Defensor de derechos humanos del Cajar denuncia ser víctima de ataque físico

La corporación denunció un ataque físico contra el abogado de Cajar Santiago Salinas Miranda y hostigamientos contra integrantes de la organización de derechos humanos.

Foto: Cajar

A pesar de que actualmente existen medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Colectivo de Abogados, los ataques contra sus abogados, defensores de graves casos contra los derechos humanos se mantienen. El pasado lunes 8 de enero, el representante Santiago Salinas denunció haber sido víctima de un ataque físico contra él y su esposa, Erika Isabel Prieto Jaime, también defensora de derechos humanos.

Los hechos se dieron en un supermercado de la calle 26 en Bogotá a las 3:10 de la tarde. La pareja se percató de la presencia de dos mujeres que hablaban de ellos y los señalaban. La reacción de Prieto fue grabar con su celular para registrar la situación, debido a que no ya han sufrido múltiples agresiones y amenazas contra la vida. El abogado cuenta que, de inmediato, reconoció a las mujeres y recordó que habían hecho presencia en distintos espacios institucionales del Cajar, generando escándalos y saboteos. Pero esta vez, según se ve en un video, hicieron mucho más que la agresión verbal.

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Cuando la pareja comenzó a grabar a las dos mujeres, detalla el abogado, “ellas reaccionaron violentamente y comenzaron a gritar que sabían quién era yo, mencionaron el lugar donde trabajó mi esposa y datos precisos de otros integrantes del Cajar”. Además, dicen que luego los acusaron de haber hackeado sus celulares y aseguraron que todos tienen una denuncia en Fiscalía. Asimismo, dice Salinas: “gritaron a los presentes y a las personas de seguridad que llamaran a la Policía. Yo comencé a grabar después de eso y la señora de más edad toma un café que llevaba en la mano bastante caliente y me lo arroja”. El abogado, como consecuencia del hecho, resultó con quemaduras en el pecho.

“La mujer más joven acusó al Cajar de perseguirlas para hacerles daño y varias veces mencionó que próximamente iba a estallar una bomba, sin aclarar a qué se refería”, detalla la denuncia de la organización. Asimismo, resaltaron que, en reiteradas ocasiones, las mujeres mencionaron a la profesional Diana Marcela Otavo, indicando que sabían los lugares donde ha trabajado anteriormente, “lo que indicaría un perfilamiento detallado”, según el Cajar.

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Por ello, la organización anota que las personas afectadas integran el equipo de seguimiento a las prácticas de interferencia y a impactos de algunas empresas de la industria de ultraprocesados y bebidas endulzadas, así como a procesos de impactos socioambientales en territorios por parte de empresas transnacionales. Esto, en el marco de la campaña “Dulce Veneno – el antídoto es la verdad”.

Después de los incidentes, los defensores explican que las dos mujeres intentaron escapar, pero la seguridad del supermercado les impidió hacerlo, siguiendo las indicaciones de Erika Prieto, quien solicitó esperar la presencia policial. El cuadrante de Policía llevó a las agresoras al CAI de Teusaquillo para recopilar sus datos y posteriormente a la URI de Puente Aranda. En este lugar, el abogado del Cajar denunció el incidente e informó a las autoridades que previamente había visto a su agresora durante una audiencia pública en el Congreso de la República sobre empresas y derechos humanos.

Los antecedentes

El Cajar indica también otros hechos ejecutados, supuestamente, por las dos mujeres. El primero, en marzo de 2023, durante un evento sobre derechos humanos y empresas, dos mujeres hostigaron a miembros del Cajar, incluyendo a la abogada Yessika Hoyos y Diana Marcela Otavo. El segundo, en ese mismo evento, cuentan que siguieron a otras defensoras como Diana Otavo y Paz Gaviria, interrumpieron una audiencia pública en el Congreso y hostigaron a la coordinadora de prensa del Cajar en La Vega (Cundinamarca). Más tarde, las mujeres, presuntamente, persiguieron a Diana Otavo desde un canal de televisión hasta la sede del excongresista Gustavo Bolívar.

Ante estos incidentes, la organización defensora de derechos humanos le solicita al Estado colombiano tomar medidas para garantizar la seguridad de los afectados y le exige a la Fiscalía realizar una investigación integral para esclarecer los hechos y aplicar sanciones, subrayando la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos en el país.

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