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Luego de tres años de investigaciones, interminables testimonios y más de 2.000 folios de pruebas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Odebrecht y a Corficolombiana por haber violado la libre competencia en la adjudicación y ejecución de la Ruta del Sol 2. Las multas de esta resolución suman $295.086’710.061, cifra que se suma a otras decisiones que han sancionado económicamente a la corrupta empresa brasileña: la acción popular que le ordenó pagar de manera solidaria con sus socios $800.000 millones y el laudo arbitral que fijó la deuda del Estado por las obras en $211.000 millones, mucho menos de lo que exigía la constructora.
Según la investigación de la SIC, hubo varias irregularidades que llevaron a que el billonario contrato para la construcción del segundo tramo de la vía que conecta a la costa Caribe con el centro del país quedara en manos de la brasileña. Y las empresas que deben responder por estas irregularidades son: Odebrecht, Corficolombiana (del Grupo Aval) y su filial Episol. Sin embargo, la SIC solo las sancionó por el pago de sobornos al exviceministro Gabriel García Morales en la licitación del contrato y por el posterior esquema de contratos ficticios para pagar los sobornos, pese a que reconoció que hubo otras dos fallas que archivó porque ya pasó el tiempo de la ley para castigarlas.
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De acuerdo con la SIC, el conglomerado Odebrecht, Corficolombiana, Episol y su unión, la Concesionaria Ruta del Sol, hicieron acuerdos contrarios a la libre competencia, relacionados con la adjudicación del contrato Ruta del Sol 2 en 2010 por más de $2 billones. En concreto: el soborno que recibió el entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por US$6,5 millones. Según el expediente, esa coima estaba encaminada a que García, a quien le decían el Costeño, “utilizara los mecanismos que fueran necesarios para obstaculizar a otros competidores”, pues el exviceministro era el “seguro” de Odebrecht de que el contrato sería suyo.
Por estos hechos también fue sancionado García Morales y le impusieron una multa de $26.000 millones. No obstante, fue exonerado de pagar esa suma porque se convirtió en el principal delator de este caso y aunque fue condenado penalmente, hace poco recuperó su libertad. Las otras personas naturales sancionadas fueron: Luiz Antonio Bueno Júnior, entonces presidente de Odebrecht para Colombia; Luiz Antonio Mameri, entonces cabeza de la constructora en Latinoamérica; Yezid Arocha, director jurídico de la compañía en nuestro país, y José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana y el único empresario de alto perfil condenado en la justicia penal por este caso.
El ente de control pone este complejo entramado en términos sencillos: “Resulta claro que el objetivo de Odebrecht no era otro que lograr que el contrato les fuera adjudicado. Para esto sobornaron a Gabriel García para que este, faltando a los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva, ‘terciara’ a favor de la concesionaria en el proceso”. Es decir, se violó la libre competencia. La SIC concluyó en su fallo: “Estas empresas (Odebrecht, Corficolombiana y Episol) promovieron y orquestaron un sistema anticompetitivo desde los inicios del proyecto Ruta del Sol, cuando desplegaron actuaciones inequívocamente dirigidas a tratar de interferir o alterar su estructuración”.
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“Posteriormente, en una segunda fase, valiéndose de la instrumentalización de diferentes contratos, a través de una dinámica de reembolsos y pagos irregulares y una estrategia de compensación, lograron dividir los costos del pago derivado del acuerdo ilegal y, a su vez, extraer la mayor utilidad posible en la ejecución del proyecto (...). Este sistema anticompetitivo se desplegó en dos fases, a través de una compleja y sofisticada estructura ilegal que, valiéndose de su organización empresarial preestablecida, contempló un reparto específico de diversos roles y distintas tareas”, agregó la SIC en su decisión de 300 páginas.
Frente a la responsabilidad de Corficolombiana y Episol, la SIC indicó que se demostró cómo, junto a Odebrecht, “acordaron que la primera cubriría inicialmente la totalidad del pago derivado de la retribución económica a Gabriel García Morales en virtud del acuerdo anticompetitivo. Lo anterior con el fin de eludir los controles de compliance de Corficolombiana”. Asimismo, según declaraciones de Luiz Bueno, el cruce de cuentas se realizaría a lo largo del proyecto. Situación que demostró la SIC al revisar pagos irregulares que carecían de soportes, y que fueron alertados por Mauricio Millán, Javier Mejía y Jorge Enrique Pizano a José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana.
Para la SIC, en Corficolombiana conocían muy bien las maniobras ilegales que ordenaron los brasileños y que, incluso, la filial del Grupo Aval aprobó el soborno a través de su presidente Melo, quien fue condenado en abril de 2019 por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Uno de los elementos que llevaron a concluir el rol de esta empresa en la coima es que el exviceministro necesitaba un concepto jurídico que le certificara que uno de sus principales competidores por el contrato estaba inhabilitado. Esa opinión llegó del puño del abogado Hugo Palacios Mejía, por pedido de José Elías Melo.
