“La sociedad no ha saldado la deuda con las mujeres”: magistrada Diana Fajardo

Diana Fajardo ha fungido en varios de los eslabones de la pirámide judicial hasta llegar a ser, en 2023, presidenta de la Corte Constitucional

Foto: Cortesía

Diana Fajardo Rivera es una abogada que ha ascendido de eslabón en eslabón durante los últimos 30 años en la pirámide judicial y que durante 2023 ocupó el máximo cargo de la Corte Constitucional: la presidencia. En diálogo con El Espectador, la hoy magistrada asegura que, pese a los avances de reducir la desigualdad de género en la justicia, aún existen varias tareas pendientes, pues es un ámbito del poder que no está exento de obstáculos para las mujeres.

¿Cómo describir el panorama de equidad de género en la justicia colombiana?

Para hablar de equidad de género en la justicia colombiana debo referirme a la arraigada matriz cultural que entiende que el espacio público, del que forma parte la administración de justicia, es un ámbito reservado a lo masculino, y a la vez confina a las mujeres al ámbito privado: a roles domésticos. Esta doble asociación entre el ámbito público con lo masculino y el espacio doméstico con lo femenino constituye uno de los elementos del orden patriarcal, el cual genera dos consecuencias concretas que obstaculizan la equidad de género. La primera es que las mujeres enfrentan mayores dificultades que los hombres para ganarse un lugar en el ámbito público, pues son vistas como un lugar al que “no pertenecen” y también, a que soporten mayores cargas de trabajo reproductivo y de cuidado, lo que constituye una barrera adicional para su acceso a la función pública.

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Desde su experiencia, ¿cómo ha sido esa participación de las mujeres en la justicia?

En la actualidad, las mujeres no solo ocupan posiciones de gran relevancia, como magistradas, juezas y fiscales, sino que también aportan una perspectiva imprescindible para la construcción de una justicia más equitativa y representativa de la sociedad en su conjunto. A pesar de los avances hacia una mayor inclusión de las mujeres en posiciones de liderazgo dentro de la justicia, seguimos enfrentando obstáculos estructurales que restringen nuestra participación plena y equitativa.

¿Qué obstáculos quedan y cómo se podrían derrumbar?

Las mujeres aún enfrentamos barreras sistémicas que limitan nuestra participación, siendo un tema esencial para lograr la igualdad y la equidad de género. La representación femenina en puestos de alta jerarquía, aunque ha mejorado, sigue siendo insuficiente en comparación con la capacidad y el potencial existente. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de segregación vertical, que es el que se debe superar porque, aunque existen avances en la composición paritaria sobre todo en juzgados y tribunales, ello no se refleja en los espacios de las altas Cortes donde existe una relevancia en la toma de decisiones que sin duda impactan y orientan el actuar judicial. Este desequilibrio no solo afecta la percepción de la justicia, sino que también influye en las decisiones judiciales, que deben reflejar la diversidad y realidad de nuestra sociedad.

Las mujeres han ganado una importante presencia en la Rama Judicial, que se pueden ver como resultado de múltiples medidas, como el concurso público de méritos. La mayoría de las personas que participaron en ellos y que son de carrera judicial son mujeres.

Existe una tarea pendiente para avanzar en la equidad de género, esta consiste en modificar la matriz cultural de modo tal que la presencia equitativa de las mujeres en todos los niveles de la administración de justicia y, en general, de la función pública, sea una realidad. Pero más allá de esto, necesitamos que la administración de justicia entienda la equidad de género desde una perspectiva interseccional, a fin de que en un futuro cercano las mujeres que lleguen a las altas cortes provengan de distintas regiones del país, de diversas etnias y enriquezcan la administración de justicia con sus experiencias vitales, visiones de mundo y concepciones de justicia.

Pero, ¿estamos más cerca de esa paridad?

