, agregando la necesidad de estudiar delitos de desplazamiento y violencia sexual. Así, los años pasaron entre visitas al país, informes y cruce de correspondencia diplomática sobre temas como la promoción y expansión de grupos paramilitares; desplazamientos forzados; delitos sexuales en la guerra; los falsos positivos y los compromisos en justicia que se hicieron en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

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Todo cambió en octubre de 2021, cuando se supo que la CPI cerraba el expediente colombiano. Su cierre se selló un acuerdo de seis páginas en el que el Gobierno colombiano se comprometió a una serie de puntos que deberá cumplir sin condiciones. El más importante, y donde está el centro del debate, habla sobre su compromiso de no afectar la institucionalidad creada a partir del Acuerdo de Paz firmado con las Farc.

En concreto, respaldar el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Cuando se supo que la CPI cerraba el caso preliminar de Colombia, funcionarios cercanos a esa entidad señalaron que la victoria del cierre era para la JEP, pues ha demostrado que los vacíos en las investigaciones por graves hechos cometidos durante el conflicto sí pueden resolverse en la justicia nacional y no es necesario que la internacional intervenga.

Por eso mismo, la apertura de la oficina de la CPI en Colombia es otro espaldarazo para la JEP. No por nada, su presidente, el magistrado Carlos Vidal, había pedido en marzo pasado que este organismo internacional aterrizara en el país. El togado explicó que su presencia en Colombia tenía un objetivo: dar apoyo técnico a las autoridades jurídicas colombianas en las investigaciones que adelanta esta jurisdicción especial.

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El propio Vidal fue el encargado de presentar una propuesta concreta en La Haya que, ahora, conoce sus frutos. De acuerdo con analistas consultados por El Espectador, la idea de esta oficina es fortalecer mecanismos entre las jurisdicciones nacionales y la CPI. “No es que la Fiscalía de la CPI venga a enseñar; llega a nutrirse de los dos procesos adelantados acá y a colaborar. Colombia está en medio de procesos de macrocriminalidad, que requieren procesos especiales de investigación”, explicó un experto.

“La JEP usa el estatuto de Roma y mecanismos internacionales y locales para adelantar su tarea. Lo que se espera que suceda aquí es que los equipos de La Haya se trasladen a Colombia para aprender las técnicas de estos grandes casos y los colombianos van a La Haya para aprender de lo que ha hecho la CPI de casos internacionales. Es una tarea complementaria”, agregó otro analista. Así las cosas, se espera que las cabezas de las entidades protagonistas de esta histórica decisión den los detalles de los alcances, misiones y objetivos del aterrizaje de la Corte Penal Internacional en Colombia.

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