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Un principio de oportunidad que lleva siete meses en trámite en la Fiscalía, fue el motivo por el cual la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia suspendió la colaboración del exfiscal Camilo Bula en los procesos relacionados con el desfalco de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). El alto tribunal tomó esta decisión el pasado lunes 15 de febrero durante una audiencia que se realizó en el marco de la investigación preliminar que adelanta la Corte contra la congresista del partido Conservador, Myriam Paredes, y en el que Bula fue llamado a comparecer como testigo. (Lea también: Caso DNE: a tres fichas del escándalo de corrupción les prescribieron los delitos)
Lo que ocurrió fue que Bula se presentó en la diligencia, pero cuando le pidieron que rindiera su declaración con respecto a los hechos que vincularían a la congresista con el desangre de la DNE, este se negó manifestando que no podía hablar sobre temas que lo obliguen a autoincriminarse, sin contar con la garantía de un principio de oportunidad. Camilo Bula explicó ante el despacho que desde julio de 2020, un grupo de fiscales anticorrupción dejó listo un nuevo principio de oportunidad a su favor sin que, a la fecha, este haya sido resuelto. Por ese motivo, se negó a contar lo que sabe.
Durante la audiencia, Bula remitió copia del intercambio de comunicaciones entre la fiscalía y el Juzgado Penal 25 de Conocimiento de Bogotá que ejerce control de legalidad, a través de los cuales la magistrada de la Sala de Instrucción comprobó lo dicho por el exfiscal, quien purga una condena de 18 años de prisión por su participación en el escándalo del manejo irregular de bienes de la DNE (desde hace 10 meses se encuentra en prisión domiciliaria) y, desde 2013, gracias a un principio de oportunidad, colaboró con la justicia en investigaciones claves como la de Carlos Albornoz, quien recientemente fue condenado a 19 años de cárcel.
De hecho, la indagación preliminar que está adelantando la Corte en contra de Myriam Paredes, nació de una compulsa de copias que hizo la Fiscalía en 2017, por unas pruebas que aportó por Bula entre 2013 y 2015 que salpicaban a la congresista en desfalco de la DNE. De hecho, en 2017, cobijado por el principio de oportunidad, Camilo Bula declaró ante la Fiscalía sobre los presuntos vínculos de paredes con la DNE manifestando que contratistas que trabajaban para la sociedad de la familia Nasser Arana que él liquidó en la DNE, dieron unos recursos que fueron a parar en manos de la congresista en el año 2007.
Lo inquietante es que, pese a la evidente colaboración que Camilo Bula le estaba facilitando a la Fiscalía, luego de su declaración contra Paredes, a finales de 2017, el ente investigador dejó vencer el principio de oportunidad que le posibilitaba que el exfiscal entregara información relevante para las investiaciones. Por ello, el pasado lunes, cuando la magistrada de la Sala de Instrucción comprobó el testigo ya no contaba con la garantía del principio de oportunidad y que el trámite para uno nuevo está estancado desde julio de 2020, solicitó la opinión representante del Ministerio Público, quien aceptó los argumentos de Bula reiterando que no hay posibilidad de obligar a una persona a autoincriminarse.
Entonces el despacho de la Sala de Instrucción solicitó que se requiriera a la Fiscalía para que explicara qué estaba pasando con el principio de oportunidad de Bula y, mientras tanto, suspendió cualquier colaboración o comparecencia del testigo las investigaciones relacionadas con la DNE en las que sea llamado a declarar. Otro aspecto relevante en este asunto es que Camilo Bula ya está próximo a cumplir su sentencia por lo cual se entiende que, por un lado, el exfiscal no declararía en otros procesos sin garantías y, por otro, que quienes tendrían mayor beneficio con la firma del principio de oportunidad son los investigadores de los casos.
El exfiscal antimafia, Camilo Bula, fue condenado a 18 años de prisión por el manejo irregular de bienes en la DNE. Llegó a la entidad como depositario en 2007 y, desde ese cargo, dice el fallo en su contra, les vendió a terceros cuatro bienes incautados a la familia Nasser Arana. A ese clan, procesado por narcotráfico, las autoridades le incautaron 270 propiedades en total: el tesoro más grande que haya manejado Estupefacientes. (Le puede interesar: La corrupción de la DNE reducida al caso Villa Country)
Los cuatro bienes que manejó Bula se vendieron por un valor irreal y el Estado perdió $31.550 millones. En 2011, la corrupción en la DNE se hizo evidente, Bula fue capturado y entonces empezó a negociar con la justicia. Fue así como Bula, cuyas delaciones involucran a más de 30 personas y han conllevado a varias imputaciones de cargos, se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía por el caso DNE. Sus declaraciones iban por buen camino hasta que, en julio de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá le aumentó la pena de 8 a 18 años y toda su colaboración se detuvo.
En ese momento, Bula le explicó a El Espectador que estaba preocupado por la determinación del Tribunal y que, con todo lo que ya había colaborado, no era posible que su pena aumentara. “Me dejaron abandonado. Si hubiese aceptado todos los delitos me hubieran condenado a 20 años, sin arriesgar todo lo que he arriesgado. Estoy amenazado de muerte y mi familia también, y la Fiscalía ni siquiera les ha dado protección. Hoy los hago responsables de cualquier cosa que les pase”.
Pese al monto de su condena, Bula siguió colaborando con la Fiscalía y, en julio de 2019, su familia denunció ante el ente investigador amenazas en su contra. Según su padre, Carlos Bula Camacho, los mensajes intimidatorios estaban relacionados con la colaboración que nunca dejó de prestar su hijo. “Pido a la Fiscalía que investigue cuáles son los motivos de dichas amenazas y tome las acciones inmediatas dado que mi vida y la de mi familia corre peligro”, señaló Bula Camacho.