:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/GnlGxEa9Daq7A9_uK2llC96qETs=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/DLXWPEKYQBAFHO7HMQ3TNNBGWI.jpg)
La Procuraduría de Margarita Cabello le pidió una vez más a la Corte Constitucional que tumbe la ley de paz total (2272 de 2022) de Gustavo Petro. Aunque el pasado 13 de julio el alto tribunal dejó con vida la norma que le permite al gobierno del presidente Gustavo Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas, la ley ya acumula cinco demandas activas en su contra.
En contexto: Paz total sigue con vida, Corte Constitucional se abstiene de tomar decisión de fondo
En esta ocasión, el Ministerio Público remitió un concepto al despacho del magistrado José Antonio Lizarazo, togado que estudia la demanda presentada por el representante a la Cámara del Centro Democrático José Jaime Uscátegui. El congresista alega que hubo vicios de trámite en el Congreso durante la discusión de la iniciativa que terminó en la ley de paz total.
Dentro de lo expuesto por el legislador, se enuncia que para sancionar la ley de paz total no hubo concepto alguno del Consejo de Política Criminal. Además, Uscátegui ha dejado claro que no está de acuerdo en que se puedan nombrar voceros de paz, porque, según él, eso va en contra de las víctimas.
Podría interesarle: Corte Constitucional se alista a estudiar expediente clave para la paz total
El nuevo concepto de la Procuraduría apela a que “los congresistas no contaron con los elementos de juicio necesarios para desarrollar una deliberación ilustrada”, alegando, como el congresista opositor, que no se presentó concepto del Consejo de Política Criminal. Dicho concepto, dice el Ministerio Público, “no es caprichoso, dado que es un mecanismo técnico de colaboración armónica entre las Ramas y los órganos del Estado, el cual busca que la deliberación de las iniciativas legislativas sea acompañada de un dictamen que ilustre a los parlamentarios”.
La Procuraduría además considera que la ley de paz total debe tumbarse, por la supuesta “ausencia de insumos técnicos” durante el debate en el Congreso. El ente de control también alude a que varios congresistas de la oposición pidieron posponer el debate de la iniciativa que dio paso a la ley de paz total, pero sus peticiones no fueron escuchadas.
Este es el más reciente concepto de la Procuraduría:
El concepto del Consejo de Política Criminal, dice la Procuraduría, resultaba vital para tener claros los límites y diferencias entre los grupos armados y las estructuras organizadas a las que se acercaría el Gobierno para negociar la paz. Para el Ministerio Público, la ley de paz total estaría introduciendo una caracterización “nueva de los actores del conflicto armado, la cual evidentemente impacta la política criminal del Estado”.
A finales de marzo de este año, la procuradora Margarita Cabello envió a la Corte su concepto sobre la ley de paz total y en esa ocasión apeló a lo mismo: vicios en el trámite. En ese momento, Cabello resaltó que en la instancia técnica del Consejo de Política Criminal del que participan la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y otras entidades, nunca fueron consultados.
Según dijo la procuradora en ese momento, cuando un proyecto de ley toca alguno de esos temas, debe primero ser presentado al Consejo, que sesiona, vota y emite un concepto sobre favorable o desfavorable sobre el texto. Al parecer, según denunció Cabello, en el trámite de la ley de paz total no hay concepto porque nunca se les consultó, acusación que ya han hecho otras demandas contra esta norma que estudia la Corte Constitucional.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.