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En medio del acto de excusas públicas por el magnicidio de Guillermo Cano, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, reconoció en nombre del Estado cómo le fallaron a Guillermo Cano, a su familia, a El Espectador y a los periodistas de este medio de comunicación. Así mismo, reiteró que “como sociedad colombiana rompimos nuestro compromiso de civilidad y respeto por los derechos humanos”, haciendo énfasis en que este no fue un homicidio aislado, criticando cómo el Estado decidió “mirar hacia otro lado”.
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En medio de la ceremonia liderada por el Ministerio de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ministro de Justicia explicó cómo las acciones en contra de Guillermo Cano y El Espectador fueron toda una estrategia, de un grupo muy poderoso, para “borrar” todo el trabajo que en toda su historia ha en el país. Así mismo, señaló que el Estado “indolente, acobardado, cómplice o posiblemente una mezcla de todo lo anterior, pero aun así inexcusable” no hizo nada para frenar estas acciones violentas en contra del medio y las personas que lo conformaban.
Aprovechó la oportunidad para reconocer la labor periodística del medio y de la familia Cano, quienes vieron morir fiscales, jueces y abogados que intentaban investigar el caso y aun así decidieron continuar con su trabajo en el periódico, explica Osuna. Para el ministro, “la libertad de prensa es un valuarte de la democracia” y agradece el compromiso con el legado a 37 años del magnicidio. Se comprometió a instar a la Fiscalía para seguir investigando el caso y a hacer todo lo posible por hacer pervivir la memoria del exdirector, por encima de su victimario.
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El ofrecimiento de excusas que presenta el Estado nace de un trámite ante el Sistema Interamericano de Justicia que comenzó la Sociedad Interamericana de Prensa y la familia Cano, en febrero de 1997. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió el caso ese mismo año, al encontrar probable que la justicia estaba haciendo poco o nada por esclarecer el magnicidio. En febrero de 2001, la CIDH concluyó, a través de un informe de fondo, que el Estado colombiano incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida de Guillermo Cano y que no atendió su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, además de dar protección a las víctimas y sus familiares.
Sin embargo, en 2001, inexplicablemente la CIDH no notificó a las partes del proceso de ese informe de fondo, lo cual era un requisito fundamental para que todos los involucrados se pronunciaran. De hecho, la CIDH emitió unas recomendaciones que nadie siguió, porque nadie se dio cuenta de ese trámite procesal. La familia Cano no tuvo chance de revisar el informe y presentar objeciones con respecto a las medidas consideradas insuficientes en un caso así de emblemático. Recién hasta 2016, gracias a la insistencia de la FLIP, las partes se dieron cuenta del grueso error de la CIDH. Pero ya era muy tarde.
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