Lideresas en Cúcuta denuncian amenazas de grupos armados y exigen justicia

Las lideresas intentan prevenir que los actores armados utilicen a las mujeres con fines de esclavitud y explotación sexual.

Foto: EFE - Ernesto Guzm·n?

El 14 de abril, en Cúcuta, el líder social y periodista Jaime Vásquez fue asesinado por dos hombres en moto. El homicidio, que ocurrió dos días después de haber denunciado un presunto caso de corrupción desde la Asamblea Departamental, no es ajeno a lo que enfrentan diferentes líderes del departamento. Sin embargo, quienes han sentido la mayor zozobra son las mujeres.

Son aquellas lideresas, las mismas que intentan prevenir que los actores armados utilicen a las mujeres con fines de esclavitud y explotación sexual, las que se ven amenazadas. Así es el caso de Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer, denuncia y muévete, quien desde hace cuatro años ha enfrentado la persecución del conflicto armado por su labor en la región.

Según el Programa Somos Defensores, se han presentado 40 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en Norte de Santander entre enero de 2019 y septiembre de 2023. En Cúcuta se registran 11 casos, cuatro de líderes comunitarios y cuatro comunales, dos campesinos, y una lideresa de mujeres. Las amenazas no dan tregua y aunque no hay un registro exacto, Vera afirma que en su entorno tiene a más de 15 lideresas que enfrentan intimidaciones a la fecha.

“En Norte de Santander existen 36 bandas delincuenciales, así que muchas veces es difícil que las instituciones encuentren quién está enviando las amenazas y más cuando estos grupos posiblemente están articulados con disidencias de las Farc, el ELN o el Clan del Golfo”, comenta Vera a El Espectador.

En 2020 iniciaron las amenazas en su contra. Vera recuerda que conoció el caso de una mujer que estaba secuestrada y en riesgo de trata de personas por un hombre que pertenecía a un grupo armado. “Hicimos todo el proceso de liberación y la trasladamos a Bogotá, sin embargo, yo comencé a recibir amenazas y la Fiscalía no hizo nada”, dice. La persecución que recibió por este hombre la llevó a abandonar Cúcuta e irse por un año, junto a su familia, a Bogotá. Durante este tiempo, la Unidad de Protección (UNP) decidió no brindarle un esquema de protección y esto la obligó a abandonar el activismo y liderazgo que ejercía en la zona.

A finales de 2021, regresó a Cúcuta para realizar un trabajo investigativo con el periódico The New York Times. “Nos acercamos a la zona céntrica, allí es donde confluye la mayoría de mujeres explotadas sexualmente, unos hombres armados se nos acercaron y nos dijeron que no nos querían ver más ahí, a pesar de que nos fuimos, nos persiguieron en carro durante 30 minutos aproximadamente”, recuerda Vera. The New York Times hizo la denuncia pública de la amenaza y persecución directa que habían sufrido, pero nuevamente la UNP no le brindó un esquema de seguridad, sino que le volvieron a realizar un estudio de riesgo para verificar la situación.

Según lo vienen reportando los observatorios de género, la vulneración o violación de derechos humanos a las mujeres y niñas en la ciudad de Cúcuta ha aumentado más del 500 %. La Corporación Mujer, denuncia y muévete informa que, desde 2016 hasta 2024, 7.000 mujeres desplazadas por el conflicto armado y migrantes han sido víctimas de redes de trata de personas y explotación sexual, de ese número, el 45 % eran menores de 18 años.

Ante este hecho, Vera ha intentado disminuir los factores de riesgo para las mujeres que están en zonas fronterizas, pero la presencia de grupos armados ha dificultado la labor. Después de insistir ante la UNP y tres estudios, la entidad le brindó una medida de protección ligera, es decir, su situación de inseguridad solo requiere un escolta para salvaguardar su vida. “Mi mayor riesgo es el tener que ir a zonas donde confluyen distintos intereses criminales y donde se mueve la trata de personas y la explotación sexual, sin embargo, tengo que hacerlo porque, como defensora de derechos, es mi labor”, asiente Vera.

Ejercer el liderazgo desde el anonimato

Para Andrea*, quien prefiere dar su testimonio desde el anonimato, el liderazgo en Cúcuta no ha sido labor fácil. Ella, que es lideresa social de la zona y migrante venezolana, ha estado denunciando la trata de personas durante más de tres años. En este tiempo, las amenazas y extorsiones se han vuelto su pan de cada día. “Una persona que pertenecía al Tren de Aragua me estaba intimidando, así que lo denuncie ante la Fiscalía, dos semanas después, este sujeto sabía que lo había acusado y mi seguridad y la de mi familia empeoró”, dice Andrea.

Es difícil comprender cómo se enteró su agresor de que lo habían denunciado, para ella la única razón es que haya un entramado criminal y de corrupción entre el Tren de Aragua y las autoridades de la región. Desde ese momento su vida se ha vuelto un “martirio”, los estudios de riesgo que le han realizado han sido insuficientes para que le brinden protección y su trabajo con mujeres víctimas de explotación ha aumentado su riesgo ante la impunidad de la denuncia que interpuso.

Un informe de la Fuerza Pública advierte que de 2014 a 2017, el Tren de Aragua comenzó a posesionarse en las zonas fronterizas de Colombia. A través de la ruta que recorren los migrantes, desde 2018 llegaron con mayor fuerza a ciudades como Cúcuta y Villa del Rosario. Y actualmente la mayor zona donde confluye este grupo armado es en La Parada, un lugar donde Andrea y otras organizaciones de derechos humanos, enfocan su trabajo.

El Tren de Aragua en la actualidad es uno de los grupos que tiene mayor presencia en Norte de Santander, y ha sometido a la población a través del control del narcotráfico, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, el tráfico de migrantes y la detonación de artefactos explosivos. “Hace unos meses una mujer víctima de explotación sexual por este grupo armado fue asesinada con un panfleto explosivo en el parque Las Mercedes, lo denunciamos, pero la Fiscalía no hizo nada”, recuerda Andrea.

Según cuenta la lideresa, en La Parada, zona que gobierna la banda criminal, existe un CAI de la Policía Nacional, no obstante, este lugar se ha vuelto un punto clave para la trata de personas, la distribución de microtráfico y la explotación de menores, hecho que sucede a la luz pública de las autoridades. Ante este panorama, la lideresa es consciente del riesgo que conlleva defender los derechos de aquellas mujeres que están en condición de vulnerabilidad. A la fecha, no cuenta con ningún protocolo de protección y sus denuncias en la Fiscalía y en la UNP han sido en vano.

“Acceder a la justicia en un territorio donde conflictúan varios grupos al margen de la ley es muy difícil, como lideresa que protege a las niñas y mujeres víctimas de redes de pedofilia y explotación, mi vida está en constante riesgo. A diario me hacen llamadas amenazantes donde me dan 6 horas para irme de la ciudad”, cuenta.

Con este panorama, las lideresas y defensoras de derechos humanos le hacen un llamado al Estado para que haya una intervención en el Norte de Santander con el fin de proteger la vida de quienes están en riesgo. “Cúcuta es una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica, a eso debemos sumarle las redes de explotación. Esperamos que el gobierno le preste atención a la situación de violencia que estamos viviendo”, finaliza Andrea.

Andrea*, nombre cambiado a petición de la testigo.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador