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La Corte Constitucional acaba de ponerle punto final a una duda que la defensa de los militares investigados por la masacre en la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguizamo (Putumayo), en marzo de 2022: ¿el caso debía ser investigado por la Fiscalía o por la Justicia Penal Militar? Para la alta corte, encargada de resolver estos conflictos de competencia, el ente investigador debe ser quien estudie estos crudos hechos considerados graves violaciones de derechos humanos y que involucran a 25 servidores públicos.
Antecedentes: Fiscalía imputará a militares por masacre en Alto Remanso, Putumayo
“La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad penal, es competente para conocer de las investigaciones penales contra miembros de la Fuerza Pública, cuando hay duda de que los delitos investigados tengan una relación directa, próxima y evidente con el servicio. Y/o cuando se trata de casos de posibles graves violaciones de derechos humanos. En estos eventos se desvirtúa el elemento funcional como requisito necesario para activar el fuero penal militar”, señala la Corte Constitucional, en el fallo.
La Corte Constitucional observó que, el 28 de marzo de 2022, durante la ejecución de la operación militar, un joven de nombre Carlos, de 16 años, falleció en circunstancias pendientes por esclarecer y la joven Juliana, de 17 años, resultó herida por disparo de arma de fuego mientras se encontraba en la habitación de su casa, donde le tocó resguardarse de la “balacera”. Ella fue trasladada en helicóptero a la clínica por personal militar y auxiliar de enfermería. En la consulta médica informó que estaba embarazada. Asimismo, la Fiscalía investiga el homicidio del presidente de la Junta de Acción Comunal del caserio. Por tanto, para la alta corte, “los anteriores elementos permiten considerar que los hechos ocurridos podrían constituir una grave violación a los Derechos Humanos”.
Lo último que se sabía del caso era que, a mediados de 2023, la Fiscalía ya tenía todo listo para imputar a los 25 militares por el delito de homicidio en persona protegida. Una denuncia pública de esa comunidad y una investigación periodística entre El Espectador, la revista Cambio y el medio Voragine, señalaron que, basados en un supuesto operativo contra el narcotráfico, un grupo de militares asesinaron a 11 personas, entre ellos una autoridad indígena y un joven de 16 años. Que manipularon la escena del crimen y que, en definitiva, entraron a sangre y fuego a un bazar comunitario.
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Sin embargo, cuando la Fiscalía estaba por llevar a imputación a los militares, su defensa presentó un conflicto de competencias para intentar llevar el caso a la Justicia Penal Militar. Cabe aclarar que, en 2022, la misma justicia castrense ya se había negado a estudiar el expediente. Así las cosas, con la decisión de la Corte Constitucional, la Fiscalía ya tiene luz verde para vincular a un caso penal formalmente a estos militares que pertenecieron al Batallón contra el Narcotráfico Número 3.
En su momento, este diario conoció que el fiscal del caso iba a ordenar la captura de 25 uniformados (un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados profesionales) para imputarles el delito de homicidio en persona protegida y pedirá que sean enviados a una cárcel de manera preventiva, mientras el proceso avanza. Paralelo a ello, la Procuraduría tiene abierta una investigación disciplinaria contra varios oficiales del Ejército, por las irregularidades dentro del operativo.
La investigación de la Entidad incluyó al brigadier general, Walther Adrián Giraldo Jiménez, al coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, al teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza, y los cabos primeros Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango. El caso está en poder de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría.
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