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“Confiamos plenamente en la administración de justicia colombiana, para que, a través de ella en este momento cesen las arbitrariedades y los excesos que ha cometido el Ejecutivo respecto a la EPS Sanitas”. Esas fueron las palabras con las que Juan David Riveros, abogado del grupo Keralty en Colombia, del cual es parte la EPS Sanitas, concluyó el anuncio de una serie de acciones judiciales con las que pretende lograr un solo objetivo: recuperar, por todos los medios legales, la posesión de una EPS intervenida por el gobierno de Gustavo Petro.
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Hace dos semanas, la Superintendencia de Salud, dirigida por Luis Carlos Leal, emitió una resolución con la que tomó posesión financiera de la EPS Sanitas, asegurando problemas financieros y que está gastando más de lo que recibe para garantizar la salud de sus 5,7 millones de afiliados, entre otras razones. Keralty respondió presentando una queja disciplinaria, por la cual, la semana pasada, la Procuraduría inició una investigación contra el superintendente Leal. Este 15 de abril, el abogado Riveros denunció a Leal en la Fiscalía por prevaricato y anunció una serie de medidas que, aunque se están confeccionando, prometen convertirse en otro nuevo frente de batalla para el gobierno, esta vez, en los estrados judiciales.
Lo primero, según el abogado Riveros, es presentar una reposición a la resolución de la Supersalud que le permitió al gobierno intervenir la EPS. Esa es por la vía administrativa y se iniciará mañana a primera hora. Si esa acción no tiene resultado, dijo Riveros, el grupo Keralty ya podrá dirigirse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, ante esos tribunales, demandar la nulidad de la resolución de la discordia o presentar una acción de grupo en nombre de sus usuarios solicitando la revocatoria de la cuestionada medida. Asimismo, Riveros aseguró que es probable interponer una acción de tutela, aunque no explicó por cuáles derechos presuntamente vulnerados.
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Una de las acciones que ya se tomó, y que recién es comunicada al público, es la recusación contra el superintendente Leal en la propia Supersalud. Con ese recurso, Keralty pide que el director sea apartado de todo el proceso. Estas fueron sus razones: “Consideramos que estaba impedido para conocer cualquier asunto relacionado con la EPS Sanitas, en la medida que desde antes de ser superintendente, en sus redes sociales, hizo comentarios y ha tomado posiciones que demuestran la animadversión que tiene frente a la EPS y al sistema de salud del país”.
“El gobierno dice que los PQRS (el sistema de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias) han aumentado y que estamos por encima de la media de las quejas. Desconocemos su metodología, pero nuestro dato objetivo es el siguiente: nosotros tenemos alrededor de 73 millones de actos médicos al año y las quejas de 2023 llegan a 185.000. Eso quiere decir que estamos por debajo del 0,2 % de quejas. No estamos contentos con ello y trabajamos arduamente para reducir ese número de quejas. Pero esos datos indican que estamos por debajo de la media del sector y tenemos unos estándares de calidad altos”, agregó el abogado.
Antecedentes: Detalles de la resolución con la que la Supersalud ordenó la intervención de Sanitas
Entre las acciones en el terreno internacional, el grupo Keralty está preparando otra serie de medidas. Para empezar, según Riveros, los inversionistas extranjeros de la organización española le enviaron una carta al Ministerio de Comercio colombiano, notificándole la intención de iniciar una disputar en el marco de los tratados internacionales de protección de inversión. Es decir, una demanda de inversión que puede ser multimillonaria. Asimismo, Riveros aseguró que acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la relatora del derecho a la salud física y mental de las Naciones Unidas, exponiendo un caso considerado, a todas luces, “arbitrario”.
Sobre la denuncia en la Fiscalía contra Leal, aunque no dio muchos detalles, el abogado Riveros explicó que es por el delito de prevaricato, es decir, cuando una autoridad, un juez o un funcionario dicte una resolución injusta, consciente de su ilegalidad. “El delito se comete en el momento en el que el superintendente está impedido y toma una decisión considerada arbitraria. Hay varios argumentos, pero, en esencia, Leal desconoce por completo las normas que regulan un fenómeno de intervención, que están en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Así, toma una decisión que no está prevista en la ley: separar la asamblea de accionistas. Le están quitando a unas personas los derechos que tienen con base a unas acciones que tienen en una sociedad”, explicó el representante de Keralty.
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La Procuraduría, por su parte, avanza en los procesos de sus competencias en dos frentes. El primero, correspondiente a la Sala Disciplinaria, en un expediente que investiga la conducta del superintendente Leal por una presunta “falta de motivación” a la hora de tomar posesión de la EPS Sanitas. Este despacho de la Procuraduría está facultado para suspender, si así lo considera, al superintendente Leal por un término de tres meses, si encuentra que puede reiterar conductas que lo lleven a intervenir otras EPS o a realizar conductas señaladas en la queja en su contra.
De otro lado, la procuraduría delegada para la conciliación administrativa, en cabeza de Luis Ramiro Escandón, realizó hace 10 días una inspección a la Superintendencia y encontró que, prácticamente, no tenían un expediente armado para sustentar la intervención a Sanitas. “Se demoraron cinco horas tratando de armar algo y a las 10 de la noche nos entregaron lo que pudieron entregar”, le dijo Leal a este diario. Asimismo, el procurador, por su cuenta, está estudiando medidas ante el contencioso administrativo y pronto podría dar a conocer una demanda de nulidad contra la resolución que tiene a las partes en conflicto.
El superintendente Leal, por su parte, atendió a periodistas a la salida de la Corte Constitucional y aseguró que “la Superintendencia ha actuado de acuerdo con las normas vigentes y con la ley. La medida de intervención forzosa administrativa frente a Sanitas, Nueva EPS y SOS, tiene toda la argumentación y el sustento jurídico para darse”. Y, sobre la recusación, señaló que sus opiniones sobre el sistema de salud están protegidas por la misma alta corte y que, si Sanitas se vio afectada, él solo cumplía con su trabajo como concejal de Bogotá. En todo caso, Leal aseguró no sentirse asediado por este arsenal de acciones jurídicas, pues está “dispuesto a responderle a la justicia de manera oportuna”.