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En el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía sobre posibles irregularidades de contratación en el megaproyecto de Hidroituango, fue imputado el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero. El ente acusador le endilgó el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Junto a él, ya han sido judicializadas otras tres personas claves en el caso de esta contratación. Se trata del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, el exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, y el exgerente general de EPM, Federico José Restrepo Posada.
En el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía sobre posibles irregularidades de contratación en el megaproyecto de Hidroituango, fue imputado el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero. El ente acusador le endilgó el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Junto a él, ya han sido judicializadas otras tres personas claves en el caso de esta contratación. Se trata del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, el exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, y el exgerente general de EPM, Federico José Restrepo Posada.
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La investigaciones de la Fiscalía señalan que hubo irregularidades en la contratación directa con las Empresas Públicas de Medellín (EPM) al entregarle el contrato que sería para construir, operar, poseer, mantener y transferir el proyecto de Hidroituango. A juicio del fiscal del caso, el convenio es una actuación irregular, ya que habrían cambiado las reglas, pasando de una subasta internacional a una negociación directa para favorecer a EPM.
Lo que dijo la Fiscalía, es que Ramos, al parecer, actuó en contravía de los intereses del departamento y cambió su posición respecto al proceso de adjudicación del proyecto. Entre otras cosas, desde el ente acusador dijeron que “en la investigación se conoció que Ramos Botero conoció y avaló cuatro acuerdos, en los que los accionistas nombraron un nuevo gerente de Hidroituango SA ESP y la junta directiva modificó el Manual de Contratación para permitir que uno de los socios, entiéndase EPM, fuera designado como contratista”.
Además, desde la Fiscalía revelaron que el exgobernador realizó varias visitas a la Presidencia de la Republica y a la Consejería de las Regiones, en mayo y junio de 2010, para recibir apoyo a la modalidad de contratación directa que fue escogida de manera irregular y por la cual está nuevamente ante los estrados judiciales.
Comunicado pic.twitter.com/SVDAyXdle9
— Luis Alfredo Ramos (@LuisAlfreRamos) August 10, 2022
Por estos hechos, el exgobernador también condenado por parapolítica, no aceptó responsabilidad en lo que le endilgó la Fiscalía. Mediante un comunicado en sus cuenta de Twitter, aseguró que su actuación en este contrato por el que se le imputó ha sido de acuerdo a la ley. Según el exmandatario, “dejo claro que mis actuaciones como gobernador de Antioquia estuvieron presididas del ánimo de servir al departamento y a Colombia. Debo decir que desde mi función de Gobernador, jamás vi asomo de ilegalidad con respecto al proyecto Hidroituango”.
No obstante, esa no es la hipótesis que tiene la Fiscalía, pues en medio de la diligencia revelaron que “la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquía (IDEA) participaron directamente en la celebración y trámite del citado contrato, el cual fue entregado mediante una negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín”. Esto, según la Fiscalía, porque el IDEA, adscrito a la gobernación, participa como socio de este proyecto.
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La investigación del ente acusador, en este caso, analiza tres ejes para entender lo que sucedió con este macroproyecto: el contrato por el que se investiga a Ramos, la contratación y los permisos ambientales para la desviación del Río Cauca, y la contratación del túnel colapsado. En el caso de los falsos permisos ambientales para la desviación de este afluente, el fiscal del caso dijo que se imputará los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal al abogado de EPM y apoderado de Hidroituango ante la Anla, Jesús Ignacio Echavarría Mejía, y al profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango, Hernán Sánchez Cruz.
En el último frente de la investigación, lo referente a la contratación del túnel colapsado, la Fiscalía imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros al vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, Luis Javier Vélez, al vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM, Wilson Chinchilla, y al director de desarrollo del proyecto Hidroituango, Álvaro León Ospina. Esta investigación busca aclarar lo que sucedió previo al colapso del túnel que causó la emergencia en la hidroeléctrica, que debería estar produciendo el 17% de la energía del país.
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