La acusación contra el gobernador de Amazonas por contrato COVID-19

El Gobernador de Amazonas, Jesús Galindo Cedeño./ Gobernación del Amazonas

La Fiscalía acaba de radicar el escrito de acusación en contra del actual gobernador de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, investigado desde 2020 por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por un convenio firmado en plena contingencia del COVID-19. El Espectador conoció el documento de 37 páginas que fue radicado el pasado 14 de mayo de 2021 por el fiscal Julio Ospino ante la Secretaría de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, en donde se adelantará su juicio. Este diario también conoció que el 7 de abril pasado, de manera virtual, la Fiscalía le imputó cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero Galdino no los aceptó y el ente investigador no solicitó prisión preventiva en su contra mientras su proceso avanza.

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Galdino, médico de profesión, fue elegido en 2019 con más de 11.000 votos, como parte de una alianza política entre el Centro Democrático y el Partido Conservador. Además, dobló la votación del candidato del Partido Liberal que quedó en segundo lugar. Para entender el expediente contra el gobernador hay que remontarse a mayo de 2020, en pleno confinamiento nacional decretado por el Gobierno para evitar la propagación de este tipo de coronavirus, cuando Galdino apenas llevaba tres meses en el cargo. En ese momento, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría pusieron sus ojos sobre cientos de contratos celebrados por gobernaciones y alcaldías para apoyar a los sectores sociales más vulnerables y afectados económicamente por la pandemia en la actividad comercial.

Las autoridades recibieron denuncias sobre irregularidades en esos convenios, entre ellos uno suscrito por el gobernador Galdino el 6 de abril de 2020, que tenía como fin “el suministro de alimentos para el programa PAE en el marco de la emergencia económica, social y ecológica del COVID-19” por un valor de $429 millones. Según la Fiscalía, su trámite y celebración violaron principios de la contratación estatal “como la transparencia, economía y responsabilidad”, entre otros. El ente investigador dice que Galdino suspendió, a finales de abril de 2020, un contrato de esa misma naturaleza suscrito en diciembre de 2019 por la gobernación anterior por más de $4.000 millones y que se iba ejecutar durante el año escolar de 2020.

En el documento conocido por este diario el ente investigador dice que esa suspensión no tuvo el aval del contratista y que, hacia finales de marzo, cuando el gobierno de Iván Duque y la Organización Mundial de la Salud decretaron la emergencia sanitaria, el gobernador declaró la urgencia manifiesta, escenario que les permitió a él y otros gobernadores adelantar procesos de contratación directa relacionados con acciones para mitigar la crisis sanitaria del coronavirus. Lo que le reprocha el ente investigador es que se “desconociera sin justificación” la existencia de un contrato previo para alimentar a los menores de edad del departamento durante 2020 y no llegar a un acuerdo con el contratista que había ganado ese convenio.

“El gobernador, a través de su secretario de Educación, no aceptó las diferentes solicitudes que realizó el gerente de la firma contratista Consorcio Alimentación Infantil 2020, dirigidas a la realización de unas mesas de trabajo que permitieran establecer nuevos lineamientos, derivados de la contingencia sanitaria y de esta forma proseguir con su ejecución como lo venía ejecutando de manera adecuada”, señaló la Fiscalía. Además, también dice que la cabeza de dicho consorcio fue excluida del nuevo contrato sin justificación. Incluso, en septiembre de 2020, la Fiscalía dice que la Gobernación logró ajustar el contrato con el consorcio con el fin de que entregara las raciones de comida en casa, hecho que demostraría la irregularidad del contrato firmado en abril.

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“El gobernador Jesús Galdino Cedeño era consciente de que el trámite contractual aludido se adelantaba y prosiguió de forma irregular (...) sabía que el adelantamiento del proceso contractual sin el cumplimiento de sus requisitos legales no garantizaba la correcta realización de actuación contractual; era de su exclusivo resorte y responsabilidad la suspensión, vigilancia y control de esa actividad por ser el ordenador del gasto y representante legal del departamento (...) ese nuevo contrato condujo a realizar una erogación más cuando ya existía uno previamente y con el mismo objeto”, concluye el escrito de acusación contra Galdino, quien se contagió de COVID-19 a finales de enero de 2021, pero no presentó mayores percances de salud.

La defensa del gobernador

Álvaro Rolando Pérez, abogado del gobernador, le dijo a este diario que esa es una de las regiones del país que mejor ha dado tratamiento a la crisis sanitaria y que de ella tiene que ver mucho su defendido. “Amazonas limita con el Perú y Brasil, que son dos de los agentes de más contagio de COVID-19 y ha servido como modelo para otros países en el sentido de cómo combatir la pandemia y, en ese mismo orden de ideas, la labor del gobernador se enfoca en atenderlo inmediata, eficaz y eficientemente”. Según el mismo abogado, el Gobierno Nacional, en medio de la pandemia, otorgó unos créditos a las entidades territoriales, municipios y departamentos en los que ellos aportan un 80 % del pago y los gobiernos locales el restante.

“El gobernador le presenta esta oportunidad a su departamento jurídico, este lo estudia y abre una convocatoria para que se pudiera atender urgente e inmediatamente el tema de COVID-19. Y así lo hizo. Paralelamente, hay un fallo de tutela que le ordena al gobernador tomar la medida que corresponda y que necesite para que no se vaya a propagar el coronavirus en el departamento. El gobernador lo que hace es presentar el caso para aquellos que pudieran seguir atendiéndolo y eso implicaba la atención de comida servida en colegios. Al no haber este servicio, porque los niños no estaban yendo al colegio, tiene que presentar una empresa que lleve a cada casa los alimentos y así lo hace. Ninguno de los principios de contratación fue vulnerado”, apuntó el abogado.

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A renglón seguido el penalista afirmó que se cumplió con todo lo contemplado y que incluso el Gobierno aportó el 80 % del dinero del contrato ahora cuestionado. “Se cambió el contratista que venía prestando el servicio porque el objeto del contrato cambió. En la mayoría de los casos, la Fiscalía pide medida de aseguramiento y esta vez no lo hizo. Hemos demostrado que estos documentos que hoy hacen parte del proceso son públicos y que no hay forma de permear la prueba, que el gobernador no les ha huido a las autoridades, Esto deja ver en buena medida cómo ha sido la actuación de mi defendido”, puntualizó el abogado Álvaro Rolando Pérez, quien aseguró que aún no hay fecha programada para la lectura del escrito de acusación.