Víctimas de Turbo denuncian que su familia está muriendo y nada que los restituyen

Imagen de referencia. Los predios fueron restituidos por orden judicial en 2022, pero, hasta el momento, no se ha hecho efectiva la entrega material.

Foto: Julián Ríos Monroy

Más de un año y seis meses han pasado desde que un juzgado especializado en restitución de tierras de Apartadó (Antioquia) ordenó que seis familias en Turbo recibieran los predios correspondientes con sus solicitudes de restitución, luego de que fueran reconocidos como víctimas del conflicto, pues sus familiares fueron asesinados por ser militantes de la Unión Patriótica. Sin embargo, esa orden judicial del 12 de septiembre de 2022 no se ha cumplido, según denuncian los reclamantes, quienes señalan que, incluso, una de las beneficiarias falleció en 2023 sin ver resultados en la entrega de los terrenos.

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El caso se remonta hasta 1997, en la vereda Casanova, en Turbo, cuando los familiares de los actuales reclamantes fueron estigmatizados y perseguidos por hacer parte de la Unión Patriótica, partido que después sería víctima de un genocidio que dejó un saldo de más de 1.160 muertos. Algunos miembros de esas familias fueron asesinados, otros desplazados y los que quedaron fueron despojados por grupos paramilitares. Tras el nacimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 14 años más tarde, en 2011, los reclamantes de Casanova presentaron su caso para tratar de recuperar lo perdido. Y, en parte, lo lograron.

Un total de seis predios, algunos de tan solo una hectárea y otros de hasta siete, fueron los que solicitaron reclamantes como María Bergenet Rubio, quien actualmente señala que no hay respuesta sobre la restitución. De acuerdo con la sentencia del juzgado de Apartadó, para Rubio había destinado un predio de más de 10,2 hectáreas, pero ni ella ni su familia han recibido ni un metro cuadrado. “Aún seguimos esperando que se nos garantice el derecho que un juez ordenó (...) Hacemos un llamado al gobierno nacional para que tome cartas en el asunto”, dice Jhon Fernando Quintero, uno de sus hijos.

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María Bergenet Rubio es la viuda de Hoover Antonio Quintero Román, quien fue asesinado el 24 de agosto de 1993 por, al parecer, miembros de estructuras paramilitares que buscaban desaparecer al movimiento político de izquierda. De ahí que su esposa e hijos sean reconocidos como víctimas del conflicto armado. Para su hijo Jhon Fernando, así como para las cinco familias que elevan su voz para que se cumpla la sentencia, es la Unidad de Restitución de Tierras la entidad que debe cumplir la orden del juzgado de restitución, pero no ha otorgado respuesta a los reclamantes.

El fallo también le ordenó al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas “transferir un bien inmueble ubicado en el área urbana o rural del municipio que cada uno de los solicitantes elijan, dentro del territorio colombiano, teniendo en cuenta el monto que arrojó el avalúo comercial realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”. Esto, luego de firmar un acuerdo con la Sociedad Portuaria Turbo Pisisí S.A., la cual buscaba construir sobre los terrenos involucrados un megapuerto en la región del Urabá, pero que fue alertada sobre la situación de los predios, pues ya estaban inmersos en un proceso de restitución.

Vanderley Quintero Rubio, segundo hijo de María Bergenet Rubio, manifestó que ha sido imposible que el fondo “pueda acceder a lo ordenado por el despacho y más indignante aún que las víctimas, a las cuales se les está restringiendo este derecho, están muriendo”. Según su denuncia, Eunice Gómez, esposa de José de la Rosa Palencia Zúñiga, otro de los reclamantes que no ha visto resultados en la restitución, falleció el año pasado. “Esos fallos hay que cumplirlos y hay que cumplirlos en vida”, señaló.

A través de un comunicado, firmado por representantes de las seis familias, los reclamantes hacen un llamado no solo al gobierno sino a la Unidad de Restitución de Tierra, para que les entregue alguna respuesta sobre los predios que desde hace más de 24 años les han pertenecido y les fueron arrebatados durante las décadas más cruentas de la guerra. “Los sobrevivientes pedimos se cumpla rápidamente estas decisiones judiciales”, concluye la misiva.

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