Corte Suprema admite demanda que podría tumbar condenas en caso de grafitero Diego Becerra

El grafitero de 16 años, Diego Felipe Becerra, fue asesinado en agosto de 2011 en la calle 116 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá, por un patrullero de la Policía. El crimen, además, trató de ser maquillado por la institución que lo presentó a él como un delincuente y no como lo que era: un artista. Desde ese momento, su familia inició una lucha para encontrar la verdad y limpiar su nombre que, simbólicamente, concluyó el pasado 31 de agosto, cuando el Gobierno, el Ministerio de Defensa y la Policía, pidieron disculpas públicas y reconocieron su responsabilidad en el crimen. También, en 12 años que lleva la familia luchando, tuvieron logros judiciales que, ahora, desde la Corte Suprema de Justicia, podrían venirse abajo.

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El alto tribunal admitió la revisión de una demanda con la que la defensa de los policías condenados dentro del caso de Diego Felipe Becerra piden que se tumben las condenas en su contra. Este jueves, los abogados de los subintendentes en retiro Juan Carlos Leal Barrero y Fleyber Leanrdo Zarabanda, del entonces asesor jurídico de la Policía de Bogotá, Héctor Hernando Ruíz; y del coronel en retiro Nelson de Jesús Arevalo, argumentaron ante los magistrados de la Sala Penal los motivos de su pretención dentro del caso.

En diálogo con Caracol Radio, el abogado Christian Ramírez, defensor del coronel Arévalo, manifestó que a su cliente se le vulneró el derecho al debido proceso, y el principio de congruencia. El abogado sostiene que en el expediente no se explicó cuáles fueron las conductas delictivas que él cometió y que fue sentenciado solo por haber sido comandante de la Estación de la localidad de Suba, y, según él, por lo mediático del caso de Diego Felipe Becerra.

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En octubre de 2021, la jueza 19 penal de Bogotá dictó sentencia, en primera instancia, contra el coronel Nelson de Jesús Arévalo, el teniente Rósemberg Madrid Orozco, el intendente Juan Carlos Leal, los patrulleros Fleiber Leandro Zarabanda y Wílmer Antonio Alarcón, así como el asesor jurídico de la Policía de Bogotá, Héctor Hernando Ruiz, por la alteración de la escena del crimen del artista. En el caso del coronel Arévalo, fue condenado a 22 años de prisión, porque sus acciones, en palabras de la juez, tuvieron el fin de revictimizar a Diego Felipe al intentar hacerlo pasar por un atracador.

El coronel Arévalo fue hallado responsable de los delitos de fabricación, porte y tenencia de armas y de favorecimiento en homicidio agravado. Para el juzgado, el uniformado tuvo conocimiento de que se conseguiría un arma de fuego para hacer un montaje en el que se señalara al grafitero de estar armado y así justificar que el patrullero Wílmer Alarcón le hubiera disparado.

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Según la sentencia, Arévalo “supo de la obtención del arma y la escenificación” luego de haber sostenido una conversación con los policías que habían acudido a la Avenida Boyacá con Calle 116, en donde ocurrió el asesinato de Becerra Lizarazo, y que había existido un “código de silencio” para concertar una falsa declaración de los acontecimientos en los que se señaló que el adolescente había participado en el atraco a un bus de servicio público.

Por otra parte, el teniente Madrid fue condenado a 11 años de prisión, mientras que el intendente Leal, el patrullero Zarabanda y al exasesor jurídico Ruiz se les dictó una condena de 20 años de cárcel. En esa decisión, también fueron absueltos los entonces coroneles Johan Peña y José Javier Vivas, así como Jorge Eliécer Narváez, conductor de la buseta que atestiguó que Diego Felipe Becerra lo había asaltado antes del supuesto tiroteo con la Policía, y a su esposa Nubia Mahecha, que ratificó la denuncia.

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