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La ola de atentados que están sufriendo dos de los oleoductos más importantes del país tiene preocupados, no solo a los empresarios, sino los expertos en orden público. En los últimos cuatro días, Ecopetrol y una de sus filiales, a empresa Cenit, han reportado siete atentados diferentes al oleoducto Caño Limón-Coveñas y Bicentenario y, por sus extensiones, los hechos ocurrieron en tres departamentos diferentes: Arauca, Norte de Santander y Boyacá. Las autoridades y empresas ya desplegaron varios planes de contingencia, pero la situación, en plena crisis por el coronavirus, es delicada.
El presidente de Cenit, la empresa encargada de garantizar el transporte del crudo, Héctor Manosalva, rechazó los ataques. “(Los atentados) generan afectaciones sociales, económicas y ambientales, más aún en esta crisis que se presenta en el país por el COVID-19, lo que hace más complejo adelantar las reparaciones con personal técnico en territorio. Esta etapa que vivimos los colombianos debe llamarnos a priorizar la vida y la integridad de las personas, así como el cuidado del medio ambiente”, aseguró el directivo.
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Aunque ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer quiénes estarían detrás de estos atentados, en la zona ya es común relacionarlos con el Eln y grupos de disidencias de las Farc. Es más, desde la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se elevaron las alarmas hace unos días por el aumento de la presencia de estos grupos ilegales, durante el confinamiento obligatorio para frenar la pandemia por el coronavirus. La entidad alertó sobre el aumento en este tiempo entre enfrentamientos que han protagonizado los actores armados, la violencia contra líderes sociales, métodos de control social en zonas en donde precisamente pasan estos dos oleoductos.
Además, la Defensoría del Pueblo ya sacó una alerta temprana en la que reportó que han registrado 72 acciones de grupos armados y que 41 de ellos han sido violentos. Y uno de los puntos que esta entidad coinciden con la Unidad de Investigación y Acusación, es que todos ellos estás buscando la soledad de las regiones más apartadas del país para asumir la labor del Estado y de la Fuerza Pública en medio de la pandemia. Para expertos, esta es una estrategia clave para ganar popularidad en estas zonas y tener ellos mismos el control social.
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Según el informe de la llamada Fiscalía de la JEP, la experiencia nacional e internacional dan cuenta de que para mantener el control de territorios, estos grupos armados se imponen sobre la población civil, cooptando o sustituyendo las funciones estatales, como la administración de justicia, el cobro de impuestos y la regulación de la convivencia ciudadana. Grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, explicó la Unidad, de manera oportunista, aprovecharon las circunstancias excepcionales de la pandemia, “para pretender legitimarse con la población civil, y de esa forma abrogarse una autoridad de facto sobre la vida de las personas”.
Por ejemplo, mediante panfletos, las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Frente Oliver Sinisterra y el bloque suroccidental, fijaron, por aparte, reglamentos de conducta para los municipios del pacífico nariñense. Además, la situación con los líderes sociales va en caída. Según la investigación de la JEP, cada 64 horas ha sido ejecutado un líder social. Estos hallazgos se dieron justamente en tiempos en los que el Eln anunció un cese al fuego que acabó el pasado primero de mayo, días que coinciden, según fuentes en la zona, con el recrudecimiento de los atentados contra los oleoductos.