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Por irregularidades en la contratación durante su administración, le imputarán cargos a la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado. Así lo informó este miércoles la Fiscalía General de la Nación, que fijó la audiencia de imputación de cargos para el próximo 7 de febrero.
Hurtado, quien fue gobernadora del departamento del Eje Cafetero entre 2012 y 2015, se le imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.
(Lea aquí: Fiscalía investigará por siete delitos a la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado).
“De acuerdo con el material probatorio recaudado en la primera fase de la investigación, la exgobernadora habría direccionado en el año 2015 cuatro contratos, en los que presuntamente se desviaron recursos en cuantías superiores a los $2.000 millones”, aseguró la Fiscalía en un comunicado.
Según la Fiscalía, antes de la licitación de obras de acueducto, vías terciarias y jardines infantiles en el departamento, se habría acordado la entrega de los convenios al constructor José Carlos Vergara Mendoza a cambio, presuntamente, del 15% del valor de los contratos adjudicados.
Además, de acuerdo a las primeras indagaciones de la investigación, en las licitaciones se habrían ajustado los requisitos de experiencia y capacidad. En diciembre pasado, la Fiscalía informó que constató que el constructor, representante legal de la firma Inalcon (a la que se le adjudicaron los contratos), no tenía la idoneidad exigida por la ley y eso al parecer generó dificultades en el desarrollo del proceso contractual.
(También: Exgobernadora del Quindío fue destituida y suspendida por 12 años).
“Todos quedaron en manos del mismo constructor, así como las consultorías previas, estudios de diagnóstico estructural, análisis de vulnerabilidad sísmica, diseño estructural y demás requerimientos complementarios”, señaló la entidad investigadora en esa ocasión.
La Procuraduría, por otro lado, destituyó e inhabilitó a Hurtado por doce años, a principios de 2018. ¿El motivo? Por haber suscrito seis convenios interadministrativos con Empresas Públicas del Quindío y la Promotora de Vivienda del Quindío, “sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales”. La falta fue calificada por el Ministerio Público como gravísima.