:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/ErIYeMOPQ024_6GzmOKWcJ671KA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/I6OLDBQ4IBHDXCIB3KKAPG2CQA.jpeg)
La víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, enviaron una carta a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunciando que no se presentarán este jueves 25 de mayo a la audiencia única de aporte a la verdad del sargento mayor Gustavo Arévalo Moreno, quien aspira a ingresar a esta justicia especial. Sin embargo, para poder entrar a esta jurisdicción tendrá que aportar información novedosa sobre lo que sucedió en la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Le podría interesar: Víctimas piden exclusión de la JEP de militares por caso Palacio de Justicia
Durante este 24 y 25 de mayo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está escuchando, además del sargento mayor Moreno, al sargento viceprimero (r), Bernardo Alfonso Garzón Garzón, y el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez por los hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Sin embargo, para las víctimas, durante la primera jornada ninguno entregó información novedosa, lo cual han catalogado como una burla para ellos y la propia JEP.
“La decisión de no presentarnos a esta audiencia se genera después de vernos sometidos, nuevamente, a la ignominia de agentes estatales, violadores de derechos humanos, que hoy, después de casi 38 años, insisten en desaparecer asiduamente a nuestros familiares ya desaparecidos y asesinados a sangre fría, desaparecer sus memorias, su dignidad y nuestra lucha por encontrar una verdad que hemos construido a pedazos, suplicando continuamente a las entidades judiciales el no mantener en la impunidad estos hechos cruentos y aberrantes”, señala el documento conocido por El Espectador.
Y agregaron que : “Hemos visto que el propósito de los comparecientes y sus abogados es totalmente diferente, pretenden, a través de este mecanismo, realizar un revisionismo histórico y convertir este modelo de justicia en una nueva instancia de justicia penal ordinaria (...) A la JEP se le ha advertido, desde el principio, que no existe ningún ánimo de aporte a la verdad por parte de los comparecientes en el caso del Palacio de Justicia, se le ha insistido mediante memoriales y recursos sobre la falta de compromiso con la verdad. No nos sentimos escuchados por ustedes, cada vez que permiten que los comparecientes se burlen de esta instancia judicial”.
En la primera diligencia fue escuchado Bernardo Alfonso Garzón, considerado como uno de los involucrados en la toma y recuperación del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985. Especialmente, se le ha vinculado con la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco. Desde 1978, el exmilitar perteneció al batallón Charry Solano y siempre estuvo ligado a tareas de inteligencia. Por eso, lo que Garzón contó en 1991 sobre el papel del Ejército durante el holocausto fue crucial.
Le puede interesar: Cuando Eduardo Umaña destapó los crímenes de inteligencia militar
La magistrada que lleva el caso en la Sala de Definición, Claudia Rocío Saldaña Montoya, insistió, en varias ocasiones de la audiencia, en preguntarle al Bernardo Garzón si tenía información relevante y detalles sobre las desapariciones forzadas ocurridas en la retoma del Palacio de Justicia. El exmilitar solo contestó: “No puedo aportar nada porque no estaba. Me encontraba en vacaciones (…). No tuve oportunidad de conocer absolutamente nada. Cuando me presenté ya habían sido muchos días de lo del Palacio de Justicia. No puedo aceptar absolutamente nada”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.