Gustavo Morales busca revocar millonaria sanción de la Procuraduría

El exsuperintendente de salud fue sancionado con una multa de $128 millones. / Luis Ángel - El Espectador.

Esta semana se conoció de la sanción impuesta por la Procuraduría al exsuperintendente de salud, Gustavo Morales con una multa equivalente a $128 millones. ¿La razón? El funcionario hizo públicos datos que hacían parte de un proceso que estaba en su despacho y que anticipó su decisión en una entrevista a un medio de comunicación, en la que igualmente se refirió a la salida de cinco superintendentes delegados de la entidad.

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Pero Morales Cobo no estuvo de acuerdo con esta sanción y a través de su abogado presentó un recurso de apelación a la decisión emitida por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa el pasado 27 de diciembre. En dicha apelación, conocida por El Espectador, se señalan 11 puntos por los cuales la decisión de la Procuraduría debe ser revocada y se debe modular la sanción impuesta. El primero de ellos tiene que ver con la violación del principio de tipicidad, ya que, según la defensa del exsuperintendente, el quejoso nunca citó la norma violada.

“El fallo no menciona la norma que presuntamente prohíbe al Superintendente Nacional de Salud informar a la ciudadanía sobre asuntos que son de su conocimiento en desarrollo de sus funciones”, asegura el documento. La queja en este caso fue presentada por el abogado Abelardo de la Espriella en nombre de la empresa Salud Andina EPS. Según el quejoso, Morales Cobo como Superintendente de Salud habría incurrido en falta disciplinaria el 5 de julio de 2013 al conceder una entrevista en Blu Radio en el que pedía la renuncia de sus superintendentes delegados.

“Es así como informó a los periodistas que lo entrevistaban y, por lo tanto, a todos sus oyentes, que se corría el grave riesgo de permitir que SALUD ANDINA EPS S.A. fuera habilitada como prestadora de esos servicios en la región de la Costa Atlántica, en atención a que uno de sus socios de la misma, el ciudadano Gerardo Vecino Villarreal, era señalado por varios paramilitares con uno de sus patrocinadores o auspiciadores, y que esos comportamientos ilícitos los habría desplegado esta persona principalmente en el municipio de Soledad, en el Departamento del Atlántico”, se lee en la queja de Abelardo de la Espriella.

Para la defensa de Morales Cobo, la procuradora del caso omitió la norma violada, es decir la estipulada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y, además, cita la violación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo que “es una norma general que no regula el trámite de habilitación para las EPS, ni establece reservas sobre documentos oficiales y que por consiguiente, es una disposición que no permite la adecuación típica de la conducta”.

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De igual modo, se argumenta la violación al debido proceso por ambigüedad del cargo formulado y la conducta reprochada. Según el documento de apelación, el cargo imputado por el Ministerio Público “se caracteriza por ser confuso, ambiguo e indeterminado”. “No se pueda saber si la conducta objeto de reproche consistió en (i) la presunta revelación de información reservada, (ii) la presunta violación de la imparcialidad en la decisión o (iii) la presunta anticipación a terceros del sentido de la decisión”, se lee en el documento.

Adicionalmente, para el exfuncionario resulta paradójico que la Procuraduría, en vez de apoyar las denuncias que en su momento hizo el funcionario a través del medio radial, opte por imponer una sanción y no por vigilar lo denunciado. “Solicito al Despacho se tome en consideración que la actuación desplegada por el Disciplinado tuvo como finalidad la protección de los recursos del sector salud y esa fue la motivación que le llevó a realizar las declaraciones ante los medios de comunicación”, asegura la apelación.