Nuevo juicio contra exconcejal Rodríguez Rico por carrusel de la contratación

Exconcejal de Bogotá, José Juan Rodríguez Rico.

La Fiscalía acusó formalmente al exconcejal de Bogotá, José Juan Rodríguez Rico, por tráfico de influencias de servidor público. Es la segunda vez que el ente investigador se compromete a condenar a un exfuncionario público que ya está sentenciado, a siete años de cárcel, por el escándalo del carrusel de la contratación.

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En este expediente, según la Fiscalía, entre 2006 y 2009, Rodríguez Rico habría aprovechado su posición en el concejo para direccionar la contratación de tres personas dentro del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU). Nombres pesados, como la exdirectora Liliana Pardo Gaona; el exsubdirector técnico de Ejecución de obras y una asesora de la dirección, cuyos nombres no entregó la Fiscalía.

“De esta manera, el exconcejal presuntamente quería tener funcionarios cercanos y con poder de decisión en el IDU, que le permitieran incidir en la fase de contratación de la Fase III de Transmilenio por la calle 26; y conocer con anticipación información privilegiada sobre el proceso y los términos contractuales para favorecer a contratistas de obra específicos”, explicó la Fiscalía.

Antecedente: En firme condena contra exdirectora del IDU, Liliana Pardo por Carrusel de Contratación

Justamente, en un expediente paralelo, el Tribunal Superior de Bogotá lo declaró penalmente responsable por “manipular la administración pública de Bogotá a favor de sus intereses personales”. Su delito fue interés indebido en la celebración de contratos.

Según ese proceso, el exconcejal Rodríguez Rico intervino ante el IDU para que fueran direccionados a un contratista especifico las obras de la fase III de Transmilenio, en la calle 26 de Bogotá. Asimismo, que su papel en el Concejo fue clave para favorecer el nombramiento de Liliana Pardo en el IDU, entre 2007 y 2010.

Pardo terminó también condenado, pero a 19 años de prisión, por orden del Tribunal Superior de Bogotá y tras la revisión de la Corte Suprema de Justicia. Gracias a la corrupción de todos los funcionarios públicos, el grupo Nule y contratistas como Emilio Tapia resultaron favorecidos con dinero público.

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