La Corte Constitucional le acaba de conectar un gancho al hígado del gobierno de Gustavo Petro. El alto tribunal, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses, tumbó la ley con el que se creó el Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. El alto tribunal consideró que hubo vicios en el trámite que surtió la iniciativa en su paso por el Congreso.
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La Corte manifestó que tras estudiar el caso constató que en el trámite de la iniciativa “el Congreso de la República incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable: no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, conforme a las exigencias previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003″.
El alto tribunal consideró que con la ley que dio vida al Ministerio se “violó el artículo 151 de la Constitución, según el cual el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias previstos en las leyes orgánicas, tales como la Ley 819 de 2003, constituyen un parámetro de constitucionalidad y validez”. Con las cosas así, la Corte declaró inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023.
A pesar de su decisión, la Sala Plena de la Corte determinó que el ministerio liderado por Francia Márquez seguirá con vida hasta el 20 de junio de 2026, fecha límite que le dio al Congreso y al Gobierno para presentar y tramitar una ley para la reación de la cartera en la que se subsanen los errores de la que fue demandada. El alto tribunal analizó que echar abajo la ley inmediatamente podría crear “una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad”.
El término que dio la Corte es de dos periodos constitucionales, es decir, del 20 de julio de 2024 a 20 de junio de 2025 y del 20 de julio de 2025 a 20 de junio de 2026. Para la Sala Plena es un tiempo prudencial para que “que el Legislador, por iniciativa legislativa del Gobierno Nacional, si así lo considera, apruebe la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en cumplimiento de las exigencias y requisitos de aprobación de las leyes previstos en la Constitución y la Ley 819 de 2003″. También, par que “el Gobierno Nacional cuente con un tiempo suficiente para reasignar las funciones que fueron otorgadas al Ministerio de Igualdad y Equidad y lleve a cabo las modificaciones en la administración pública nacional que correspondan para evitar afectaciones a los derechos de los sujetos de especial protección constitucional que son beneficiarios de la política pública que actualmente dirige el Ministerio de Igualdad y Equidad”
La decisión de la Sala Plena del alto tribunal se tomó en su sesión de este miércoles, en el que tenían como uno de los puntos en el orden del día resolver la demanda presentada por congresistas de la oposición como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y el preso exsenador Ciro Ramírez. Aunque —como ha pasado pocas veces desde la llegada al poder de Gustavo Petro— la Procuraduría y el gobierno estuvieron de acuerdo en que la norma debía quedar en firme, la Corte consideró lo contrario.
La ponencia de la magistrada Meneses planteó que la norma con la que se creó la cartera tuvo vicios en el trámite y tendría que ser devuelta para pasar nuevamente por manos del Legislativo. La decisión llega, justamente, en un momento tenso para el gobierno en el que no cuenta con el mismo apoyo que tuvo en 2022 al interior del Capitolio.
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La demanda de la oposición le pedía a la Corte que tumbara la ley con la que se creó el ministerio, argumentando que se desconoció el impacto fiscal que tendría y que, además, fue aprobada sin el quórum suficiente en el Congreso. Dentro del proceso que se adelantó en el alto tribunal, el Ministerio Público señaló que en “el trámite parlamentario de la Ley 2281 de 2013 se tuvo en cuenta la afectación al fisco que se generaría con su aprobación, ya que se estudió la compatibilidad entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica”.
La cartera que dirigía la vicepresidenta Francia Márquez contaba, para este año, con un presupuesto de $1,8 billones y tenía en su nómina cinco viceministros, 20 directores técnicos, 461 profesionales universitarios y otros cargos. Entre unos y otros, eran cerca de 740 puestos.
La decisión del alto tribunal se suma a otras que ha tomado en contra de iniciativas del gobierno Petro, como algunos puntos de la reforma tributaria o el paquete de decisiones con las que se decretó el estado de emergencia en La Guajira y que fueron declaradas inexequibles una a una por la Sala Plena. En este caso, como en los otros mencionados, el magistrado Vladimir Fernández Hernández se declaró impedido por haber hecho parte del gobierno Petro durante el trámite de esas decisiones.
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