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La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena en contra Gustavo de Jesús Sierra Mayo y Mario Mármol Montero por el desplazamiento forzado en 2003 de varias familias campesinas que vivían en la hacienda Las Pavas, ubicada en los municipios de El Peñón y San Martín de Loba (Bolívar), que había sido abandonada años atrás por su propietario.
(En contexto: Adjudicación de la finca Las Pavas a campesinos, atascada en la Agencia de Tierras)
Al resolver la impugnación especial presentada por la defensa de Sierra Mayo y Mármol Montero, la Corte Suprema confirmó de forma parcial la sentencia emitida en febrero de 2022 por el Tribunal Superior de Cartagena, manteniendo la condena de 10 años de prisión contra el exintegrante de las Auc, Mármol Montero, por concierto para delinquir con fines de desplazamiento y desplazamiento forzado.
Asimismo, la Corte modificó la sanción impuesta contra Sierra Mayo, quien en la época representaba al dueño de la propiedad como administrador de la hacienda Las Pavas, dejando su pena en siete años y medio de prisión como responsable del delito de desplazamiento forzado, pues la Sala determinó que el delito de concierto para delinquir en su caso ya estaba prescrito.
El caso Las Pavas
La hacienda Las Pavas es un caso emblemático en materia de despojo de tierras en Colombia. A mediados de 1993, este predio, abandonado por su dueño ante la llegada de la guerrilla a la región, comenzó a ser ocupado por varias familias campesinas que, en 1998, constituyeron la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asoca).
Más tarde, en octubre de 2003, el bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Gustavo de Jesús Sierra Mayo y Mario Mármol Montero, entre otros, reunieron en el establecimiento educativo de Buenos Aires a los campesinos de la hacienda. Debido a las amenazas que les hicieron junto con los paramilitares en dicha reunión, al día siguiente se vieron forzados a abandonar los cultivos y desalojar los terrenos.
Aunque, en 2006, integrantes de Asoca ya habían intentado retornar a Las Pavas para retomar su actividad en los cultivos, solicitado la intervención del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para iniciar el proceso de extinción del dominio del feudo, regresó acompañado de un grupo desconocido fuertemente armado desplazándolos nuevamente. El Incoder fue la entidad de la que nació la finca por adjudicaciones desde 1966, y fue vendida a un señor que se desplazó en 1983.
Con la ponencia del magistrado Gerson Chavera Castro, la Corte Suprema apunta, sobre este delito de desplazamiento forzado, que no sólo “ocurre cuando una persona es expulsada mediante coacción y violencia de su vivienda o el lugar donde duerme, sino también cuando se ve obligada a dejar su “lugar de residencia”, entendido como el espacio físico o territorio en el cual tiene un proyecto de vida y adelanta sus actividades de subsistencia y relación social”.
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