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La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana decidió abrir formalmente la investigación contra los exsenadores Musa Besaile, Bernardo “Ñoño” Elías y el exrepresentante a la Cámara, Eduardo José Tous, por las irregularidades que se presentaron en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Los políticos han sido señalados de quedarse con porcentajes de los contratos que se celebraban con la entidad.
Entre otras determinaciones de la magistrada Lombana, está llamarlos a indagatoria por el delito de tráfico de influencias. Hace pocos días se conoció que los exsenadores Besaile y Elías aceptaron su responsabilidad, por lo que, según sus abogados, lo que sigue en el proceso es: abrir la investigación formal, integrar la declaración de culpabilidad de los excongresistas al despacho y emitir una sentencia anticipada. Aún se desconoce la etapa en la que está el expediente de Eduardo José Tous.
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Los excongresistas fueron llevados ante los estrados judiciales luego de que, en 2017, se destapara el escándalo que también salpicó al senador Armando Benedetti y por el cual también tiene una carpeta en el despacho de la magistrada Lombana, pero no ha tenido mayores avances. Lo que reposa en la investigación es que, durante ese año, se habría apropiado de un porcentaje de un contrato que se celebró por $16.000 millones y tenía la finalidad de construir viviendas de interés social.
En una reciente condena a exfuncionarios de la oficina jurídica del Fonade quedó plasmada la manera en la que, según las autoridades, operaba la estructura de la que hacían parte los excongresistas. En este caso, lo que dijeron los hoy condenados, a través de un preacuerdo con la Fiscalía es que la red direccionó al consorcio Interviviendas el contrato de interventoría para el diseño y la construcción de proyectos de la fase II del programa “Vivienda Gratuita”, que lideró el gobierno de Juan Manuel Santos. Este plan contemplaba la construcción de 4.678 hogares en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila. Por estos hechos ya han sido procesadas 11 personas.
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Para que se concretara ese acuerdo ilegal, según reposa en la investigación, se utilizó el poder político y la influencia del exsenador Besaile para incidir ilegalmente en la convocatoria privada por medio de la cual se adjudicó irregularmente el contrato de mayo de 2017. La Corte Suprema no solo tiene en el radar este contrato, sino también otro del que los exsenadores también habrían sacad provecho. Se trata de un contrato que tenía la finalidad de suministrar servicios de bodega y archivo para garantizar la custodia y la actualización de un inventario de documentos, con una empresa que se ganó la convocatoria.
En su momento, la Fiscalía señaló “en este caso, se trataría de una organización criminal que gestó la adjudicación irregular de contratos desde el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a personas que, sin cumplir los requisitos legales y a través de falsedades, los recibían por su relación con congresistas”.
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