“Se determinó que en la obtención de ese concepto jurídico (exigido por Gabriel García) participaron otros funcionarios vinculados a Odebrecht. Sobre el particular, se cuenta con un correo electrónico del 15 de diciembre de 2009 remitido, con alta importancia, por Yezid Arocha a José Elías Melo, con copia a Pedro Manuel Valencia (asesor de Corficolombiana para la licitación”, se lee en la resolución de la SIC. El ente de control señaló que Melo, “pese a conocer y participar en el sistema anticompetitivo, no denunció ni tomó medida alguna para evitar que se siguiera perpetuando, por el contrario, su aquiescencia permitió que el sistema se extendiera, por lo menos, durante 2016”.
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Sobre el conflicto de intereses
Desde el comienzo de la investigación en la SIC, uno de los puntos claves fue establecer hasta qué punto el matrimonio entre Diego Solano Saravia y María Victoria Guarín representó un conflicto de intereses para los planes del Grupo Aval de quedarse con el contrato de la Ruta del Sol 2. Para esa época, él era el vicepresidente financiero del Grupo Aval y ella una asesora de inversiones de alto nivel de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), un organismo multilateral adscrito al Banco Mundial al que el gobierno de Uribe Vélez le confió la estructuración de este megaproyecto vial.
Según el informe que sirvió de base a Barreto para esta sanción, Guarín ocupaba “una posición de privilegio para determinar los contenidos de la estructura del proyecto”, y que la información que manejaba la conoció también el Grupo Aval. La SIC sostuvo que de ese conflicto de intereses estuvieron enterados también el entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, y el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Para ellos, sin embargo, no había nada irregular que reportar ni a sus competidores en la licitación ni al Inco, la autoridades encargadas de adjudicar el codiciado contrato.
Tras conocer la decisión, el Grupo Aval dijo en un comunicado que celebraba la decisión, pues confirma “lo advertido previamente por la Superintendencia en el acto de apertura de la investigación, cuando manifestó que ‘de conformidad con el material probatorio recaudado, el Grupo Aval no habría participado en el soborno ofrecido y pagado’. Por otra parte, en su decisión, la SIC acogió los argumentos presentados por el Grupo Aval y sus funcionarios, estableciendo que no procede ningún tipo de sanción contra estos frente a la acusación relacionada con un presunto conflicto de intereses”.
Por su parte, Corficolombiana, también a nombre de Episol, emitió un comunicado público en el que se apartó, de nuevo, de la corrupción de la constructora brasileña. “A diferencia del actuar corporativo de Odebrecht, el país puede tener la certeza de que los valores corporativos de Corficolombiana y Episol impiden su participación en cualquier acto ilícito”, dijo la compañía. Resaltó, por una parte, que se hubieran archivado los cargos por aprovechamiento de un conflicto de interés, pero reprochó que, supuestamente, no se demostró en las pruebas que los sobornos hubieran contado con el acuerdo de alguno de sus funcionarios, pese a que, según la SIC, Melo estuvo enterado.
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La sanción de la SIC dice: “Se encontró probado que los supuestos contactos directos y privados entre Odebrecht con personas vinculadas a la IFC y al Inco en infracción al reglamento de selección y los pliegos de condiciones, de haberse configurado, tendrían como fecha de la última conducta constitutiva del hecho reprochado el año 2009 con la adjudicación. Por consiguiente, este despacho considera que la facultad sancionatoria caducó en el año 2014, y archivará la presente investigación”. Como los cargos por conflicto de intereses dependían del contacto prohibido que hubieran tenido Odebrecht y el Grupo Aval con el IFC, también fue archivado.
Así van las cuentas
Sumando esta sanción de la SIC contra Odebrecht y sus socios con las ordenadas en la acción popular que interpuso la Procuraduría ($800.000 millones) y el laudo arbitral que zanjó el pleito con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre la caducidad del contrato de la Ruta del Sol 2 (que ordena reconocer $211.000 millones en obras), van ya $2,5 billones entre deudas y multas por este capítulo del escándalo. Según explicaron varias fuentes consultadas, estos tres caminos que ha tomado la justicia para castigar la corrupción de Odebrecht nacen de hechos independientes, con lo cual la compañía brasileña, el Grupo Aval y los demás salpicados no podrían conmutar estas sumas.
El Tribunal de Cundinamarca concluyó en la acción popular -que está pendiente de segunda instancia en el Consejo de Estado- que existió una afectación al patrimonio y al servicio públicos que debían repararse. Luego, el tribunal de arbitramento estableció qué tanto avanzó la concesionaria en la obra, demostró que el contrato tuvo un origen ilegal y calculó cuánto le debe Colombia a Odebrecht, que terminó siendo casi ocho veces menos que las pretensiones de la firma brasileña y sus socios. Y, ahora, la SIC los sanciona por las faltas al régimen de competencia. Si bien en este último caso no hay chance de apelar, queda un largo camino jurídico para que la decisión quede en firme, pues pueden acudir a los estrados judiciales para buscar que se tumbe esta resolución.
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