Lo que dijeron los testigos contra Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema

Luis Alfredo Ramos, fue precandidato por el Centro Democrático en las elecciones de 2018.

La Corte Suprema acaba de condenar a cerca de ocho años de prisión al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero por las alianzas que tuvo durante años con dos bloques paramilitares (Metro y el Centauros) y con la cúpula de los Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), lideradas por el los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. Se trata de un expediente que duró casi una década en resolverse y que era uno de los más esperados en el mundo político y judicial por lo que representa la figura del curtido político antioqueño a nivel nacional y que, incluso, fue considerado como candidato presidencial en 2018 por el partido de Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático.

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El fallo de 117 páginas, la Corte señaló que su trabajo investigativo arrojó que, entre 2001 y 2007, cuando Ramos fue senador, en Antioquia confluyeron y tenían influencia política varios bloques paramilitares, “en especial, en el Urabá antioqueño, el área metropolitana de Medellín y en el municipio de Bello, fundada en los testimonios de varios de sus líderes y en informes de policía judicial (...) grupos que ejecutaron un intenso y efectivo control social económico y político a través de bandas delincuenciales que giraban en torno a la Oficina de Envigado en cabeza de Don Berna (extraditado narcotraficante y líder de varios bloques paramilitares en Antioquia)”, dice la Corte Suprema en el fallo.

El “Tuso Sierra” y “Don Berna”

El documento con el que la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal argumenta por qué debe ser condenado Ramos indica que este es investigado desde febrero de 2011, luego de que el narcotraficante y financiero del paramilitarismo Juan Carlos El Tuso Sierra declara ante las autoridades contra varios políticos, incluido Ramos. En ese momento, Sierra aseguró que había aportado 10 millones de pesos para la campaña al Senado del político antioqueño a finales de los noventa y principios de este siglo. Por esas declaraciones, El Tuso fue procesado por falso testimonio pero, en marzo de 2019, un juez determinó que la Fiscalía no pudo comprobar que el extraditado narcotraficante mintió.

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“Sierra Ramírez manifestó que entre 1998 y 2002, sin precisar fecha, entregó personalmente a Francisco Zapata Ospina (socio político del exgobernador), en presencia de Ramos Botero, 10 millones de pesos con el objetivo de apoyar su campaña. Gesto que, según el testigo, agradeció Ramos”, dice el documento de la Corte, la cual en 2011 le compulsó copias a la Fiscalía para que investigara a Zapata Ospina y otras 21 personas relacionadas con el caso del exgobernador antioqueño. El alto tribunal dice que el Tuso también acreditó su cercanía con Don Berna y que este lo reclutó y lo hizo jefe de la parte financiera de los bloques paramilitares Cacique Nutibara y Héroes de Granada.

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En cuanto a lo dicho por Don Berna en el caso, la Corte retoma sus declaraciones sobre una reunión en 2005 en la finca la Bellanita, propiedad del condenado empresario Hugo Albeiro Quintero, a la que asistieron Luis Alfredo Ramos y varios jefes paramilitares como alias Ernesto Báez, Julián Bolívar y Alberto Guerrero. La Corte señala que, de acuerdo a lo dicho por Don Berna sobre esta reunión, la idea era que los paramilitares, a través de la incidencia de Ramos, que fue senador entre 2002 y 2006, pudiera realizar en las modificaciones a la Ley de Justicia y Paz que se estaba tramitando en ese momento en el Congreso, “ya que las Auc tenían ambiciones políticas y aspiraban a entrar al Congreso”, dice la Corte.

“Ernesto Báez” y “Alberto Guerrero”

Esta versión de Don Berna fue apoyada por dos exjefes paramilitares: Ernesto Báez y Alberto Guerrero. La finalidad de esa reunión fue el apoyo que los congresistas pudieran ofrecer al proyecto de Justicia y Paz en tránsito en el Congreso, “sin que se pudiera calificar de irrelevante, por constituir la tarea que el procesado (Ramos) podía adelantar en la promoción del grupo ilegal, que la ley se expidiera de conformidad con los intereses de Vicente Castaño, quien se oponía a pagar un solo día de cárcel, según lo sostuvo Ernesto Báez”, dice la Corte suprema en el fallo contra el exgobernador Ramos.

