Procuraduría confirma sanción contra el exdirector del CTI Julián Quintana

Julián Quintana. Foto: Gustavo Torrijos-El Espectador.

Julián Quintana Torres, como director del CTI de la Fiscalía General dijo en mayo de 2015 en medios de comunicación que Luis Alfonso Hoyos, quien fue asesor espiritual de Óscar Iván Zuluaga en la campaña presidencial de 2014, era el “autor intelectual” y el “determinador” de un delito: ordenar que se recolectara información reservada del proceso de paz que entonces adelantaba el Gobierno y las Farc a través del hacker Andrés Sepúlveda. Por esta afirmación, Hoyos interpuso una queja disciplinaria contra Quintana ante la Procuraduría General en 2015.

En junio de 2019, en primera instancia, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial sancionó a Quintana al encontrar que este se extralimitó en sus funciones al señalar públicamente a Hoyos en una entrevista radial concedida a Blu Radio cuando el caso apenas estaba en etapa de indagación por no respetar la presunción de inocencia. Hoyos, cabe recordar fue absuelto en el proceso penal en 2019. Pero Quintana apeló ante la Sala Disciplinaria de la misma Procuraduría con la esperanza de ser absuelto, pero esto no pasó.

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Aunque la decisión de segunda instancia es de mayo de 2020, apenas se hizo pública este diciembre. Y allí se reiteró que Quintana, como director del CTI, vulneró los derechos fundamentales de Luis Alfonso Hoyos porque presentó a un “indiciado” como “presunto autor” o “presunto determinador” de varios delitos. “No es dable a ningún servidor público presumir la responsabilidad de nadie (…) No le era dable al disciplinado presumir la culpabilidad de Luis Alfonso Hoyos en los delitos que hasta el momento de los hechos estaban pendientes por imputar”.

“La actuación del disciplinado se encuentra enmarcada dentro de la ilicitud sustancial ya que sin razón alguna se extralimitó en sus funciones dando declaraciones en los medios de comunicación que vulneraron los derechos fundamentales de Luis Alfonso Hoyos (…) Existió una afectación superar, nada más y nada menos, que el incumplimiento de uno de los findes esenciales del Estado ya que al disciplinado, como servidor público de sus calidades en el ente investigador, le asistía el deber de proteger y garantizar los derechos fundamentales a la honra y a la presunción de inocencia”, dijo la Procuraduría.

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La Sala Disciplinaria confirmó la sanción impuesta a Quintana, consistente en dos meses de suspensión en el cargo. Y como este ya no está en la Fiscalía, ni es servidor público, esa sanción se convierte en una multa de $48 millones que deberá pagar a su antiguo empleador: la Fiscalía.