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Gustavo Gómez rechazó su designación como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por medio de una carta dirigida a la Presidencia. Aunque El Espectador confirmó esta decisión, aún no se logran conocer de manera precisa los motivos que lo llevaron a tomarla. Gómez iba a recibirle el cargo Paula Robledo Silva, quien ya fue nombrada de manera oficial como nueva directora jurídica de Presidencia.
Una de las hipótesis que se plantean frente a su decisión es que se vería obligado a tener un retiro forzoso debido a su edad (71 años), el cual es propio de los funcionarios judiciales luego de que cumplen los 70 años. Además, según expuso El Tiempo, sus comentarios en varias entrevistas, sobre las posibles soluciones que plantearía en el proceso con Thomas Greg & Sons, no fueron bien recibidos en la Presidencia. Dicho diario también planteó que frente a las incertidumbres alrededor de su nombramiento, prefirió “dar un paso al costado”.
Gustavo Gómez había sido elegido como reemplazo de Martha Lucía Zamora en la Agencia y designado por el Presidente Gustavo Petro a finales de febrero de este año. Su papel en la Agencia era proteger los intereses del Estado en los procesos en los que ha sido demandado y que, según cálculos oficiales, significan pretensiones superiores a los $500 billones.
Según el Centro de Arbitraje y Conciliación, Gómez Aranguren lleva 38 años de su vida de trabajo en la Rama Judicial, además fue presidente del Consejo de Estado. Sumado a esto se desempeñó como juez municipal, de familia, civil del circuito, de instrucción criminal y fiscal del juzgado tercero superior de Tunja. También fue magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, estuvo siete años como magistrado del Consejo de Estado en la Sección Segunda, hasta que en 2011 fue vicepresidente de esa corporación y en 2012 presidente de la misma.
La anterior directora de la Agencia, Martha Lucía Zamora, habría renunciado tras el lío que se formó por su llamado a conciliar con Thomas Greg & Son para evitar una demanda de $117.000 millones luego de que se cayera la licitación para la elaboración de pasaportes. En su momento se dijo que Álvaro Leyva le habría gritado a Zamora, reclamándole por el manejo del proceso legal de la demanda. El incidente se habría originado debido a que Leyva es partidario de no conciliar con la empresa.
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