Hay un cartel de falsos testigos: Drummond le responde a la JEP y a exparamilitar

Durante la década de 1980, Drummond adquirió los derechos mineros de importantes reservas de carbón en el norte de Colombia, cerca de La Loma, Cesar, e inició su explotación a mediados de la década de 1990.

El exparamilitar Jairo de Jesús Charris Castro, quien está condenado a 30 años por homicidio, dejó una papa caliente en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Cumpliendo los requisitos para ingresar al sistema de justicia transicional y aportando su verdad del conflicto, señaló que Augusto Jiménez Mejía, presidente de la multinacional carbonífera Drummond entre 1989 y 2019, sabría de los asesinatos que paramilitares perpetraron contra líderes sindicales de la misma empresa.

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En un comunicado público, Drummond señaló, de entrada, que contra la multinacional hay “un cartel de falsos testigos”. Y que dicha red, supuestamente, está promovida por abogados estadounidenses y colombianos, que pretenden enriquecerse demandando a la compañía en el país norteamericano. Según la teoría de Drummond, lo único que han logrado esos representantes judiciales es mantener una mentira ante la Fiscalía y ahora la JEP.

“Charris miente al señalar a Drummond y a sus directivos de tener relación con homicidios perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Miente para beneficiarse a sí mismo. Primero, recibió pagos sustanciales de abogados que intentaban ganar dinero en una demanda en los Estados Unidos (…) Ahora, Charris está contándole sus mentiras a la JEP para que le conceda la libertad”, señaló la multinacional.

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Y no se quedó ahí, pues dio a entender que Charris habría intentado extorsionar a Drummond y que el exparamilitar ha tratado de perjudicar a la empresa en procesos internacionales, llevándose a cambio, presuntamente, hasta $60 millones.  Drummond concluyó que no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con organizaciones al margen de la ley, independientemente de su origen.

Charris, por su parte, relató las circunstancias en las que perdieron la vida los líderes sindicales Valmore Locarno Rodríguez, Gustavo Soler Mora y Víctor Hugo Orcasita Amaya. Los datos, según la JEP, son los mismos que conoce la justicia ordinaria en el que dan cuenta de las personas que participaron en los asesinatos y señaló, sin presentar mayor detalles o pruebas, que la orden de eliminar a los líderes sindicales provenía de las oficinas de la multinacional en Estados Unidos.

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En su relato también trajo a colación a Jaime Blanco Maya, quien era un contratista de la Drummond que también terminó condenado a 37 años de prisión por los nexos con el paramilitarismo en la década de los 90 y por los homicidios de los sindicalistas. Charris Castro mencionó que para la planeación de los asesinatos hubo varias reuniones en las que participó Blanco Maya y Jean Jakin, quien para ese momento era el director de seguridad.

Sin embargo, según comunicó Drummond, de Blanco Maya se conocen hasta tres declaraciones ante diversas autoridades de justicia, en las que afirmaría que los ejecutivos de Drummond nada tuvieron que ver con dichos asesinatos. “Sin embargo, Blanco recibió pagos por más de $120 millones de pesos y, desde entonces, modificó su declaración para involucrar a Drummond y sus ejecutivos”, señaló la multinacional, sin anexar prueba alguna.

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