Por primera vez se estudió el acceso a la justicia en los municipios PDET

Este informe publicado por el Instituto de La Haya para la Innovación en Derecho es el primero que visibiliza cómo es el acceso a la justicia en los municipios PDET.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Acceder a la justicia en Colombia no es sencillo. Mientras la población y la demanda de fallos crecen, las soluciones en los despachos no avanzan como se espera. Por ejemplo, según el Consejo Superior de la Judicatura, las solicitudes de justicia han aumentado en un 145,5%, mientras que la oferta solo ha crecido en un 41,5%. En pocas palabras, solo hay capacidad institucional para atender, en promedio, uno de cada tres procesos que llegan a los jueces.

Ante este escenario, el Instituto de La Haya para la Innovación del Derecho (Hiil, por sus siglas en inglés), con apoyo del programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), hizo una encuesta a 6.000 personas que habitan algunos de los lugares que históricamente han visto la ausencia de justicia. El propósito del sondeo es conocer cuáles han sido los avances y tareas pendientes de la Rama Judicial para ofrecer justicia en sus territorios, que son considerados claves para la paz, pues son municipios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (conocidos PDET).

Los resultados de ese análisis serán publicados el próximo jueves 11 de abril en la Universidad Externado de Colombia, junto con la intervención de varios de los protagonistas del sector justicia como Jhoana Delgado, viceministra de Justicia; Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y Anupama Rajaraman, directora de USAID Colombia. Si desea asistir presencialmente al conversatorio, puede registrarse a través de este link.

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Retos y avances de justicia

Los investigadores del Instituto encuestaron a 6.000 personas en 13 municipios PDET, que, vale la pena recordar, fueron escogidos en el Acuerdo de Paz como zonas donde, según los firmantes, hay altos niveles de pobreza y necesidades insatisfechas; entre ellas, el acceso a justicia.

Entre los resultados, que serán ampliados por los investigadores el próximo 11 de abril, resalta que los conflictos más recurrentes entre los encuestados están relacionados con problemas entre vecinos, de tierras, violaciones al Código Penal o disputas legales para acceder a salud u otros servicios. Aunque existen métodos alternativos para solucionar estos conflictos, el estudio asegura que “solo la mitad de los problemas legales son resueltos”.

Según el Instituto Hiil, hacer este tipo de sondeos es importante, pues permite “identificar áreas en las que los procesos de justicia pueden estar fallando”. Pero aparte de identificar errores, realizar esta encuesta permite “perfilar soluciones para abordar efectivamente esos vacíos donde no hubo acceso a la justicia”.

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Y es que este Instituto ha realizado sondeos similares en al menos 25 países donde la oferta de justicia atraviesa varios tropiezos, como es el caso de Túnez, Irak o Nigeria. A raíz de sus resultados y las conclusiones de sus investigadores, los países pueden identificar qué aspectos de sus sistemas judiciales no funcionan. Sin embargo, estos hallazgos no son vinculantes; es decir, los países pueden, o no, seguir las recomendaciones de Hiil.

Hiil asegura que los resultados pueden repercutir positivamente para Colombia, pues en 2023 se le apostó a fortalecer el acceso a la justicia y, además, ofrece datos y percepciones ciudadanas de aquellos municipios donde el Estado no “logra capturar las necesidades jurídicas de estos municipios en las encuestas nacionales”.

El evento de presentación de resultados se realizará en el auditorio 1 de Bloque H de la Universidad Externado, en Bogotá. La socialización de conclusiones empezará a las 8:00 a.m. hasta el mediodía del 11 de abril y puede registrarse y confirmar su asistencia a través de este enlace.

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