La Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación contra cinco agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá y Nacional por los hechos que rodearon la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, registrada el 19 de agosto de 2011.
En la investigación se busca establecer si los uniformados participaron en la manipulación de la escena del crimen y la alteración de los elementos probatorios.
En este sentido el Ministerio Público realiza una serie de practica de pruebas y pesquisas con el fin de determinar si estos cinco uniformados participaron en la "ubicación predeterminada" de un arma de fuego en el lugar con el fin de acusar al joven grafitero de pertenecer a una banda delincuencial.
Esta decisión se desprende de la sanción disciplinaria emitida en contra del patrullero de la Policía Metropolitana, Wilmer Antonio Alarcón en el cual se destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos.
En dicho fallo se estableció que el uniformado colocó cerca del cuerpo del joven una pistola con el propósito de justificar su muerte haciéndola parecer como una reacción del uniformado a un ataque del menor.
Las pruebas periciales allegadas al proceso indican que el joven Diego Felipe no portaba arma alguna y menos aún que con ella le hubiera disparado al uniformado de la Policía.
Así mismo, indica el fallo, el patrullero sin reparo alguno le disparó al menor por la espalda con su arma de dotación, a tan solo un metro y 30 centímetros de distancia, sin atender su obligación de extremar las medidas de seguridad y protección de la vida de la persona a quien perseguía.
Además, para ocultar su error contribuyó en la alteración de la escena de los hechos al asegurar que el joven había atracado, en compañía de dos amigos, un bus de servicio público.