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La Procuraduría visitó las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para realizar un seguimiento a los contratos que ha realizado esta entidad para la compra de predios que serán entregados a campesinos. Con esta acción esperaban verificar la validez de los procesos de compra que hasta el momento se han realizado. Sumado a esto, también se les solicitó información sobre el tema de los arrendamientos en Islas del Rosario y los convenios que tienen con el Fondo Colombia en Paz y con el Sistema de Medios Públicos (RTVC).
Según explicó el ente de control, se trataría de una diligencia preventiva con la que esperaban “poner la lupa” al presupuesto para la adquisición de tierras que serán posteriormente entregadas, para avanzar en la implementación de la Reforma Rural Integral. La entidad explicó que para el 31 de octubre de 2023 se habría usado tan solo un 17% del total del presupuesto, que es de más de un billón, aunque se había reportado que esta cifra era del 51%.
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El ministerio público explicó que aproximadamente $430 mil millones, cerca del 34 % del presupuesto, habrían sido trasladados al Fondo Colombia en Paz. A pesar de que este traslado fue reportado como una ejecución o adelanto del proyecto, el dinero estaría guardado en una fiducia. En la misma diligencia, el ente de control indagó sobre un convenio que se llevó a cabo con RTVC por 15 mil millones de pesos, de los cuales, hasta octubre de 2023, solo se habían usado $660 millones.
A la ANT le solicitaron los análisis de las condiciones estructurales y jurídicas que se usan en los procesos de compra de tierras, el avalúo de los predios y otra información. Con esto buscan determinar si las decisiones de compra se hicieron de acuerdo a las regulaciones que hay en el tema. Adicionalmente, se solicitó información relacionada con los baldíos de las Islas del Rosario, pues la entidad había alertado sobre un posible “limbo jurídico”. El problema lo tendrían aquellos arrendatarios a los cuales ya se les venció el plazo del contrato que tenían con la ANT, pero aun así siguen pagando los cánones de arrendamiento sin que se les definan las nuevas condiciones contractuales.
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La visita fue organizada por las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios; para el Seguimiento al Acuerdo de Paz y para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, las cuales son las encargadas de revisar la información que entregue el equipo Jurídico de la ANT.
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