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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no admitió a dos políticos de renombre condenados y dos civiles investigados, quienes conocerían a fondo el episodio paramilitar de las Auc en Bolívar en la primera década del 2000. Se trata del exrepresentante a la Cámara por ese departamento Miguel Ángel Rangel, condenado en 2010 por parapolítica; Lucio Rangel, exalcalde de Pinillos, sentenciado por lo mismo; y los particulares acusados Uldarico Toloza y Héctor Rodelo.
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Los cuatro habían sido condenados y acusados por una serie de eventos sucedidos en Bolívar, presididos por la Casa Castaño y el exparamilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, con el objetivo de control militar y políticamente todo el departamento. La denominada coalición “Comisión Reguladora del Sur de Bolívar”, con la cual se buscaba unificar sur, centro y norte de la región para apoyar las campañas políticas del exrepresentante Alfonso López Cossio (2002-2006).
Los cuatro investigados intentaron entrar a la JEP en 2019, para recibir beneficios a cambio de información para esclarecer el periodo paramilitar en Bolívar. Sin embargo, las propuestas de los cuatro fueron en algunos casos calificadas como una “burla” y en otros no fueron suficientes para obtener la inclusión. Para empezar, el exrepresentante Miguel Ángel Rangel presentó su solicitud, pero dejó caducar el periodo contemplado para realizar el trámite.
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“Y en lo que atañe a la conducta renuente del señor Lucio Rangel Sosa (exalcalde de Pinillos) a dar respuesta a los requerimientos que se le hicieron por la magistrada sustanciadora de la Sala para que suscribiera el acta de sometimiento a la JEP (…) debe decirse que constituye una burla e irrespeto con las víctimas y la justicia, que no puede tener una respuesta distinta a rechazar su solicitud de sometimiento y excluirlo en forma definitiva de esta justicia transicional”, explicó la JEP.
Sobre Héctor Rodelo y Uldarico Toloza, la Fiscalía los tiene acusados por presuntamente haber sido designados presidente y secretario, respectivamente, de una reunión comandada por alias Ernesto Baez, en septiembre de 2003. En ese encuentro, denominado “Movimiento Provincias Unidas de Bolívar”, se decidió que Alfonso López Cossio sería candidato a la gobernación de Bolívar. Además, en agosto de 2003, habrían participado en el denominado “Pacto Barranco de Loba”, organizado por el Bloque Central Bolívar de las Auc.
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Sobre ambos, quienes intentaron ser acogidos en la JEP estando en pleno juicio penal, la JEP concluyó: “No presentaron propuestas genuinas y auténticas de verdad que contribuyan a la realización de los objetivos de la justicia transicional, pues no aportan información que coadyuve a esclarecer las razones por las cuales los líderes políticos y económicos regionales coadyuvaron a la consolidación de grupos armados ilegales que tanto daño hicieron a la población civil”.
Rodelo mencionó que podría aportar la verdad sobre desplazamientos, homicidios selectivos y masacres en Bolívar, perpetrados por paramilitares. Sin embargo, su proyecto de aportes no resulta nada distinto a lo que la justicia ordinaria ya ha reconstruido sobre la zona. Uldarico Toloza señaló que narraría en qué consistió su participación política y prometió crear talleres sobre justicia transicional y democracia. Sin embargo, la JEP consideró que tendría una presunta afinidad tan grande con los “paras” que su promesa de verdad se quedó corta.
“Un hecho indicador de su afinidad con las Auc es el apoyo que brindó de manera constante a Libardo Simancas, quien finalmente fue el candidato a la gobernación del departamento de Bolívar en el año 2003 por imposición de Mancuso a solicitud de Enilce López alias ‘La Gata’. Respaldo que no fue casual, pues de acuerdo con la indagatoria rendida por el señor Uldarico Toloza, el señor Simancas Torres cuando fue Secretario de Interior y de Gobierno del departamento de Bolívar era su jefe directo”, agregó la JEP.
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Sobre el historial del exrepresentante Rangel Sosa, la JEP mencionó que paramilitares testificaron en su contra, acusándolo de incendiar en 1999 el palacio municipal de Pinillos. Para el 2001, en municipios de Bolívar, gestionó reuniones con paramilitares para alcanzar su curul en el Congreso, entre 2002 y 2006. Durante su periodo, incluso, nombró en su Unidad de Trabajo Legislativo a Blanca Dilia Duque, hermana de Ernesto Báez.
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