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De ser uno de los hombres más conocidos del país, a vivir casi desapercibido en otro lugar del mundo. De tener una exitosa carrera en la Policía, con más de 100 felicitaciones y condecoraciones, a trabajar, a sol y sombra, en lo que salga. De plantarse como uno de los denunciantes de una red de prostitución policial, a exigir que le respeten el debido proceso. Esa es la nueva vida del capitán destituido Ányelo Palacios, quien en 2016 fue expulsado de la institución por el sistema disciplinario interno. Ese caso tiene sus sombras, por lo que un tribunal está a punto de decidir si reintegra a Palacios a la Policía, al tratarse de una presunta destitución injusta. El Espectador conoció el expediente y habló con Palacios quien, ocho años después del escándalo, apostó gran parte de sus esperanzas en este caso.
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El Tribunal Administrativo de Caquetá está a punto de decidir sobre la solicitud de nulidad que el excapitán radicó contra los actos administrativos de inspección de la Policía que, en junio y agosto de 2016, en dos instancias, lo destituyeron de la entidad. La decisión se conoció en medio del escándalo que sacudió los cimientos de la Policía y que terminó con la renuncia del entonces director, el general (r) Rodolfo Palomino: la comunidad del anillo. “No es justo lo que estoy viviendo. Me sacaron por la puerta de atrás de la Policía y como un ladrón. Yo quiero que mi nombre y el de mi familia queden en limpio. Que me reintegren mis derechos y salarios. Si pasa, yo de todas formas pido el retiro, porque corro el riesgo de que me maten o me metan en más problemas”, expresó Ányelo Palacios.
El lío por el reintegro de Palacios arrancó en 2015, cuando La FM reveló que el entonces capitán era víctima de la comunidad, señalando al coronel Jerson Castellanos de violación en un club militar y de, supuestamente, reclutar cadetes en la Escuela General Santander, para, al parecer, ofrecerlos a congresistas y miembros del alto gobierno como parte de un catálogo sexual. “Me dijo que me iba a presentar a un general. A Palomino. Y al senador Carlos Ferro (viceministro de Asuntos Políticos del gobierno Santos)”, dijo Palacios. El tiempo le dio la razón, en cuanto a la existencia de la comunidad, pues en agosto de 2023 Castellanos, y el coronel (r) Wilmer Torres, fueron sentenciados por constreñimiento a la prostitución durante 2005 y 2006. A pesar de la grave denuncia, tras salir en medios en 2015, la Policía envió a Palacios a Florencia (Caquetá) como comandante de estación.
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“Ahí conocí al comerciante Mauricio Hernández, propietario del establecimiento el Loco Juancho. Teníamos una buena amistad”, agrega Palacios, sobre el hombre que hoy lo tiene en problemas. Asegura que, en Florencia, Hernández se aprovechó de su amistad y corrió la voz de que, con su ayuda, lograba evitar el cierre definitivo de ese local, involucrado en riñas constantes. Eso llevó a una confrontación entre ambos, que obligó a Palacios a pedir que lo investigaran. Un proceso del cual salió bien librado. Aun así, para febrero de 2016, se conoció aquel video de Palacios y Carlos Ferro, coqueteando en un automóvil y, solo después de esa publicación, el comerciante Hernández puso una queja formal ante la Oficina de atención al ciudadano de la Policía de Caquetá en contra de Palacios.
La queja coincidió con la salida de Ferro del gobierno de entonces y con la renuncia de Palomino, en medio de la investigación de la Procuraduría, en febrero de 2016. Además, apareció como testigo Angie Calderón, pareja sentimental de Hernández, quien dijo que, por medio de dos policías que nunca identificó, le envió $3 millones a Ányelo Palacios, supuestamente porque el entonces capitán se había comprometido a “quemar” los comparendos impuestos a ese local. Con esa prueba testimonial, Palacios fue destituido de la Policía el 9 de agosto de 2016. Quien tomó la decisión fue el entonces teniente coronel e inspector delegado, Herney Moreno Velandia.
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Moreno, meses atrás, en diciembre de 2015, fue descubierto por Noticias Uno admitiendo que fue presionado por altos mandos para absolver en un caso al coronel Jorge Palomino, hermano del entonces director. Quedó retratado diciendo: “Eso terminó en absolución, casi que haciendo lo imposible”. En una publicación de febrero pasado, El Espectador constató que, en su propio expediente disciplinario, Moreno reconoció que la voz del audio filtrado sí era la suya, pero que fue sacada de contexto. Sobre ello, Palacios apunta: “Le solicité a Moreno que la testigo hiciera un reconocimiento en fila y que dijera cuáles eran los dos policías. Sorpresa. Mi coronel no quiso y dijo que le creía a la señorita. Y esa fue mi echada de la Policía”.
El Tribunal Administrativo de Caquetá tiene todas estas evidencias y otros alegatos como, por ejemplo, que Palacios habría tenido hasta un año para cerrar el Loco Juancho, según una ordenanza de 2005 de la Asamblea de Caquetá. Además, que en el expediente no reposa una sola prueba concreta que establezca que recibió esos $3 millones. Sus alegatos no han tenido efecto en ninguna instancia disciplinaria. De hecho, el 22 de agosto de 2016, solo 13 días después de su fallo de primera instancia, la Inspección General de la Policía confirmó su destitución. El acto lo firmó el entonces inspector nacional, Carlos Mena, un hombre en juicio disciplinario en la Procuraduría, por juzgar, al parecer sin poder hacerlo, a un intendente de la policía.
El caso lo tiene este Tribunal luego de que, en diciembre de 2022, el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia negará el solicitado reintegro a la Policía. Este despacho señaló que nada que tenga que ver con la comunidad del anillo habría permeado el expediente: “El único objetivo del investigador disciplinario consistía en encontrar la verdad real de los hechos”. Es decir, que a Ányelo Palacios le correspondía definir la situación jurídica de Loco Juancho y no lo hizo a pesar de que había un comparendo que lo permitía y que los testimonios, especialmente el de Angie Calderón, fueron “consistentes” para probar la recepción de los $3 millones. El caso llegó al Tribunal hace más de un año y, según el desarrollo judicial, ya solo queda que los magistrados dicten la última palabra.
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Palacios exige que, además, sea tenida en cuenta una decisión de la Fiscalía de la Justicia Penal Militar de 2022 en la que le archivaron un caso por los mismos hechos. La Policía le había enviado sus pruebas a los castrenses para que indagaran si Palacios había cometido delitos. Sin embargo, esta Fiscalía consideró que, de hecho, aquí pasó todo lo contrario a lo que han querido ver las instancias disciplinarias de Policía. Así entonces, Palacios espera que el Tribunal le dé la razón, le reintegren los salarios que ha dejado de recibir y borren de sus antecedentes la destitución. “Tanto que he hecho como Policía. No me parece justo lo que estoy viviendo por denunciar la comunidad del anillo. Espero justicia”, concluyó.
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