La sociedad no ha saldado la deuda histórica que tiene en relación con las mujeres y de esto no escapa el poder judicial. Aunque una de las primeras acciones afirmativas que se analizaron para ampliar el número de mujeres en cargos de posición del Estado fue la Ley de cuotas que, en materia de ternas o en la confección de listas para ocupar la magistratura implica tener en cuenta perfiles idóneos de mujeres, esto ha sido insuficiente. De un lado, siguen manteniéndose los desincentivos para la participación en igualdad de acceso y de oportunidades, pues las altas Cortes siguen manteniendo elecciones mayoritariamente masculinas.

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Este debate no es nuevo y apunta a estudiar por qué, teniendo mayor formación académica, las mujeres deciden no presentarse a las convocatorias del Consejo Superior. El fenómeno tiene diferentes hipótesis, siendo una de ellas que la regla general es que en las votaciones internas las mujeres no logran salir elegidas. Por ello para avanzar en una verdadera justicia paritaria, en la Sentencia C-134 de 2023, que analizó el proyecto de ley estatutaria de administración de justicia, se traza la necesidad de que las cortes proyecten elecciones que permitan una conformación igualitaria, lo que sin duda reflejará de mejor manera la diversidad.

¿Por qué es valiosa la diversidad al interior del sistema de justicia?, ¿Qué retos hay en esa inclusión?

Colombia entera gana cuando su sistema de justicia está a cargo de personas que, en sus experiencias de vida, procesos de formación, concepciones del mundo y de la justicia, encarnan la diversidad que nos enriquece como país. Y entre esas personas hemos de estar las mujeres. Esto invita a pensar en cuán arraigada sigue estando la idea de que el espacio público y, en este caso, la administración de justicia es un espacio reservado a lo masculino, al punto que no se interroga ¿qué es lo mejor que los hombres pueden brindarle al sistema judicial?, o bien, ¿qué gana Colombia teniendo a los hombres en cargos importantes y tomando decisiones importantes? Si estas preguntas nos parecen extrañas es porque hemos naturalizado que los hombres no tienen que explicar ni justificar su presencia en el espacio de la administración de justicia y, en cambio, las mujeres han de asumir una carga adicional de justificar qué le pueden aportar a la administración de justicia o por qué su presencia en estos espacios es socialmente importante.

¿Ve en su trabajo una forma de acercar la justicia a las mujeres?

Velar por la garantía de la Constitución y, por lo tanto, de los derechos, lleva consigo acercar la justicia a los grupos históricamente discriminados, entre ellos, las mujeres; son, pues, dos asuntos necesariamente conectados y, en consecuencia, mi trabajo en la Corte Constitucional ha atendido a ello. En mi ejercicio judicial está clara la necesidad constante de asegurar que la justicia sea accesible, adecuada y justa para las mujeres en todos los aspectos de sus vidas; un compromiso que tiene por objeto erradicar las violencias tradicionales que perpetúan la desigualdad y la discriminación. Esta responsabilidad implica la interpretación y aplicación de la Constitución con un lente particular, el que garantiza la construcción de un sistema judicial que reconozca y aborde las desigualdades por razón del género.

¿Cómo hacer de la justicia un espacio más representativo no solo para mujeres sino para toda la población?

La justicia, en su sentido más amplio, debe servir como un vehículo para el cambio social, ofrecer protección y promover la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su género. En este contexto, a través de decisiones judiciales que reflejan una comprensión profunda de las realidades de género, la Corte Constitucional ha fijado precedentes, y deberá continuar haciéndolo, que no solo resuelvan los casos particulares, sino que también promuevan una mayor conciencia social y avances normativos en materia de igualdad de género.

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En mi criterio, es crucial reconocer que el acercamiento de la justicia a las mujeres no debe limitarse a la esfera estrictamente judicial y, dentro de este escenario, tampoco a continuar siendo sus protagonistas por razón de las violencias a las que tradicionalmente hemos sido sometidas Se requiere también de un esfuerzo colectivo, pluriétnico y multidisciplinario que incluya la educación en derechos humanos, el fortalecimiento de las políticas públicas de género y la promoción de una cultura de respeto y equidad, que reconozca que el país requiere de la capacidad transformadora de todas las personas para vivir en paz.

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