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El exprimer ministro italiano Massimo D’Alema está siendo investigado por la Fiscalía de Nápoles (sur) por su intento de mediar en la venta de varias naves y aviones de guerra de dos empresas italianas al Gobierno colombiano. En los negocios, según el medio italiano “Corriere della Sera”, hubo una supuesta participación de importantes políticos durante la administración de Iván Duque así como del excapitán del Ejército y antiguo paramilitar Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias don Antonio, un hombre que fue clave en la expansión del grupo criminal a principios de los 2000.
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don Antonio fue condenado a ocho años de prisión por orden de la Corte Suprema de Justicia y en 2014 recobró su libertad, siendo uno de los primeros líderes paras que recobró la libertad. El excapitán del Ejército y entonces mano derecha del exjefe paramilitar Jorge 40, fue considerado responsable de la barbarie sufrida por 1.501 víctimas, cuando el Bloque Norte de las Autodefensas se tomó la costa Caribe, entre los años 90 y el inicio de los 2.000. El exparamiltar tuvo que responder por los crímenes de desaparición, homicidio, tortura, apropiación de bienes, amenazas, desplazamiento forzado, hurto, despojo, secuestro y privación del debido proceso.
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Aunque en 2014, casi una década después de su regreso a las calles en plena libertad, don Antonio le pidió perdón a varias de las víctimas de los delitos que cometió; una reciente decisión de la Corte Suprema (abril de 2023) le ordenó realizar un nuevo acto de perdón por los crímenes que ordenó y que permitió. Además, le reiteró, así como lo indicó el primer tribunal en condenarlo en 2014, que debe educarse en derechos humanos por más de 100 horas. Aunque el ofrecimiento de disculpas le es esquivo, del cumplimiento de la orden judicial dependen los beneficios que aceptó hace casi 20 años cuando se acogió a Justicia y Paz.
Don Antonio también es conocido en los expedientes judiciales como el hombre que llevaba las finanzas del Bloque Norte de las AUC en un computador, el cual fue clave para adelantar varios procesos contra políticos y empresarios que se aliaron con la estructura paramilitar de Jorge 40 y los hermanos Castaño a finales de los años noventa y principios de los 2000. Por ese computador portátil tuvieron que rendir cuentas Jorge Visbal Martelo, exsenador del partido de la U y diplomático durante el gobierno de Álvaro Uribe y la exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, Silvia Gette.
El negocio colomboitaliano
Los hechos en el que, supuestamente, participó don Antonio consistió en una operación por la que esperaban repartirse 80 millones de euros con otros participantes en la mediación liderada por el exministro D’Alema. Lo que presuntamente hizo D’Alema fue contactar a los colombianos con la firma Robert Allen, una firma de abogados estadounidense que se encargarían de legalizar y administrar un contrato para comprarles a las empresas italianas Leonardo y Finmecanica, modernos armamentos para las Fuerzas Armadas.
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La investigación también fue compartida a través de la cuenta de Twitter del presidente Gustavo Petro, quien le solicitó a la Fiscalía colombiana investigar los hechos. La petición del primer mandatario tiene que ver con que medios de comunicación italianos también menciona la posible relación de Marta Lucía Ramírez, canciller y vicepresidenta de Colombia, Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, delegados de la comisión del Senado de Colombia en la época de los negocios. Un acusación que ya fue negada por la exvicepresidente y el entonces ministro de Defensa Diego Molano, quien aseguró que fue el propio gobierno colombiano quien advirtió a Italia de estas irregularidades.
De esta manera, don Antonio y otro exparamilitar, Óscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida, presuntamente participaron del equipo de trabajo colombiano que funcionaba como intermediario para la compra del material de guerra. En la misma publicación de ayer del periódico “Corriere della Sera”, se incluye a Alessandro Profumo, exconsejero de administración de Leonardo, y a Giuseppe Giordo, exdirector general de la división de buques de guerra de Fincantieri, entre otros. Mientras tanto, se están efectuando varios registros en la sede de las empresas y residencias de los investigados.
El problema radica en que los enlaces de los negocios no se realizaron entre los Estados sino entre particulares. Se trata de los intermediarios italianos en la venta de armas Francesco Amato y Emanuele Caruso, acusados por la justicia napolitana de falsedad de documentos, estafa y suplantación de persona. Los dos hombres trabajaron como consultores para la cooperación internacional de la Cancillería de Colombia y lograron tener contacto con D’Alema, quien por su amplia y conocida trayectoria política actuó como mediador informal en las relaciones con Profumo y Giordocomo, según “Corriere della Sera”.
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