Seis personas privadas de la libertad se graduaron en administración de empresas

Los estudiantes fueron congratulados al terminar su pregrado a la par que cumplen su condena en un centro penal.

Foto: Cortesía

La vida de César Miranda, quien está recluido en el Centro Penitenciario La Picota, en Bogotá, se reducía a levantarse en las mañanas, ver los rostros de los otros más de 7.000 presos, comer sus tres comidas diarias y contar con un permiso de una hora para ejercitarse o tomar el sol.

Sin embargo, la rutina cambió en 2016, cuando el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y la Universidad Minuto de Dios realizaron un convenio que le permite a los recluidos realizar una carrera universitaria a la par que pagan su condena. La iniciativa busca que los presos tengan más oportunidades al momento de salir de prisión.

Esta semana, precisamente, se realizó la ceremonia de graduación de seis personas privadas de la libertad que ahora son administradores de empresas gracias a este convenio que le apunta a la cultura, la educación y la resocialización. Según un informe del Ministerio de Educación realizado en 2022, la administración de empresas es uno de los pregrados más solicitados por los jóvenes en Colombia por el amplio campo laboral que se abre luego de culminar los estudios.

“El propósito es seguir entregándole a Colombia nuevos bachilleres y universitarios en estos centros donde permanecen las personas privadas de la libertad y que por diversos motivos tomaron un camino equivocado. Con este título (...) podrán reflexionar y darle un mejor rumbo a sus vidas”, explicó Diego Jaramillo, presidente de la Organización Minuto de Dios.

Junto con César, hubo tres hombres y dos mujeres privados de la libertad en cárceles de Bogotá que, a partir de esta semana, podrán presumir que cuentan con un título profesional, pero el verdadero reto aún no ha comenzado.

Educar para el futuro

Tan solo el 4 % de las personas que están privadas de la libertad en Colombia cuentan con algún título profesional que les abra puertas cuando salgan de prisión, según el Ministerio de Justicia. Con lo que proyectos como el mencionado buscan eliminar el prejuicio de que “la cárcel es la universidad del crimen”. Además de que ofrece garantías de una resocialización.

El hecho de que César y las otras cinco personas hayan estudiado varios semestres y logrado su título es considerado un caso de éxito, pues en lugar de involucrarse en actividades ilícitas dentro de las cárceles, escogieron el camino del estudio y la construcción de un nuevo proyecto de vida. En los últimos siete años, la alianza ha permitido que 23 personas condenadas reciban su titulación como administradores de empresas.

César, recién recibido su cartón de profesional en administración, dijo: “Quiero hacer un llamado a la oportunidad y a la voz de la conciencia de la ayuda a las personas que hemos vivido la dificultad y la carencia. Esta no es la culminación de un proceso, sino el inicio de una nueva vida”.

El valor de las matrículas y los gastos por cursar los pregrados fueron asumidos por el Inpec, la Universidad y los créditos del trabajo de cada uno de los privados de la libertad al interior de las cárceles. Además, hubo apoyo de voluntarios de la Pastoral Social Emaús en la logística y las clases.

Para Camilo Umaña, viceministro de política criminal del Ministerio de Justicia, esta graduación es un paso más en el cambio del enfoque que históricamente se ha tenido sobre el crimen y las cárceles de “vigilar y castigar” en Colombia. “Ser administrador de empresas es un orgullo muy grande en medio de la dificultad teniendo en cuenta el bajo nivel de formación de la población carcelaria. Tener un título profesional en estas circunstancias es un privilegio”, aseguró.

Este convenio de brindar educación mientras se cumple una condena, al igual que otras iniciativas que buscan humanizar la vida en las cárceles colombianas, es un paso más de justicia a los derechos vulnerados de esta población. Desde hace 30 años, la Corte Constitucional ha regañado al Estado colombiano por permitir o ignorar que derechos fundamentales (como salud, vida digna, alimentación, entre otros) se vulneren y la educación no ha sido una excepción.

Según confirmó Minuto de Dios, se espera que para finales de 2024 se logre la graduación de otros siete estudiantes. Además, la institución dijo que este año también se ofertará el pregrado de comunicación social en los centros carcelarios de Bogotá y esperan que haya cerca de 40 estudiantes nuevos que, al igual que César, escojan el camino del estudio para labrar su futuro una vez cumplan la condena.

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