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La Defensoría del Pueblo solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la EPS SANITAS y a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, velar porque se respete el derecho a la salud y dignidad humana del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo (2004 y 2007), quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota en Bogotá. La entidad solicitó medidas para velar por su correcta atención médica luego de que la defensa pidiera a la entidad que realizara una visita de verificación del estado en que se encuentra.
La entidad encontró que el exmandatario no había recibido ningún tipo de atención en salud, ni tratamientos o fisioterapia desde su llegada a La Picota, en septiembre pasado, pero tampoco contaba con un cuidador o atención por parte de enfermería. Según la Defensoría, estos hechos podrían desencadenar un deterioro en su salud o una perdida anatómica, pues “se trata de una persona adulta, mayor privada de la libertad, sin capacidad para el autocuidado y atención de sus necesidades”.
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Entre las recomendaciones que realizó la Defensoría está la de disponer de un cuidador permanente para la atención de sus necesidades básicas, asegurar la atención médica especializada de ser necesaria, es decir que este pueda ser trasladado de manera oportuna a un centro médico u hospitalario. Finalmente, le solicitó al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que corresponda que le otorgue reclusión domiciliaria u hospitalaria al exmandatario, esto con el fin de que tenga una correcta atención médica.
El exmandatario había sido trasladado en septiembre a la capital de la República desde el Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem) en Cúcuta porque habría incurrido en actos de indisciplina y habría tenido visitas no autorizadas. Las denuncias que ocasionaron su traslado, según reveló el diario La Opinión de Cúcuta, dicen que Suárez Corzo “estaba coordinando dos campañas políticas desde el piso 11 del Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem), en el cual permanecía recluido”.
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Ramiro Suárez Corzo fue condenado a 28 años de prisión por su participación en los hechos que rodearon el homicidio del exasesor de la Alcaldía de la capital nortesantandereana, Enrique Flórez Ramírez, el 16 de octubre de 2003. El asesinato fue perpetrado por paramilitares que delinquían en la región atendiendo una orden del mandatario.
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