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La justicia estadounidense acaba de poner en marcha un juicio en contra de la multinacional bananera Chiquita Brands, por los derechos de centenares de víctimas del paramilitarismo en el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio de Colombia. En 2007, después de que se expusieran registros mercantiles, correos y testimonios, la multinacional fue condenada por entregar USD$1,7 millones a grupos paramilitares. A partir de esa histórica condena, campesinos, ganaderos y pobladores colombianos demandaron a la empresa. Un Tribunal de Florida escogió los casos más representativos y definirá si esa financiación estuvo conectada directamente con crímenes atroces cometidos por los paras.
¿Por qué el caso está en Estados Unidos?
En 2007, la justicia estadounidense comprobó que Chiquita Brands giró más de un millón y medio de dólares a grupos paramilitares entre 1997 y 2004. Las pruebas que se presentaron y reconocidas por la multinacional daban cuenta de que financiaron a los paramilitares tras una reunión privada en Medellín entre Carlos Castaño y un alto ejecutivo de Banadex, que era la filial más rentable de Chiquita Brands en el país para la época.
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El centro de la controversia está en que, mientras Chiquita Brands entregaba el dinero, en 2001, el gobierno de Estados Unidos designó a los paramilitares como una organización terrorista extranjera. “Como cualquier empresa criminal, una organización terrorista necesita un flujo de financiamiento para respaldar sus operaciones”, señaló el entonces fiscal general de la División de Seguridad Nacional, Kennet Weinstein. A pesar de ello, Chiquita Brands siguió haciendo los pagos por tres años más.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que “lo que hace esta conducta moralmente tan repugnante es que la empresa continúo mes tras mes, año tras año pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo perfectamente que, aunque sus fincas estuvieran protegidas y sus trabajadores estuvieran protegidos mientras estaban literalmente en ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes fuera de sus fincas”.
Ese proceso concluyó con que la multinacional debía pagar US$25 millones de multa y cooperar con investigaciones en curso. Desde entonces, centenares de víctimas del Urabá y del Magdalena medio, a través de organizaciones de derechos humanos, demandaron a la multinacional. Los casos más representativos fueron agrupados por un tribunal de Florida, el cual escogió sus jurados este lunes 29 de abril y se dispondrá a dictar veredicto en las próximas semanas.
¿De qué trata el juicio?
Los casos representativos señalan al unísono que, dado que Chiquita Brands financió a los paramilitares, ese dinero terminó patrocinando las atrocidades que cometieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como los homicidios selectivos, las masacres, los desplazamientos forzados y el despojo de tierras, entre otros. Las víctimas alegarán ante los jurados que el dinero estadounidense, entregado por Chiquita Brands, está directamente relacionado con el conflicto armado colombiano.
¿Cómo se ha defendido Chiquita Brands?
El argumento principal que ha usado Chiquita Brands en su defensa es que, aunque entregó los dineros a los paramilitares, todo fue a la fuerza y producto de extorsiones. Incluso, el gobierno estadounidense siempre se ha mantenido en que en la reunión entre Carlos Castaño y los ejecutivos de la bananera, el paramilitar dio a entender que el incumplimiento de los pagos “podría resultar en daños físicos al personal y la propiedad de Banadex”.
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¿Cuánto durará el juicio?
Según se tiene previsto, desde este lunes y por las próximas semanas, el Tribunal Federal de Florida definirá si Chiquita Brands entregó dinero directamente relacionado para cometer crímenes. Para ello, fueron elegidos este lunes los 10 jurados que deliberarán por aproximadamente un mes. Fuentes cercanas al proceso le explicaron a El Espectador que ese proceso puede tardar dos semanas. Luego, Chiquita Brands presentará su defensa, en la que se avecina el intento por comprobar que los pagos no fueron de manera voluntaria. Se estima que la defensa dure dos semanas. Una vez ambas partes presenten sus argumentos, el jurado dictará su sentencia.
¿Quiénes son las víctimas de los paramilitares a los que Chiquita Brands les entregó dinero?
Según la Comisión de la Verdad, los paramilitares son responsables de más de 205.000 homicidios en todo el territorio nacional y del 52% de los casos históricos de despojo, del 24% de los casos de secuestro y del 17% de los desplazamientos forzados. Una mirada en detalle de información recopilada por la Unidad para las Víctimas establece que, entre actores armados y estatales, entre 1980 y 2010, la guerra dejó 261.779 víctimas en el Urabá y el Magdalena Medio. De ellas, 226.107 son víctimas de desplazamiento forzado y 30.628 de homicidio. Las víctimas aseguran que, de esas estadísticas, Chiquita Brands puede tener responsabilidad.
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¿Qué esperar del juicio?
El juicio comenzará, sustancialmente, este 30 de abril con las declaraciones iniciales de ambas partes. Es decir, la presentación del caso. La apertura de las declaraciones comenzará con Fernando Aguirre, antiguo director general de Chiquita Brands, quien será llamado por parte de los demandantes a rendir testimonio. La presentación de pruebas por parte de los representantes de las víctimas incluye los testimonios en video de exparamilitares como Salvatore Mancuso, Raúl Hasbúm, alias Pedro Bonto, e Iganacio Roldán, alias Monoleche.
¿Hay algún caso contra Chiquita Brands en Colombia?
La Fiscalía de Colombia tiene en juicio a 10 altos ejecutivos de las filiales de Chiquita Brands en la década de 1990 y 2000. En septiembre de 2019, la Fiscalía dejó en firme su acusación por el delito de concierto para delinquir y el Tribunal Superior de Antioquia, en 2021, negó aquellos alegatos que alertaban una supuesta violación al debido proceso. Entre los acusados está Álvaro Acevedo González, quien fue gerente general y representante legal de Banadex entre 2001 y 2004. Según el escrito de acusación, en ese periodo se realizaron 18 pagos a las convivir por más de $1.400 millones y, en específico, $338 millones al paramilitar Carlos Tijeras en Santa Marta.
En la acusación de la Fiscalía contra estas personas, se resalta que “desde Cincinnati (donde se ubica la oficina corporativa de Chiquita Brands en Ohio (Estados Unidos) aprobaron los pagos a las AUC de Santa Marta, los cuales se hacían a través de los ‘Manager funds’ que salían a su nombre y correspondían al volumen exportado por las fincas del Retiro de dicha región”. La acusación también tiene en juicio a Víctor Manuel Henríquez, quien fuera presidente ejecutivo de la bananera Banacol, empresa que la Fiscalía considera filial de Chiquita, aunque lo niegue desde 2001 y diga que solo le compraron la operación en el Urabá.
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