Sobre este punto, el alto tribunal le reprocha a Ramos que no tenía ninguna facultad por parte del Gobierno para reunirse con los líderes paramilitares. “Pues las reuniones solo se podían realizar en las zonas de concentración, circunstancia pregonada por Ernesto Báez al indicar que para ese momento los miembros del Congreso sólo estaban autorizados por el Gobierno para reunirse con las autodefensas en las mesas de negociación de Santafé de Ralito, por ser hombres por fuera de la ley. En esas condiciones (la Corte) desechó la tesis propuesta por el defensor sobre la eventual incursión de Ramos en un error fundado en que creyó que su comportamiento correspondía al que debía asumir como congresista”.

Sobre la relación que tuvieron los paramilitares con políticos antioqueños la Corte Suprema señaló que se deben tener en cuenta las declaraciones de varios jefes paramilitares que operaron en Antioquia durante los años en que se fijó la investigación contra Ramos. Sobre estos hechos dieron cuenta, además de los jefes paramilitares ya mencionados, alias HH, Pedro Bonito y El Alemán. Además, dice el alto tribunal se documentó que integrantes del partido político Alas Equipo Colombia, al que perteneció Ramos, terminaron siendo condenados por el escándalo de la parapolítica: los congresistas Óscar Suárez Mira y Álvaro Araujo Castro.

Carlos Enrique Areiza

Este delincuente relacionado con el mundo criminal de Bello afirmó haber presenciado algunas reuniones en las que se hicieron convenios entre Don Berna y el clan Castaño con empresarios, políticos de la región como Hugo Albeiro Quintero y miembros de la Policía y el Ejército. Areiza, que fue asesinado en 2018, dijo que Ramos también se reunió en 2001 y 2002 en la Bellanita con Vicente Castaño y alias Jota, mano derecha de Doble Cero en el Bloque Metro. Y también dijo que en esa misma finca, pero en 2005, se volvió a reunir con Castaño y el empresario Quintero para preparar el apoyo de las Auc en su aspiración a la Gobernación de Antioquia.

“En particular, afirmó (Areiza), presenció un encuentro en el 2005 en la finca Bellanita en cuyo desarrollo Vicente Castaño Gil entregó a Luis Alfredo Ramos 800 millones de pesos para la campaña a la Gobernación de Antioquia (...) En el 2004, añadió, conoció una reunión que tuvo como objetivo favorecer políticamente a los candidatos afectos a la organización paramilitar, en cuyos convenios participaron además de Ramos, Vicente Castaño y Wilber Varela alias Jabón, reconocido narcotraficante del norte del Valle”, recoge la Corte sobre el testimonio de Areiza, quien trabajó durante años para el empresario Quintero.

El asesinado Areiza declaró en su momento que los vínculos que tuvo con la organización delincuencial de Quintero terminaron aproximadamente en el 2006, cuando empezó el exterminio de varios empleados del empresario, quienes tenían conocimiento de los nexos de este con organizaciones criminales. Añade, que temiendo por su seguridad por ser uno de los hombres de confianza de Quintero y conocer las alianzas de otros personajes de la vida pública con paramilitares. Antes de su asesinato en 2018, la Corte Suprema había solicitado con urgencia a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección salvaguardar su vida, ya que era un testigo clave en el caso Ramos.

