Corte Constitucional salva la cuestionada Sala Administrativa de la Judicatura

Después de un intenso debate jurídico, la Sala Plena de la Corte Constitucional revivió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La decisión se dio después de declarar inexequibles los artículos 15, 16, 17 y 18 de la reforma de equilibrio de poderes (acto administrativo 02 de 2015) en el que se habúa eliminado dicha sala del polémico alto tribunal. (Lea: El poder del Consejo Superior de la Judicatura)

En el debate jurídico se eliminó la creación del Consejo de Gobierno Judicial que iba a adelantar las actividades administrativas en el alto tribunal. Sin embargo, la Corte Constitucional dejó en firme la decisión que elimina la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicataura, hecho por el cual se deberá conformar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. (Lea: Fin del carrusel de pensiones)

Esta comisión será la encargada de disciplinar a jueces, magistrados de tribunales, fiscales y empleados de la Rama Judicial. Fuentes cercanas señalaron que el cambio radica en que con este cambio serán investigados los empleados de la Rama como secretarios de despachos judiciales, entre otros. Sin embargo ya no podrán fallar tutelas y conflictos de competencias. Se ordena la creación de un Colegio de Abogados para que sean investigados.

La ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez fue acogida por siete de los ochos magistrados que participaron en el debate en la Corte Constitucional. El magistrado Luis Ernesto Vargas Silva se encuentra en Ginebra (Suiza) en la Asamblea General de la Orgnización Internacional del Trabajo.

En el documento se indicaba que con esta eliminación el Congreso de la República se había sustituido a la Constitución Política de Colombia. En este sentido explica que se presentó una vulneración a la autonomía judicial.  

En los próximos días el alto tribunal iniciará el estudio de la demanda presentada por el exfiscal General, Eduardo Montealegre que creó  la Comisión de Aforados para investigar y juzgar al presidente de la República, los magistrados de altas cortes y el fiscal general remplazando a la Comisión de Acusación de la Cámara.