Imputaron a Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, por contratación en Hidroituango

Los tres investigados fueron imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Foto: Cortesía EPM

En la segunda fase de investigaciones penales por el caso de Hidroituango, la Fiscalía les imputó cargos a tres personas claves. Se trata del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, el exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, y el exgerente general de EPM, Federico José Restrepo Posada. En la primera fase fueron imputados Luis Guillermo Gómez, gerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM-Ituango, para la época de los hechos.

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A los tres funcionarios, la Fiscalía les imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Dentro de estas investigaciones, el ente investigador también tiene planeado imputarle cargos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien está al pendiente de conocer la fecha y hora de su audiencia frente al Tribunal Superior de Medellín. Por este delito, los tres señalados se declararon inocentes.

Según la imputación de la Fiscalía, los encargados de la contratación de este macroproyecto habrían escogido a dedo a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la ejecución de este proyecto. Por esto, estos tres funcionarios fueron imputados por interés indebido en la celebración de contratos. Esto, después de que presuntamente rechazaran la postulación de varias empresas extranjeras.

La Fiscalía explicó en un comunicado: “Este contrato estableció que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) tendrían la financiación para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la hidroeléctrica Pescadero – Ituango. Al respecto, el material de prueba da cuenta de que, inicialmente, el proceso de selección fue cambiado y pasó de una invitación internacional a una contratación directa con EPM”.

Mauricio Pava, abogado defensor de Alonso Salazar y Federico Restrepo, dijo en una declaración: “No coincidimos con esta visión y tenemos toda tranquilidad para comparecer frente al juez y demostrar actuaciones transparentes, coherentes. Este juicio será la oportunidad de promover un control social, técnico y transparente que en el futuro permita un acertado y educado ejercicio del poder punitivo”.

Y agregó que: “Oímos la pretensión que demanda la Fiscalía, expresamente indicó que existe delito por haberse actuado en beneficio de Medellín y EPM, descartando de la contratación varias empresas extranjeras como China Three Gorges Corporation (China), Korea Electric Power Corporation (Korea), entre otras. Toda tranquilidad al momento en que comparezcamos frente al juez. Será está la oportunidad de promover un control social, técnico y transparente que en el futuro permita un acertado y educado ejercicio del poder punitivo”.

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Estas investigaciones comenzaron por la grave emergencia que ocurrió durante la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango en 2018. Después de esta emergencia en el proyecto, que para este momento debería estar generando el 17% de la energía del país, se encontraron presuntas irregularidades en la contratación y en el manejo de este macroproyecto energético.

Hasta el momento, la investigación ha vinculado a nueve personas que habrían participado en estas presuntas irregularidades. En primer lugar, con la contratación de esta hidroeléctrica, que por sus retrasos la Contraloría pronostica que será rentable en 32 años. Esta contratación comenzó en 2011 cuando Hidruituando SA y EPM Ituango celebraron un acuerdo de financiación, construcción, operación, mantenimiento y transferencia final de la generadora eléctrica.

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En este acuerdo mencionado, la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) también participaron en el acuerdo que fue entregado, mediante negociación directa, a EPM. En ese momento fue cuando habrían comenzado estas irregularidades que ahora tienen enredado al exalcalde Salazar y a varios funcionarios y particulares.

En un segundo punto, la investigación se enfoca en la licencia ambiental para la desviación temporal del Río Cauca. Según la fiscalía, en 2015, EPM arrancó con varias obras para la desviación de este potente afluente. A pesar de esto, no se habría tramitado la autorización para modificar la licencia ambiental que le habían entregado, como lo exigió el Ministerio de Ambiente. La Fiscalía argumenta que la entidad encargada de conseguir la ampliación de esta licencia habría entregado información falsa para ocultar que existían obras sin el aval ambiental. Por estos hechos se imputará al abogado de EPM e Hidroituando SA, Jesús Ignacio Echavarría, y al director ambiental, Hernán Sánchez Cruz.

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El último eje de la investigación se centra en la contratación de este sistema de desviación. En este sistema fue donde se presentó el colapso que causó la destrucción del puente que comunicaba la vía terrestre con el municipio de Ituango y la inundación de la casa de máquinas del proyecto, que tenía casi un 90% de avance. Esta contratación, que costó más de $127.000 millones, se habría hecho sin estudios suficientes, ni estaba definido su diseño, entre otras omisiones. Por esto, la Fiscalía imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros al entonces vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, Luis Javier Vélez y otros dos empleados públicos.

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