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La Procuraduría General de la Nación alertó sobre un posible “limbo jurídico” en el que se encontrarían los arrendatarios del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, lugar turístico conocido como islas del Rosario. El problema lo tendrían aquellos arrendatarios a los cuales ya se les venció el plazo del contrato que tenían con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pero aun así siguen pagando los cánones de arrendamiento sin que se les definan las nuevas condiciones contractuales.
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El Ministerio Público explicó que le solicitó a la ANT atender las dudas y preocupaciones, de la manera más pronta posible, que tendrían los arrendatarios por “la falta de claridad jurídica e informalidad en la manera en que se adelantan los procesos de contratación para los nuevos acuerdos de arrendamiento”. Sumado a esto, también se están llevando a cabo procedimientos para la recuperación de baldíos que habían sido indebidamente ocupados. El ente de control insiste en definir la situación, principalmente, de los contratos que se vencieron en diciembre de 2023.
La Procuraduría le informó a la ANT que tienen hasta hoy, 16 de febrero, para responderle al ente de control sobre las preocupaciones que habían expresado los arrendatarios del sector. Además, comunicaron que sienten que la situación evidenció “falta de planeación e improvisación en los procesos contractuales y el futuro de los baldíos de protección especial”, pero aclararon que sus advertencias y recomendaciones son emitidas a modo de vigilancia preventiva más no buscan interferir en decisiones estatales.
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En noviembre del año pasado, por incumplimiento en los contratos de arrendamientos y el abandono de predios, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) realizó dos operativos en las islas del Rosario en las que recuperó los dos espacios que serían claves para la recuperación de la zona. Según informó la entidad, ambos predios sumarían alrededor de 9.750 m² y serían parte de los 13 baldíos que han recuperado el gobierno Nacional en este espacio.
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