Areiza ha sido cuestionado en el caso porque dijo que tenía un video de Ramos recibiendo dinero de los hermanos Castaño en el 2001, pero nunca lo aportó. Luego de su muerte se conoció una declaración ante la Corte de Areiza en la que dice que la carta que presentó en 2012 ante las autoridades confesando que era un falso testigo no la escribió. Señaló que le firmó dos hojas en blanco al abogado Jaime Restrepo, conocido en redes como el Patriota, quien fue enviado por el exsenador uribista Jose Obdulio Gaviria. Además, su nombre salió a relucir en el caso Uribe, cuando la Corte pidió que se investigara su caso por las presuntas irregularidades de funcionarios judiciales en un preacuerdo por falso testimonio.

José Raúl Mira Vélez

El alto tribunal también tuvo en cuenta, por ejemplo, la declaración de José Raúl Mira, exintegrante del bloque Metro de las Auc. Este afirmó que entre 2000 y 2003 Ramos tuvo vínculos con ese grupo paramilitar y los grupos criminales del Valle de Aburrá para que estos operaran sin la oposición de la Fuerza Pública. Como contraprestación, dijo Mira Vélez, estos grupos le conseguían votos y le financiaran la campaña. “Los pactos, sostuvo Mira, fueron sellados en una reunión ocurrida a finales de 2000 en Medellín en el centro comercial Obelisco, en la que participó el integrante del Bloque Metro John Jairo Franco, alias J, a quien el testigo acompañó, y un general de apellido Carrillo”, retoma la Corte Suprema en su fallo.

Fue categórico, dice el alto tribunal, en afirmar que las instrucciones que dio el general Carrillo para que las bandas criminales trabajaran de manera ordenada en Medellín, fueron compartidas por Ramos a quien, según el testigo " no le disgustaba la vaina para limpiar la ciudad, pero tampoco como para salir de los parámetros ( ... ) eso era organizado, no era lo que quisiéramos hacer para poder estar en la zona, se les entregó, se les dio instrucción militar a esos muchachos, se les dio unos fusiles y se les dijo que podían hacer un robo mensual, pero bandido no deja de ser bandido, esos muchachos empezaron a robar a los comerciantes”.

De acuerdo con el testigo Mira Vélez, Carlos Castaño llamó a alias Doble Cero, jefe del bloque Metro, para que Jota “mande apretar a esos muchachos y se divide en dos los combos más fuertes de la banda La Terraza. Bandas o combos que rendían cuentas a Don Berna, algunos de ellos como los de la terraza eran patrocinados por Arturo Quintero, dueño de Bellanita de Transporte y por el doctor Luis Alfredo Ramos, quien les colaboró con transporte y con la legalización de armas en el municipio de Bello”. El testigo, que fue desaparecido forzadamente, dijo que Ramos les colaboró para que relevaran a un comandante de la Policía quien se negó a trabajar con ellos.

Andrés Vélez sobre el Bloque Centauros

Otro contribuyente a la campaña de Ramos, según la Sala de Primera Instancia, fue el comandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave, alias Arcángel, quien operaba en los llanos orientales. El magistrado Caldas reprocha que sus colegas le hayan dado validez al testimonio de Andrés de Jesús Vélez, procesado por falso testimonio en el caso de la exministra Nancy Patricia Gutiérrez. Vélez, quien estuvo en las filas del bloque Centauros asegura, por un lado, que escuchó que su grupo tenía una lista de políticos que apoyarían, y por otro lado, dice haber hecho una gestión concreta por la que se enteró del financiamiento de su jefe a la campaña de Ramos.

Según su versión, le llevó una razón al empresario israelí Alberto Aroch Mugrabi: que Arcángel ordenaba que los dineros que el extranjero venía pagando a las autodefensas por seguridad, ahora fueran canalizados a la campaña de Luis Alfredo Ramos. El empresario, que aceptó cargos por enriquecimiento ilícito en otro caso, ha negado cualquier pago irregular a las autodefensas y dijo no haber hecho aporte alguno al exgobernador de Antioquia. El magistrado Caldas considera que, además de que Vélez es un testigo de oídas, la Corte no tiene más pruebas que su palabra en esta acusación concreta.

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