Suspensión contra Álvaro Leyva: Procuraduría mantiene medida contra el excanciller

Álvaro Leyva frenó el proceso de licitación de los pasaportes en septiembre de 2023./ Archivo El Espectador.

Foto: Jose Vargas Esguerra; El... - Jose Vargas Esguerra

La Procuraduría General dejó en firme la suspensión contra el excanciller Álvaro Leyva, quien salió del cargo a finales de enero pasado, luego de que se le abriera un proceso disciplinario por sus presuntas irregularidades en el proceso licitatorio de los pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons.

Según el Ministerio Público, la decisión se da con el fin de: “Evitar que se repita la conducta por la cual fue suspendido inicialmente, lo que podría suceder de regresar al cargo. Contra esta decisión no procede recurso alguno y así se lo hizo saber el delegado a la defensa”. La suspensión contra Leyva inició el 24 de enero pasado e iría hasta finales de abril, a partir de allí esa suspensión se puede prorrogar por otros tres meses, de acuerdo a la ley colombiana.

Durante la mañana de este miércoles, se reinició el proceso contra Leyva y quien ha insistido en que el freno a la licitación, en septiembre de 2023, estuvo ajustado a la ley colombiana. El primer cargo tiene que ver con el hecho de que la Cancillería declaró desierta la licitación para encontrar quién se haría cargo de la fabricación de pasaportes que, durante años, ha manejado la compañía Thomas Greg & Son.

Para la Procuraduría, el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, explicó el Ministerio Público.

El segundo cargo está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de que esa misma entidad declarar desierta la licitación. El problema, para la Procuraduría, es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para haber declarado esa urgencia, pues en el proceso de licitación sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para quedarse con el contrato.

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